Exposición de Motivos/Josué Sánchez Nieto
En política pública, hay decisiones que revelan mucho; las acciones u omisiones que nuestras autoridades toman frente a determinadas situaciones descubren las verdaderas intenciones del Estado frente a sus gobernados.
Lo anterior viene a colación si hablamos de una de las problemáticas más recurrentes (a nivel nacional) desde hace muchos años: los errores en las actas del Registro Civil.
Recientemente, en el Congreso de Tamaulipas fue presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano una iniciativa pone el dedo en una llaga que arde: el hecho de que el ciudadano tenga que pagar para que el gobierno corrija sus propios errores.
Actualmente, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Registro Civil y la Ley de Hacienda de nuestro Estado, cualquier corrección administrativa de algún acta del Registro Civil en Tamaulipas cuesta $469 (total).
El problema es que, para hacer este trámite tan importante, un tamaulipeco o tamaulipeca que gane apenas el salario mínimo, tendría que trabajar dos jornadas, con independencia de la necesidad de llevar el sustento a su hogar.
Además, imagine usted el cinismo del principio que sostiene este cobro: el Estado se equivoca y el ciudadano paga la factura. Desde cualquier lógica de justicia, esto es indefendible.
En el derecho público, las contribuciones deben responder a un servicio solicitado o a un beneficio. Pero ¿qué beneficio obtiene alguien de que le arreglen un nombre que la autoridad escribió mal? Sencillo, ninguno.
Estamos, materialmente, ante una reparación de daños. Cobrar por ello es tan absurdo como que un mecánico te cobre por arreglar una pieza que él mismo rompió al darte mantenimiento.
La propuesta legislativa suena muy coherente. Nadie debería pagar por una culpa que no es suya. Sin embargo, el verdadero reto no está en la intención u objeto de la iniciativa, sino en la voluntad que se muestre para materializarlo.
Al tratarse de un tema que tiene implicaciones recaudatorias, muy seguramente la postura “institucional” será la de aplicar la “congeladora legislativa” o “tronarla” por la vía de la improcedencia, inclusive, por alguna extraña razón, declararla “sin materia”.
Pero, al final, sabemos que la discusión no es técnica, es meramente de voluntad política. No estamos hablando de una cifra que vaya a quebrar las finanzas estatales, pero sí de una práctica que pone el foco en cómo el poder administra sus responsabilidades.
El momento de la verdad llegará en la dictaminación y la eventual votación en Pleno. Ahí veremos si la mayoría legislativa tiene la estatura para reconocer y asumir el verdadero costo de los errores del Gobierno y que, cuando esto pasa, se deben enmendar estos errores sin cobrar ni un solo peso por ello.
El reto está lanzado para los legisladores tamaulipecos… ¿Tendrán la decencia política de asumir la responsabilidad del Estado o se esconderán tras la excusa de la recaudación?
Veremos si tienen el valor de devolverle un poco de justicia al ciudadano de a pie o si prefieren seguir lucrando con estos errores… ¿o eso de “primero los pobres” no aplica para todo?
