Trópico de Cáncer
por Jesús Collado Martínez
Los Estados Unidos de América, la nación fundada el 4 de
julio de 1776 con la Declaración de Independencia que la
separaba de Gran Bretaña, se convirtió en el paradigma de
las sociedades democráticas, una sociedad de ciudadanos
iguales, sin monarcas ni aristócratas, capaz de darse a sí
misma los órganos y las instituciones que le permitirían su
desarrollo como nación y las mejores condiciones de vida a
sus ciudadanos para buscar la felicidad.
En los Estados Unidos de América, la Constitución y sus
enmiendas garantizan como regla general a sus ciudadanos
mayores de 18 años el derecho a elegir sus gobernantes sin
distinción de clase social, ni étnica, ni religiosa, ni racial.
Para las elecciones federales, el voto se emite para elegir
representantes y senadores; y, en la elección presidencial,
se vota por una lista de electores que integrarán el Colegio
Electoral.
Para los cargos de Gobernador de un estado, Senador y
Representante al Congreso Estatal, jueces, alcaldes y
concejales, las legislaciones estatales y locales disponen lo
necesario para que se lleven a cabo periódicamente las
elecciones de esos servidores públicos.
La forma en que se emite el voto depende de cada estado,
pero existen modalidades comunes. Los ciudadanos que
quieren votar se registran ante la autoridad local
correspondiente. Existen varias formas de ejercer el voto, la
más tradicional es el voto presencial el día de la elección en
centros de votación asignados. Actualmente muchos
estados permiten el voto anticipado presencial durante días
o semanas previas, para reducir filas y facilitar la
participación. Otra modalidad extendida es el voto por
correo que permite recibir una boleta en casa y devolverla
por correo o entregarla en buzones oficiales. En algunas
jurisdicciones se habilitan también centros de votación o el
registro y voto el mismo día según la legislación local.
El conteo y cómputo de los votos también sigue reglas
estatales. En general, las autoridades electorales locales
verifican elegibilidad y validez, cuentan los votos y reportan
resultados preliminares. Después, se realizan auditorías, se
incorporan boletas válidas recibidas conforme a plazos
legales y, si procede, recuentos automáticos o a petición
cuando el margen es estrecho. Concluidos los
procedimientos, el estado certifica oficialmente los
resultados.
En elecciones presidenciales, esa certificación determina
qué lista de electores se considera ganadora (en la mayoría
de estados, bajo la regla de “el ganador se lleva todo”), y los
electores se reúnen en sus capitales estatales para emitir
sus votos para presidente y vicepresidente.
El último paso del cómputo presidencial ocurre a nivel
federal: el Congreso se reúne en sesión conjunta para abrir
y contar los certificados de los votos del Colegio Electoral y
declarar el resultado. Para el Congreso y otros cargos, la
certificación estatal y, en su caso, los procesos judiciales o
administrativos resuelven impugnaciones dentro de los
cauces previstos por la ley. Así fue durante 244 años en que
se renovaron o se reeligieron a los ciudadanos que
ocuparían esas responsabilidades.
Pero en noviembre de 2020 Donald Trump reclamó
anticipadamente la victoria en las elecciones presidenciales
cuando todavía no se terminaban de contar los votos en
algunos estados y anticipándose a los mecanismos
tradicionales de anuncio, como las encuestas de salida o los
primeros resultados emitidos por los funcionarios
encargados de contar los votos en los estados.
En las siguientes horas, días y meses,Trump pasó de hacer
anuncios anticipados de triunfo a las acusaciones de fraude
electoral generalizado, afirmando que los votos por correo
habían sido vulnerados para robarle la elección, porque en
ellos participaron migrantes ilegales, se usaron boletas que
estaban a nombre de personas que ya habían muerto, o por
personas que ya no vivían en los distritos en los que
votaron.
El 6 de enero de 2021 una multitud de personas con armas
de fuego, cuchillos y otras armas e instrumentos peligrosos,
tomaron las instalaciones del Capitolio en Washington,
acciones en las que resultaron 5 personas muertas y 140
manifestantes y policías heridos en los enfrentamientos en
el edificio del congreso. Más de 1540 manifestantes que
fueron juzgados y sentenciados por los crímenes que
cometieron en esa ocasión fueron indultados y liberados
inmediatamente después de que se inició el segundo
periodo presidencial de Trump.
Es importante destacar que en los Estados Unidos no existe
una legislación nacional electoral ni autoridades electorales
federales, porque ahora, en el ejercicio de su función como
Presidente, Donald Trump ha planteado la creación de un
registro nacional de electores con una ley que lo regule, que
garantice que sólo los ciudadanos de Estados Unidos sean
registrados como electores legales y que no se entreguen
boletas por correo a ninguna persona que no esté
debidamente acreditada en ese registro. Sin embargo los
legisladores no han considerado necesario realizar ese tipo
de cambios en virtud de que no se comprobó que en la
elección del 2020 hubiera habido anomalías que tuvieran
peso suficiente para invalidar los resultados de la elección.
Se mantiene la expectación en los observadores y analistas
políticos, dentro de Estados Unidos y en el mundo, de que
persistan los cuestionamientos de Trump a la forma en que
se llevan a cabo las elecciones en su país, y que las
elecciones de noviembre de 2026 se conviertan en el
laboratorio de las impugnaciones que podrían hacer él y sus
seguidores a la Elección Presidencial de 2028, que
generarían incertidumbre e inestabilidad política, no
solamente en esa nación sino en el mundo entero. El relevo
democrático en la Presidencia de los Estados Unidos
empieza en la elección de noviembre.
