INDICADOR POLITICO/ Carlos Ramírez
El panorama de corto plazo del Tratado de Comercio Libre quedó ya aclarado: Estados Unidos
pondrá un plazo de diez años y revisiones anuales en modo de certificación para concluir si el
acuerdo se extiende otros seis años o se busca alguna ratificación ajustada obviamente a las
necesidades estadounidenses.
Así que al Tratado le quedan diez años y los escenarios están muy claros:
Estados Unidos continuará durante diez años el proceso de Trump de reconstruir el poder
económico y productivo que tenía, mal que bien, antes de la globalización impulsada por el
Consenso de Washington en 1989. Ello implica que paulatinamente o de manera muy rápida,
Estados Unidos dará marcha atrás a la integración internacional de cadenas productivas en
busca de que se quede todo el proceso dentro de su territorio. Ello ya está afectando a
México.
México, por su parte, continuará rogándole a Dios que Trump pierda las elecciones intermedias
de noviembre de este año de 2006 y que su candidato sucesor en modo de corcholata también
sea derrotado las presidenciales de noviembre de 2028, y que los demócratas regresen a la
estabilidad emocional y reconstruyan las cadenas productivas que Trump paulatinamente está
cancelando. No hay nadie en el Gobierno de Morena ni en la oposición con alguna propuesta
para construir en México una planta productiva industrial y agropecuaria con capacidad para
recuperar los 20 puntos porcentuales perdidos en productos nacionales en las exportaciones e
inclusive crecer más.
Las negociaciones de Salinas de Gortari, Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum
Pardo se han concretado a defender a capa y espada el mecanismo de disminución
arancelaria para productos mexicanos, y las últimas negociaciones del secretario de Economía,
Marcelo Ebrard Casaubon, reconfirmaron esa línea de acción.
En ese contexto, en diez años terminará el Tratado y México regresará a su realidad de 1980
cuando se negó a ingresar a al GATT, de 1986 cuando ingresó al GATT en busca de
beneficios arancelarios y de 1994 cuando puso en marcha el Tratado Comercio Libre de
Norteamérica: una economía dependiente, sin reestructuración productiva, desindustrializada y
benéfica sólo con reducciones arancelarias.
En los diez años que le quedan al Tratado –cuando menos en la opción A–, México podría
hacer muchas cosas si desde ahora toma decisiones de Estado para realizar lo que Salinas de
Gortari y el negociador del tratado Jaime Serra puche se negaron a discutir: no habrá
integración equitativa si México no construye una planta industrial y agropecuaria de alto grado
tecnológico productivo y seguirá dependiendo de productos importados a escondidas para
incorporarlos a la exportación del Tratado como si fuera nacionales.
El desafío de Salinas de Gortari estuvo muy claro: las posibilidades del Tratado para impulsar
el desarrollo mexicano implicaban dar por terminado el modelo económico, productivo y de
inversiones del régimen priista y crear –como condición indispensable– una nueva burguesía
empresarial que no dependieran del contratismo del Gobierno ni operara como quinto sector
del PRI, después del obrero, el campesino, el popular y el lumpen social que sobrevive por el
asistencialismo.
La presidenta Sheinbaum preparó el Plan México más como programa demagógico que como
la construcción del nuevo sistema productivo privado mexicano, con un Estado subsidiario del
empresariado. El símbolo del empresariado teceliano lo representa Carlos Slim Helú, el patrón
más rico del país que no pasa semana en que llegue agitado y sudoroso a Palacio Nacional
con sus carpetas de contratista del Gobierno para recibir instrucciones de la jefa del
Ejecutivo federal.
La clave del Tratado estuvo en la necesidad de crear un sistema de producción industrial
autónomo y competitivo, pero nunca se preocupó por hacerlo: reconstruir la industria de
bienes de capital, redefinir la educación para la producción y la competitividad y explayar
programa de desarrollo tecnológico. Hoy, en cambio, la máxima aportación mexicana es una
supercomputadora que carece de terminales en el sector productivo, un cochecito de juguete y
elefantes blancos en la refinación, el transporte aéreo, el turismo maya y el billón de pesos
que se regalan como transferencia directa a beneficiarios del bienestar que constituyen el
padrón electoral de Morena.
Y la oposición está luchando por una democracia procedimental que podría llevarla al Poder
Ejecutivo federal –si los astros se acomodan–, pero sin tener la más remota idea de que el
futuro en México no está en la democracia de partidos que representan el viejo régimen sino en
la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para una asociación equitativa con Estados
Unidos.
Como canta el tango de Gardel, si 20 años no es nada, diez años es la mitad de nada.
