En Visto | Dora de la Cruz
Las y los diputados federales, aprobaron el dictamen de
reforma judicial que plantea aplazar de 2027, a 2028, la
elección del Poder Judicial; la discusión de los
legisladores se centró en la propuesta de reelección, lo
que permitiría a las personas juzgadoras, prolongar su
permanencia en el cargo hasta por 17 años, una de las
principales críticas, por las que el gobierno de Morena
impulsó la reforma para que ministros y ministras,
magistradas, magistrados, jueces y juezas, sean electos
mediante el voto ciudadano.
La prolongación de la permanencia en los puestos
políticos, alegan los críticos, genera redes de
compadrazgo, amiguismo y nepotismo, que pueden
derivar en actos de corrupción, dentro de estructuras
construidas bajo esos esquemas. Ese fue uno de los
principales reclamos que dieron paso a que el gobierno
morenista, impulsara la reestructuración total del Poder
Judicial, sometido al voto ciudadano. Aunque dentro de
esta última iniciativa, existe un “candado”, que no está
escrito en la ley, para evitar que se repitan las historias de
corrupción del Poder Judicial que se dieron en la Era del
PRI y del PAN y se llama, el voto ciudadano.
Con ello, existe la posibilidad de que juzgadores con
prácticas inadecuadas no obtengan el respaldo en las
urnas en alguna intención reeleccionista.
Esta iniciativa, enviada por la presidenta Claudia
Sheinbaum, podría interpretarse también como un
mecanismo para sacudir la primera elección de las y los
integrantes del Poder Judicial mediante la reelección.
Funcionaría como una vía para destituir a magistradas y
magistrados que no hayan cumplido con sus funciones o
que no hayan mostrado resultados en el ejercicio de su
cargo.
Al profundizar en las modificaciones contenidas en la
reforma judicial, eso se encuentra como un punto
favorable de la iniciativa, porque parece que algunas
magistradas, magistrados y juzgadores en general, no
reflejan las expectativas de la ciudadanía, sobre el avance
en la impartición de justicia; prometieron cuando llegaron,
los y las que llegaron al Poder Judicial, que cambiarían las
formas, para erradicar las viejas prácticas que tenían a un
pueblo insatisfecho, que clamaba justicia.
Verdaderamente, algunos perfiles no han estado a la
altura del cargo y, en la percepción pública, su actuación
se ha centrado más en lo que parecería andar en una
campaña política, que en la atención del rezago heredado.
A ello se suma que persisten deficiencias en la atención de
los juicios de pensión alimenticia, que representan la
principal causa de demanda en el estado. A un año de la
llegada del nuevo Poder Judicial, los avances percibidos
en estas materias aún no se nota.
Como tampoco se percibe se hayan satisfecho todas
aquellas demandas que se enarbolaban cuando se animó
la renovación total del aparato de justicia tamaulipeco.
¿Cuántos hechos de impunidad, de quiénes, por qué
delitos, fueron impresos en las boletas que clamaban el
regreso del imperio de la justicia ya se han remontado?
Los nombres y los expedientes siguen frescos en la
memoria de los electores expectantes.
La ciudadanía ya identifica los rostros de las personas
juzgadoras; una demanda recurrente en el pasado cuando
se cuestionaba su desconocimiento público. Ahora, ya se
conocen los rostros y nombres, los perfiles son más que
visibles, tanto por su función como por su llegada al cargo.
Sin embargo, también existe un mayor nivel de evaluación
sobre cómo accedieron al Poder Judicial y su desempeño
en el ejercicio del mismo, lo que podría reflejarse en las
urnas en caso de que el Senado ratifique la iniciativa como
la plantea el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), que
permitiría a magistradas y magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en funciones, participar en la elección de 2028.
Ante la noticia de la reelección, algunas magistradas se
muestran “halagadas”, sin embargo, no es porque quieran
participar en el proceso para ejercer tal beneficio; parece
que la mirada está puesta hacia el escenario de 2030,
aún lejos, para el calendario electoral. En ese contexto, el
tiempo permitirá observar con mayor claridad sus
verdaderas aspiraciones y el sentido con el que llegan al
Poder Judicial a través del voto.
La elección judicial es una y la de 2030 es otra, aunque en
el debate público ambas agendas parecen entrelazarse;
esto es bueno, porque parece que en las expectativas de
la ciudadanía sobre el avance de la aplicación de la
justicia, cuando llegaron los y las que llegaron al Poder
Judicial, no todas ni todos han estado a la altura.
