Razones/ Martha Irene Herrera
La democracia mexicana se sostiene sobre un pilar que ha costado sangre, censura y décadas
de resistencia: la libertad de expresión. Sin embargo, el pasado 8 de abril, desde la tribuna del
Congreso de Tamaulipas, se lanzó un dardo que pretende tensionar esa garantía bajo el
argumento de la “dignificación”. La diputada local por el Distrito 19 (Madero y Altamira), Cynthia
Lizabeth Jaime Castillo, ha presentado una iniciativa que ya ha sido calificada por sectores del
gremio periodístico como una “Ley Mordaza”.
Para entender el alcance de esta propuesta, hay que mirar a quien la impulsa. Cynthia Lizbeth
Jaime Castillo, conocida popularmente como “La Comaye”, pasó de la cabina de radio a una
sala de prensa y luego a la curul. Pero hay una distancia clara entre la locución comercial y el
ejercicio periodístico de fondo.
El periodismo se hace con los zapatos sucios, sosteniendo la grabadora frente al funcionario
esquivo, investigando y documentando la realidad que el poder prefiere ignorar. La diputada,
sin una trayectoria acreditada en el ejercicio periodístico de campo, pretende ahora impulsar la
creación de un “Colegio” que tendría entre sus atribuciones emitir posicionamientos públicos
sobre el ejercicio periodístico. Es el mundo al revés: el poder intentando certificar la verdad.
La iniciativa busca reformar la ley estatal de protección a periodistas y personas defensoras de
derechos humanos para crear el Colegio de Periodistas de Tamaulipas. Lo que se presenta
como un avance gremial abre, en los hechos, una discusión necesaria. La propuesta contempla
la emisión de “extrañamientos públicos” contra periodistas a partir de quejas de terceros,
incluidos actores políticos. En un estado donde informar implica riesgos, cualquier mecanismo
que derive en señalamientos públicos desde una estructura formal puede generar efectos
inhibitorios en el ejercicio periodístico. Esto no necesariamente se traduce en regulación, pero
sí en un entorno que podría propiciar autocensura.
Aunque el proyecto se presenta como un organismo autónomo, su implementación requeriría
procesos de reconocimiento institucional. Ese punto abre cuestionamientos legítimos sobre el
grado de independencia que tendría frente al poder público, particularmente cuando se trata de
un gremio cuya función es, precisamente, vigilar y cuestionar al propio poder.
Más allá del debate local, la discusión remite a un principio mayor. Desde 1857 y ratificado en
1917, los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establecen que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de inquisición. La libertad de
expresión es un derecho universal de todos los mexicanos, no un permiso sujeto a validación o
certificación.
Hoy, la iniciativa se encuentra en comisiones legislativas. En Tamaulipas, el tema ha generado
inquietud en el gremio periodístico ante la posibilidad de que avance sin una discusión amplia.
La historia ofrece lecciones claras: desde el cierre de diarios en el Porfiriato hasta mecanismos
de control indirecto en distintas etapas del país. Hoy, los riesgos adoptan nuevas formas. No
siempre llegan como censura abierta; a veces se presentan como orden, regulación o incluso
“dignificación”.
La libertad no se agradece, se ejerce. Y cualquier iniciativa que toque ese principio debe
analizarse con rigor, porque en una democracia, la prensa no le rinde cuentas al poder, sino a
la sociedad.
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