Perla Reséndez
Expreso-La Razón
La Fiscalía General de la República
(FGR) destacó el caso de los 144
millones de litros de hidrocarburos
contrabandeados el año pasado en la
Aduana de Matamoros, en el que se
implica a militares, como uno de los
asuntos más relevantes de huachicol
fiscal que las autoridades han
descubierto hasta ahora.
Esta semana se dio a conocer que entre
el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, esa
cantidad de carburante fue introducida al
País por ese puente fronterizo en mil
366 ferrotanques cargados con diésel,
gasolina y nafta ligera declarados todos
como “solución de cloruro de calcio”.
En un comunicado, la FGR recordó que
del total alcanzó a asegurar en la
Aduana 15 millones de litros de
hidrocarburos, el 10.4 por ciento de lo
contrabandeado en 52 días.
“De igual forma, entre los resultados
más relevantes de esta estrategia se
encuentra una indagatoria que
recientemente trascendió al ámbito
público sobre los resultados de las
investigaciones con respecto a uno de
los esquemas de contrabando de
combustibles de mayor dimensión
detectados en el País, con operaciones
concentradas en la Aduana de
Matamoros, Tamaulipas”, dijo la FGR.
“Como resultado de estas indagatorias
se logró el aseguramiento de
aproximadamente 15 millones de litros
de hidrocarburos, 129 ferrotanques,
tractocamiones y autotanques, además
de diversas órdenes de aprehensión que
llevaron a la detención y vinculación a
proceso de posibles integrantes de la
organización criminal, así como el
seguimiento de una red conformada por
empresas, operadores logísticos y
servidores públicos presuntamente
involucrados”.
Por este asunto, se libraron 13 órdenes
de aprehensión contra funcionarios,
empresarios y agentes aduanales, de los
cuales siete han sido los detenidos y
procesados hasta ahora, entre ellos
Armando Riestra Fernández, dueño de
Servicios Aduanales JR S.A. de C.V. y
señalado como presunto líder de esta
red de huachicol fiscal.
En el mismo caso están prófugos de la
justicia los tenientes coroneles Armando
Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia
García, ambos titulares de la Aduana de
Matamoros entre 2024 y 2026, así como
el teniente de Policía Militar Jorge
García García, ex subdirector de
Operación Aduanera del mismo recinto.
Los otros grandes casos de huachicol
que destaca la FGR son el
aseguramiento de 170 ferrotanques con
18 millones 900 mil litros, así como una
espuela ferroviaria, en Coahuila, así
como la incautación de otros en San
Luis Potosí, Nuevo Laredo y Tampico.
El impacto económico aproximado para
los propietarios fue de 238 millones 818
mil pesos y el caso ameritó abrir
diversas líneas de investigación
relacionadas con más de 70 personas
físicas y morales con operaciones
detectadas en nueve entidades del País.
Otro aseguramiento relevante que
refiere la Fiscalía es el buque Challenge
Procyon en Tampico, en el que se
incautaron 10 millones de litros de diésel
en marzo de 2025, además de
tractocamiones, autotanques,
documentación aduanera e
infraestructura de almacenamiento, y se
detuvo de dos personas.
Tamaulipas, epicentro contra huachicol
Tamaulipas se consolidó como uno de
los principales frentes en la estrategia
nacional contra el huachicol fiscal, al
concentrar algunos de los
aseguramientos de combustible ilegal
más importantes realizados por la
Fiscalía General de la República (FGR).
Entre ellos, el decomiso de alrededor de
10 millones de litros de diésel en el
puerto de Tampico y el aseguramiento
de aproximadamente 15 millones de
litros de hidrocarburos vinculados a una
red de contrabando con operaciones en
la Aduana de Matamoros.
Estos golpes representan un punto clave
en la ofensiva del Gobierno para
desmantelar las estructuras financieras y
logísticas dedicadas al tráfico ilícito de
combustibles, conocido también como
huachicol fiscal.
A diferencia del robo de combustible
mediante tomas clandestinas, el
contrabando de combustible o huachicol
fiscal opera mediante complejas redes
de empresas fachada, importadores,
operadores logísticos, agentes
aduanales y esquemas financieros que
han permitido a grupos criminales
introducir al país combustible de
procedencia ilícita, evadir el pago de
impuestos y comercializarlo ilegalmente.
Con el propósito de resarcir el daño que
la delincuencia organizada provocó a la
economía nacional y al patrimonio de las
y los mexicanos, la Fiscalía General de
la República fortaleció las
investigaciones para combatir el
contrabando de combustible.
Las investigaciones establecen que
estas organizaciones utilizaban distintas
rutas y medios de transporte para
movilizar el combustible. Una de las
principales era la vía marítima, mediante
documentación falsa para simular
importaciones legales.
