EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
El 10 de junio de 2011, el sistema jurídico mexicano vivió una de sus transformaciones más
profundas: nuestra Constitución dejó de hablar solo de “garantías individuales” y reconoció los
derechos humanos previstos en la misma Constitución y en los tratados internacionales.
No fue un simple ajuste de lenguaje; fue una nueva forma de entender al Estado: la autoridad
ya no podía colocarse por encima de la persona, sino justificar sus decisiones desde la
dignidad humana.
Y se dio el boom, los derechos humanos se pusieron de moda: se multiplicaron cursos,
capacitaciones y discursos oficiales; las sentencias citaron instrumentos internacionales; los
gobiernos anunciaron políticas públicas “con enfoque de derechos humanos”; y en los
congresos se volvió común justificar reformas bajo principios como igualdad, progresividad,
interdependencia, indivisibilidad y universalidad.
Pero quince años después, la pregunta incómoda sigue siendo necesaria: ¿realmente nos
volvimos más garantistas o solamente aprendimos a llenar las leyes de buenas intenciones?
La reforma de 2011 no se hizo para adornar exposiciones de motivos. Se hizo para cambiar la
forma en que se ejerce el poder público.
El artículo 1o constitucional es claro: todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y, desde luego, eso incluye a quienes gobiernan, juzgan y
legislan.
Ahí está una de nuestras mayores deudas. Muchas veces los congresos han entendido los
derechos humanos como argumento retórico, no como metodología legislativa.
Es decir, se invocan principios y convenciones, pero pocas veces se explica cómo una reforma
será aplicable, financiable, evaluable y exigible. El resultado es una paradoja: leyes más
robustas en el papel, pero instituciones totalmente rebasadas para cumplirlas.
Basta observar algunos pendientes: ¿Cómo hablar de progresividad cuando las mujeres siguen
enfrentando restricciones para decidir sobre su propio cuerpo? ¿Cómo hablar de igualdad
cuando las personas neurodivergentes siguen siendo estigmatizadas? ¿Cómo hablar de
educación inclusiva cuando a familias con hijas o hijos con discapacidad se les exige pagar una
“maestra sombra”? ¿Cómo hablar de salud cuando la atención médica o psicológica depende
más de la capacidad económica que de la obligación del Estado?
El problema no es reconocer nuevos derechos, el problema está en reconocerlos sin construir
condiciones reales para ejercerlos.
Cuando una ley promete inclusión, pero no establece presupuesto, autoridades responsables,
plazos, indicadores y mecanismos de exigibilidad, no garantiza derechos: únicamente produce
simulación normativa; y esa simulación es injusta porque genera expectativas legítimas, pero
no respuestas concretas.
Algo similar ocurre hoy con la Agenda 2030: muchas propuestas se presentan como alineadas
a objetivos internacionales sin explicar su impacto práctico. El riesgo es el mismo: convertir
marcos valiosos en fórmulas de legitimación política, no en herramientas para resolver
problemas públicos.
A quince años de la reforma, el balance debe ser crítico, pero no pesimista: sí cambió el
lenguaje jurídico del país y abrió la puerta a una visión más amplia de la dignidad humana; sin
embargo, su promesa sigue incompleta mientras las leyes no se diseñen con seriedad técnica y
responsabilidad institucional.
Antes de seguir reformando por inercia, conviene preguntarnos dónde estamos parados…
¿Nuestros marcos normativos protegen derechos o solo los enumeran? ¿Las iniciativas parten
de diagnósticos reales o de discursos convenientes? ¿El Estado crea condiciones para cumplir
lo que promete o solo engrosa leyes con obligaciones que después no puede atender?
La reforma en materia de derechos humanos no fue un punto de llegada, fue un punto de
partida. Para honrarla, no basta con citarla: hay que legislar con rigor, presupuestar con
responsabilidad, gobernar con sensibilidad y evaluar con honestidad.
Porque los derechos humanos no se garantizan en el simple aplauso de una reforma, sino
cuando una persona, frente al poder público, deja de estar sola.
