Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
El robo de gasolina a Petróleos Mexicanos (Pemex) es tan grave como el indiscriminado
saqueo de recursos económicos que ha sufrido la paraestatal durante décadas.
Sin embargo, ninguno de los dos delitos ha podido erradicarse plenamente, ya por falta de
voluntad de la autoridad federal para investigar a fondo ambas ordeñas, o quizá porque en su
comisión están involucrados personajes estrechamente ligados a los hombres del poder que les
brindan tanto impunidad como inmunidad.
Un reporte de Pemex consigna que decenas de tomas clandestinas han sido desactivadas y
(supuestamente) desmanteladas algunas bandas que operaban en distintas entidades del país.
A esta danza de cifras contribuyen otros recuentos que obran en los anales de Petróleos
Mexicanos, pues claramente se lee que el huachicol llamado así el robo de gasolina– data de
muchísimos años atrás, así como la persecución del delito.
Para sustentar el caso, basta referir que oficialmente Pemex reconoce haber detectado
centenares de bombas clandestinas.
Pero los números no coinciden, y eso sólo motiva la sospecha de que se ha recurrido a la
mentira para tratar de disfrazar un problema que nadie es capaz de resolver. De otra forma los
paladines de la justicia petrolera evitarían dar cifras tan a la ligera, simple y llanamente con el
afán de atraer los reflectores para promociones unipersonales.
El problema es real
Desconozco hasta dónde pudiera llegar el saqueo indiscriminado a Petróleos Mexicanos, pero
sí me queda en claro que tanto los funcionarios que han mandado en la paraestatal, los
dirigentes sindicales, los contratistas, los industriales de la petroquímica y los concesionarios de
las gasolineras, cuando menos, se han visto involucrados en hechos dignos de ser
investigados.
No basta con haber enviado a prisión a ex funcionarios por sus ilícitos ampliamente difundidos
(en su oportunidad) en los medios de comunicación masiva, ni la buena voluntad para erradicar
de Pemex la corrupción para aliviar el mal que se sigue haciendo a México como país y a los
mexicanos como co-propietarios que dicen somos de la paraestatal, pues cotidianamente surge
información acerca de la ordeña a los ductos de combustible y sobre el mal manejo
administrativo que se hace de los millonarios recursos económicos con que opera la
paraestatal.
En realidad, se requiere una mano firme y patriótica que sea capaz de meter orden en la
empresa más rentable de nuestro país –tanto o más que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), que también opera con número rojos–, sin intereses unilaterales ni de grupo, para
erradicar el cáncer de la corrupción.
Sin embargo, la opinión pública coincide en que Pemex, otra vez, está a disposición de
particulares. Y esto, en realidad, es lo que evitará que Pemex se privatice, aunque hoy se
vislumbra una nueva andanada por parte de la Federación para exhibir a la empresa como una
carga para el erario y más para los cerca de 130 millones de mexicanos, por lo que no debiera
sorprendernos que en lo sucesivo desde Palacio Nacional se replanteara la necesidad de que
en la paraestatal haya más inversión de particulares como del Gobierno federal.
En cuanto al robo de gasolina, éste no sería posible si en su comisión no estuvieran
involucrados funcionarios y técnicos de la paraestatal, además de los concesionarios que
gustan comprar barato para venderle caro el combustible a los millones de dizque co-
propietarios del petróleo.
¿O acaso no existen inspectores que vigilen el correcto funcionamiento de las gasolineras?
Lo pregunto porque, de acuerdo con el régimen fiscal que las distingue, cada litro de gasolina
que entra a sus depósitos debe salir por mangueras debidamente conectadas a medidores que,
se supone, son checadas minuciosamente por los cobradores del combustible que trabajan
para Pemex.
¿Y ellos tampoco se han dado cuenta de la irregularidad?
¡Qué va! Lo que ocurre, es simple sospecha, es que también estarían en el ajo.
De cualquier forma, no hay que perder de vista las acciones del Gobierno Federal en cuanto al
problema hoy comentado, pues en cualquier momento podría surgir la pista que revelara el real
propósito que se persigue para no perseguir a los ordeñadores de los ductos.
Vamos en picada
La crisis económica que atraviesa el país, en tiempo y forma le fue advertida a la presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que ella, si acaso quisiera acrecentar todavía más su
credibilidad, debiera explicar por qué no tomó las medidas pertinentes a fin de que el problema
resultara menor.
Quizá no lo hizo para evitar causarle daño a su antecesor, o, tal vez, porque reconocer el
problema le acarrearía otro mayor.
Pero lo cierto es que ella, como el séquito de eruditos financieros contratados ex profeso por su
administración, le causan un daño al país al encubrir a los culpables del fenómeno.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