Una vez que el combustible llegaba a
puertos nacionales era descargado sin
ser declarado y almacenado en
instalaciones clandestinas para
posteriormente distribuirlo a estaciones
de servicio y clientes industriales.
Después, mediante transporte terrestre,
el hidrocarburo era mezclado con
combustible de origen legal para
dificultar su identificación e incorporarlo
al mercado a través de una red de
distribución diseñada para ocultar su
origen ilícito.
Los trabajos de inteligencia de la
Fiscalía General de la República y el
Gabinete de Seguridad del Gobierno de
México, se detectó una red de
contrabando ferroviario que utilizaban
cargamentos declarados ante las
autoridades con volúmenes mucho
menores a los que realmente
transportaban, o incluso declarándolos
como si fueran otros productos con una
carga fiscal distinta, ocultando así
millones de litros de hidrocarburos y
causando afectaciones a la hacienda
pública, por medio de la omisión del
pago de impuestos.
De acuerdo con la FGR, en este
esquema participan empresas
importadoras, agentes aduanales,
empresas destinatarias del combustible,
operadores ferroviarios y empresas
encargadas de la dispersión financiera
de los recursos, todos ellos integrados
para fragmentar la trazabilidad de la
operación y aparentar que el producto
tiene un origen lícito.
Las investigaciones realizadas por la
Fiscalía Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada (FEMDO) han
permitido establecer que todas estas
operaciones forman parte de una misma
estructura criminal.
Estados como Coahuila, Durango y
Zacatecas funcionan como nodos
logísticos que conectan las operaciones
marítimas, ferroviarias y terrestres para
insertar el combustible en el mercado
nacional.
Por lo que la estrategia no se limita al
aseguramiento del combustible, sino
también a desarticular por completo las
organizaciones, identificar a quienes las
financian, localizar a las empresas
utilizadas para simular operaciones,
investigar a los responsables de la
logística, seguir la ruta del dinero y llevar
ante la justicia a todas las personas
involucradas.
Entre los principales resultados
sobresalen los aseguramientos
realizados en Tamaulipas. En la
modalidad marítima, destaca el
aseguramiento del buque Challenge
Procyon en el puerto de Tampico.
Allí fueron asegurados alrededor de 10
millones de litros de diésel, además de
tractocamiones, autotanques,
documentación aduanera e
infraestructura de almacenamiento, así
como la detención de dos personas.
Lo anterior afectó la estructura logística
de la organización, generándole un
impacto económico aproximado de 372
millones de pesos.
En Ensenada, Baja California, fue
asegurado el combustible descargado
del buque TORM AGNES, con ocho
millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo
localizados en un predio de El Sauzal.
En esa operación también fueron
aseguradas pipas cargadas con
combustible de procedencia ilícita,
fueron detenidas tres personas y
continúan vigentes órdenes de
aprehensión contra otros presuntos
responsables.
El impacto económico para la
organización fue de 154 millones 920 mil
363 pesos.
En la modalidad ferroviaria, la FGR
aseguró ferrotanques en San Luis
Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y
Coahuila, sumando 170 ferrotanques
con 18 millones 900 mil litros, así como
una espuela ferroviaria en Coahuila de
Zaragoza.
Estas acciones representaron un
impacto económico aproximado de 238
millones 818 mil pesos, mientras
permanecen abiertas diversas líneas de
investigación relacionadas con más de
70 personas físicas y morales con
operaciones detectadas en nueve
entidades del país.
De igual forma, entre los resultados más
relevantes de esta estrategia se
encuentra una indagatoria que
recientemente trascendió al ámbito
público sobre los resultados de las
investigaciones con respecto a uno de
los esquemas de contrabando de
combustibles de mayor dimensión
detectados en el país, con operaciones
concentradas en la Aduana de
Matamoros, Tamaulipas.
Como resultado de estas indagatorias se
logró el aseguramiento de
aproximadamente 15 millones de litros
de hidrocarburos, 129 ferrotanques,
tractocamiones y autotanques.
Además de diversas órdenes de
aprehensión que llevaron a la detención
y vinculación a proceso de posibles
integrantes de la organización criminal,
así como el seguimiento de una red
conformada por empresas, operadores
logísticos y servidores públicos
presuntamente involucrados.
Estas acciones reflejan una nueva etapa
en el combate al huachicol fiscal. Las
investigaciones ya no sólo buscan
asegurar combustible de procedencia
ilícita, sino desmantelar las estructuras
financieras, empresariales y logísticas
que hacen posible este delito, recuperar
activos obtenidos ilegalmente, combatir
la impunidad y fortalecer el Estado de
derecho.
