En Publico/Nora Marianela García Rodríguez
La única política pública que México ha cumplido con exceso es la de tener menos hijos; el
Consejo Nacional de Población nació en 1974 para frenar la explosión demográfica bajo la
consigna de que la familia pequeña vive mejor, y el 16 de julio ese mismo organismo informó el
tamaño de su triunfo: la fecundidad cayó a 1.6 hijos por mujer, la población crece debajo del 1%
anual, y el país que temía multiplicarse ahora no sabe qué hacer con su resta.
El piso estadístico lo aporta el INEGI, que contabilizó 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024,
una tasa de 47.7 por cada mil mujeres en edad fértil, 4.5 puntos menos que el año previo; entre
2019 y 2024 el registro de bebés se redujo 20%, de 2 millones a 1.6 millones, y el umbral que
garantiza el reemplazo generacional, de 2.1 hijos por mujer, quedó atrás hace años, de modo
que México ya no crece por sus cunas, crece por inercia.
El fenómeno trae además geografía propia; la natalidad va de 86.7 nacimientos por cada mil
mujeres en Chiapas a 32.8 en la Ciudad de México, un mapa donde las entidades más
urbanizadas y con mayor escolaridad femenina encabezan el retroceso, y Tamaulipas,
mayoritariamente urbano y fronterizo, se mueve dentro de esa lógica: donde la vida cuesta más
y las mujeres estudian más, los hijos llegan menos y llegan más tarde.
Mientras tanto, el índice de envejecimiento pasó de 21.3% en el año 2000 a 47.7% en 2025;
hace un cuarto de siglo había 21 adultos mayores por cada 100 niños, hoy hay casi 48, la
pirámide poblacional se volvió un rombo y las instituciones del país siguen diseñadas para la
pirámide.
El salón de clases registró el cambio antes que las oficinas de gobierno; la matrícula de
educación básica retrocedió 7.5% en cinco ciclos, 2.3 millones de niños de entre 3 y 5 años no
se inscribieron al ciclo 2025-2026, la cobertura de preescolar quedó en 61.5% y la primaria del
país acumula una pérdida superior a 2 millones de alumnos desde su punto más alto; los
nacidos en 2020, el año del desplome, están entrando a primaria ahora.
Tamaulipas no espera ese futuro, ya lo habita; según registros del INEGI y de la Secretaría de
Educación estatal, la primaria pasó de 407 mil 708 alumnos en el ciclo 2010-2011 a 353 mil 648
en 2023-2024, una merma de 54 mil 060 estudiantes, 13.26% menos, mientras la media
superior creció 19.05% porque la generación numerosa ya está en el bachillerato; el anuario
estatal reporta además 164 maestros menos en educación básica.
Los particulares ajustaron antes que el gobierno; entre 2020 y 2025 cerraron 2 mil 229
preescolares privados en el país por pérdida de alumnos y colegiaturas que las familias dejaron
de poder pagar, mientras los planteles públicos de ese nivel crecieron 1.7% hasta sumar 74 mil
658, señal de que la infraestructura oficial se expande justo cuando la demanda se encoge,
porque el presupuesto premia inaugurar y no ha aprendido a rediseñar.
La autoridad federal ya ensayó su explicación; la SEP sostiene que la baja de la matrícula no es
deserción sino demografía, que el grupo de 6 a 11 años disminuye desde 2015, una verdad a
medias convertida en coartada, porque diagnosticar no equivale a planear, y hasta ahora
ningún orden de gobierno ha dicho qué hará con las escuelas, las plazas y los presupuestos
calculados para un país que ya no existe.
Eso significa aulas que se vacían de abajo hacia arriba, escuelas rurales con grupos cada vez
más pequeños, plazas docentes que dejarán de abrirse y una pregunta que ningún plan de
desarrollo quiere escribir: qué se hace con la infraestructura de un país que tuvo 2 millones de
nacimientos anuales cuando lleguen generaciones de un millón y medio.
Tampoco hace falta teoría para explicarlo; hay vivienda impagable, salarios que no dan para
criar, jornadas sin guardería, mujeres con más escuela que postergan o descartan la
maternidad porque el costo les cae casi entero a ellas, y una economía que volvió al hijo un
riesgo financiero; las mujeres no dejaron de querer hijos, dejaron de poder pagarlos.
Aquí asoma el contrasentido mayor: el país tiene menos hijos y más mujeres preparadas,
aunque apenas 4 de cada 10 trabajan de manera remunerada, de las proporciones más bajas
de América Latina, por ello México perdió los nacimientos sin cobrar a cambio la fuerza laboral
femenina con la que otras economías amortiguaron el mismo declive.
Durante dos décadas los planes sexenales repitieron la promesa del bono demográfico como si
fuera eterna, millones de jóvenes en edad de trabajar que empujarían el desarrollo; sin
embargo, el bono era un plazo, no un regalo, y venció sin que se construyeran el empleo
formal, el sistema de cuidados ni el ahorro que debían aprovecharlo, de ahí que el cobro caiga
ahora sobre pensiones, salud y cuidados de una población que suma años más rápido que
ingresos.
El desenlace ya tiene domicilio: las pensiones dependen de trabajadores jóvenes que ya no
nacieron, el sistema de salud atenderá más enfermedades crónicas con menos contribuyentes,
la demanda de vivienda migrará de la casa familiar a hogares de una o dos personas, y el
cuidado de los mayores, si el Estado no lo asume, caerá donde siempre ha caído, en el trabajo
no pagado de las mujeres.
Para los municipios el asunto es presupuestal y territorial; las participaciones federales, la obra
educativa y hasta la vivienda social se calcularon durante décadas sobre el supuesto de que
siempre habría más habitantes, además el mercado laboral de 2040 se está definiendo hoy,
pues menos jóvenes entrando a trabajar significa presión sobre los salarios, sobre las
pensiones y sobre una economía que históricamente creció por cantidad de brazos y no por
productividad, mientras el crecimiento que quede dependerá cada vez más de la migración, una
variable administrada a golpe de coyuntura.
El Programa Nacional de Población 2026-2030 presentado esa tarde promete coordinar a 17
dependencias federales; la tinta aguantará lo que el presupuesto no, porque la política pública
mexicana sigue premiando la construcción de escuelas y no la creación de cuidados, sigue
midiendo el éxito en primeras piedras y no en tiempo liberado para criar.
Nadie votó esta contracción y ningún artículo transitorio la revertirá, pero el calendario ya está
firmado: la generación de 2020 entra a primaria este año, llegará a secundaria hacia 2032, al
bachillerato hacia 2035 y al mercado laboral alrededor de 2040, de modo que el país dispone
de una década, la última barata, para reconvertir aulas vacías en centros de cuidado infantil y
de mayores, montar un sistema nacional de cuidados que libere el trabajo de las mujeres y
sostener las pensiones con productividad, ya no con natalidad.
Los países que lo lograron usaron guarderías, licencias y vivienda alcanzable, no elogios a la
familia; si esas decisiones se aplazan un sexenio más habrá pensionados sin cotizantes,
escuelas sin niños y cuidadoras sin relevo, y entonces quedará claro que el Estado mexicano
solo cumplió la mitad de su consigna de 1974: la familia ya es pequeña, vivir mejor sigue
pendiente.
