En Voz Ata/Perla Reséndez
El Gobierno de Tamaulipas decidió poner cifras a una realidad que durante mucho tiempo ha
permanecido poco visible: las personas con discapacidad que trabajan dentro de la propia
administración estatal.
El censo que realiza el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de
las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) parte de una estimación de alrededor de 600
servidoras y servidores públicos con discapacidad.
La cifra, hay que decirlo, todavía no es definitiva. Precisamente para eso se está levantando el
diagnóstico.
Y ahí está el verdadero valor de este ejercicio.
Porque saber cuántas personas con discapacidad trabajan en el Gobierno del Estado no
debería ser el punto de llegada, sino el punto de partida.
El reto comienza después del censo
Contar personas es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complicado es saber en qué
condiciones trabajan, qué barreras enfrentan y qué oportunidades tienen para desarrollarse
profesionalmente.
El propio titular del SIPRODDIS, Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, ha planteado que el censo
permitirá conocer dónde están, qué funciones desempeñan y cuáles son las condiciones que
deben fortalecerse.
Y esa información puede convertirse en una herramienta muy valiosa, siempre y cuando
después se utilice para tomar decisiones.
Porque inclusión laboral no significa únicamente abrir una plaza.
Una persona puede tener empleo y, aun así, encontrarse con oficinas inaccesibles, falta de
herramientas adecuadas, dificultades para trasladarse, ausencia de ajustes razonables o pocas
posibilidades de capacitación y crecimiento profesional.
Entonces, la pregunta obligada será: ¿qué hará el Gobierno con la información que arroje el
censo?
No se trata de llenar una cuota
Existe también el riesgo de que la inclusión se convierta en una estadística: cierto número de
personas contratadas, cierto número de espacios ocupados y un informe que permita presumir
avances.
Pero una verdadera política de inclusión debería medirse de otra manera.
¿Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades de ascender?
¿Pueden acceder a puestos de responsabilidad?
¿Las instalaciones públicas están adaptadas?
¿Los procesos administrativos son accesibles?
¿Existen herramientas tecnológicas suficientes para que puedan desempeñar sus funciones en
igualdad de condiciones?
Son preguntas incómodas, pero necesarias.
El Gobierno estatal ha planteado una visión humanista y ha señalado que busca eliminar
barreras y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El
censo puede ser una oportunidad para demostrar que esa visión no se queda en el discurso.
La inclusión debe ser cotidiana
También es importante reconocer que el problema no corresponde únicamente al Gobierno.
La inclusión laboral requiere un cambio cultural en instituciones, empresas y sociedad. Todavía
persisten prejuicios que llevan a pensar que una discapacidad limita las capacidades
profesionales de una persona.
No necesariamente es así.
Lo que muchas veces limita no es la discapacidad, sino el entorno que no está preparado para
recibirla.
Por eso resulta positivo que el Gobierno estatal quiera conocer primero su propia realidad.
Difícilmente puede exigirse al sector privado una política de inclusión si dentro de las
instituciones públicas no se conocen siquiera las condiciones laborales de quienes ya forman
parte de ellas.
Los aproximadamente 600 trabajadores que preliminarmente se tienen identificados no
deberían ser vistos como una cifra para un reporte.
Son personas con capacidades, experiencia, responsabilidades y aspiraciones profesionales.
El verdadero éxito del censo no será descubrir cuántos son. Será que, una vez identificados,
ninguno tenga que demostrar el doble para recibir las mismas oportunidades que los demás.
Porque contar a las personas con discapacidad es importante. Pero garantizar que puedan
crecer, decidir y desarrollarse en igualdad de condiciones es el verdadero desafío.
