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Expreso-La Razón
El Gobierno del Estado de Tamaulipas rechazó que
exista una persecución política contra el empresario
propietario de Grupo Empresarial Dalka, proveedor
de despensas con quien mantiene un litigio
administrativo y penal que se originó en marzo de
2023.
El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo
Estatal, licenciado Marco Antonio García Barrientos,
ofreció este miércoles una conferencia de prensa en
la que detalló la cronología del conflicto, las
resoluciones emitidas por distintas autoridades y el
fundamento de la investigación penal que
actualmente conduce la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
García Barrientos fue enfático: no se trata de un
asunto surgido esta semana ni de una decisión
reciente, sino de un caso que lleva más de tres
años transitando por instancias legales y
jurisdiccionales de diversas competencias, tanto
estatales como federales.
El origen del conflicto se remonta al contrato
celebrado el 15 de marzo de 2023 para el
suministro de despensas. El Gobierno del Estado
determinó rescindir el contrato al considerar que la
empresa no cumplió con una obligación esencial: la
presentación de las pólizas de garantía requeridas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
El 6 de agosto de 2023, Grupo Empresarial Dalca
promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, reclamando una indemnización por
daños y perjuicios derivada de dicha rescisión, lo
que dio inicio formal al litigio.
La primera resolución fue favorable a la empresa. El
27 de enero de 2025, la Primera Sala Unitaria del
Tribunal de Justicia Administrativa emitió un fallo a
su favor. Sin embargo, las dependencias estatales
involucradas impugnaron esa determinación
mediante los recursos legales correspondientes.
El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
revocó por unanimidad la resolución inicial el 27 de
mayo de 2025 y ordenó la reposición del
procedimiento. Incluso el magistrado que había
emitido el primer fallo votó a favor de la revocación,
según informó el consejero jurídico.
La empresa promovió entonces el juicio de amparo
ante instancias federales, y la resolución del
Tribunal de Justicia Administrativa fue confirmada,
ratificando nuevamente la legalidad de la actuación
del Estado.
García Barrientos subrayó que el asunto ha sido
revisado por órganos jurisdiccionales estatales y
federales, y que las resoluciones emitidas hasta
este momento han confirmado que el Gobierno del
Estado actuó dentro del marco legal.
La investigación penal que corre paralela al proceso
administrativo no se originó en declaraciones
públicas ni en diferencias políticas. El 21 de abril de
2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción inició una investigación derivada de
posibles hechos detectados dentro del propio
procedimiento legal.
Durante esa investigación, la Fiscalía solicitó
información a la institución afianzadora para
verificar la autenticidad y fecha de emisión de las
pólizas de garantía presentadas en el litigio
administrativo.
La respuesta oficial de la afianzadora señaló que
dichas pólizas fueron entregadas en la Ciudad de
México el 11 de abril de 2023. Sin embargo, en la
demanda presentada por la empresa se había
sostenido expresamente que esas mismas pólizas
fueron entregadas personalmente en la Secretaría
de Administración el 15 de marzo de 2023, en la
firma del contrato.
Fue precisamente esa contradicción entre hechos,
fechas y documentos incorporados a los
expedientes la que dio origen a la investigación
penal actualmente en curso, explicó el funcionario.
En palabras sencillas, dijo García Barrientos, se
investiga al empresario porque para obtener una
sentencia favorable sostuvo su demanda con
afirmaciones falsas. Afirmó que el empresario
refiere en su demanda que presentó las pólizas el
15 de marzo, el día en que firmó el contrato, lo cual
es materialmente imposible, ya que las recibió el 11
de abril, según informe de la propia afianzadora que
emitió los documentos.
Las figuras delictivas que se investigan son
falsedad en declaraciones e informes dados ante
una autoridad, y fraude procesal.
El consejero jurídico mostró durante la conferencia
documentos que acreditan tanto el contenido de la
demanda de la empresa como el informe de la
afianzadora, con el fin de que los medios de
comunicación y la ciudadanía contaran con
elementos verificables.
García Barrientos negó que el empresario se
encuentre arraigado. Presentó imágenes en las que
se observa al empresario ingresando libremente a
las instalaciones de Palacio de Gobierno el 3 de
junio de 2026, durante una visita que él mismo
solicitó.
Ese día, durante una audiencia dentro del
procedimiento judicial, la representación de la
empresa solicitó un receso para explorar una
posible conciliación con el Gobierno del Estado.
Derivado de esa petición, el empresario contactó al
consejero jurídico y acudió a Palacio, donde fue
recibido en un marco de respeto institucional.
El funcionario aclaró que el empresario entregó
voluntariamente su visa y pasaporte al juzgador
como medida cautelar, para garantizar que no se
sustraiga de la acción de la justicia, decisión que
corresponde al juez en el marco del procedimiento
penal en curso.
Respecto al señalamiento que circuló en medios de
comunicación sobre una supuesta solicitud de pago
de moche por parte del empresario a un familiar del
gobernador, el consejero jurídico respondió que no
existe referencia alguna ni dato alguno que señale
directamente a alguien por ese concepto dentro de
los procedimientos judiciales.
García Barrientos estableció la distinción entre lo
declarado en entrevistas y lo que obra en un
expediente judicial: en la entrevista son hechos
narrados por la persona; en el procedimiento judicial
tiene que probarse lo que se argumenta.
El consejero jurídico recordó que durante más de
tres años de litigio en instancias locales y federales,
el representante legal de la empresa ejerció
plenamente su derecho de defensa mediante
demandas, recursos y juicios de amparo.
Sin embargo, precisó, no existe constancia dentro
de esos procedimientos de las acusaciones que
recientemente ha realizado en medios de
comunicación. Las resoluciones emitidas por las
distintas autoridades se construyeron con base en
elementos incorporados formalmente a los
expedientes.
El funcionario también informó que, con
posterioridad a la rescisión del contrato, el
suministro de despensas se realizó a través de
Diconsa, institución de gobierno que ofrecía
mejores condiciones para el Estado y para las
familias beneficiarias de los programas alimentarios.
Más tarde, el propietario de Dalka, Israel Valdez
Sánches emitió un comunicado en el que refutó lo
dicho por el funcionario e insistió en que sufre una
persecución política.
