Por Nora Marianela García Rodríguez
Expreso – La Razón
Lindsay Clancy quedó paralizada de la cintura hacia abajo la noche de enero de 2023 en la que estranguló a sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts. Admitió los hechos, se declaró no culpable de tres cargos de asesinato en primer grado y su defensa cerró el viernes en Plymouth, por lo que los alegatos finales se realizarán en los próximos días ante un jurado que deberá alcanzar un veredicto unánime.
En los cuatro meses previos recibió más de 30 prescripciones y 13 medicamentos psiquiátricos distintos, según una revisión del expediente judicial publicada por The Boston Globe. Los fármacos fueron indicados por psiquiatras, enfermeras especializadas, médicos de urgencias y personal de un internamiento breve.
Su psiquiatra principal declaró que la atendió en 14 ocasiones, que la última cita ocurrió un día antes de los hechos y que nunca solicitó los registros de los demás especialistas que la trataban. Clancy y su exesposo demandaron a los prestadores por sobremedicación y diagnóstico erróneo, mientras la Fiscalía sostiene que nunca recibió un diagnóstico formal de depresión posparto y que planeó los hechos.
Ese expediente documenta un exceso de prestadores sin coordinación. Los registros mexicanos apuntan al problema contrario: el Global Burden of Disease 2021 calcula 18.1 millones de mexicanos con algún trastorno mental, mientras que el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reportó 158 mil 814 personas atendidas en el sistema público entre enero y mayo de 2024, menos del 1 por ciento de ese universo.
El Paquete Económico 2026 propuso para la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones 2 mil 131 millones de pesos, frente a los 2 mil 146 millones aprobados para 2025. La Cámara de Diputados avaló el presupuesto en noviembre sin modificar el monto global.
El análisis del CIEP, firmado por Judith Méndez y Alejandra Macías, ubica el rubro 13.8 por ciento por debajo de lo ejercido en 2024 y equivalente al 1.5 por ciento del gasto de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, frente al 5 por ciento que la OMS recomienda a países de ingreso medio. El mismo centro calculó que igualar la inversión promedio de la región exigiría cerca de 10 mil millones de pesos anuales, casi el triple de lo asignado.
El Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones, elaborado por la propia Secretaría de Salud, registró 0.959 psiquiatras y 3.119 psicólogos por cada 100 mil habitantes, en un país donde más de la mitad de la población carece de seguridad social.
Esa demanda se desplaza al mostrador. Los consultorios adyacentes a farmacias sumaban unos 18 mil establecimientos en el conteo de 2023, con cerca de 10 millones de consultas al mes. Desde la ENSANUT 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública documentó sobreprescripción en 64 por ciento de sus usuarios; una etnografía publicada este año concluyó que ese modelo convierte al medicamento en el núcleo de la consulta.
El investigador de ese instituto, Gómez Dantés, explicó a Medscape en mayo que el esquema conviene tanto a la farmacia como al médico, cuyo sueldo base es bajo y que, para mejorar sus ingresos, busca cumplir “cuotas de prescripción”. A ello se suma un mercado que nadie mide: el de las benzodiacepinas despachadas sin receta pese a ser medicamentos controlados, una práctica denunciada por la Cofepris.
El INEGI contabilizó 8 mil 856 suicidios durante 2024 entre la población de 10 años y más, una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, superior a las registradas en 2014 y 2019.
La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 138 suicidios en el estado durante 2025, con una tasa de 4.1, mientras que el Gobierno estatal documentó que la ideación suicida creció 294 por ciento durante el primer semestre de 2024, aunque los casos consumados se mantuvieron estables.
La demanda estatal va al alza y está medida. La Secretaría de Salud otorgó 103 mil consultas de salud mental durante 2025 y, al cierre de junio, acumulaba 59 mil 369. Eliana Margarita Guevara Peña, jefa del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, atribuyó el incremento a que “cada vez más personas reconocen la importancia de acudir a terapia”.
Cuando llega la crisis aguda, el estado dispone de dos centros de hospitalización psiquiátrica: el Hospital Psiquiátrico de Tampico y el Centro Estatal de Salud Mental Villas de la Esperanza, en Matamoros.
El primero cuenta con 43 camas censables y nueve de urgencias. En mayo de este año, su dirección reportó una ocupación de entre 80 y 82 por ciento, con una estancia promedio de 19 días.
La mayoría de quienes ingresan tiene entre 20 y 40 años y llega en fase aguda por conducta suicida, psicosis, trastorno bipolar o consumo de sustancias. Cerca del 80 por ciento procede del sur del estado.
Desde 2024, la dirección del hospital ha advertido a la prensa local que entre 30 y 45 por ciento de los pacientes abandona el tratamiento y que 20 por ciento llega sin diagnóstico previo por temor al estigma.
La Procuraduría del DIF Tampico reportó tres casos de personas con padecimientos mentales abandonadas durante los primeros dos meses de 2026, mientras que el centro de Matamoros cursa una segunda etapa de rehabilitación con más de 16 millones de pesos, adicionales a los 12 millones destinados a la primera.
La red ambulatoria suma 18 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones en 15 municipios y poco más de 70 psicólogos. Informes estatales citados por este diario en abril reconocieron un déficit de personal especializado.
Laura Elena Navarrete Reyes, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ha señalado que dos de cada 10 mexicanas desarrollan depresión durante el embarazo o en el primer año posterior al parto y que 75 por ciento nunca son diagnosticadas ni reciben tratamiento. Revisiones del instituto ubican la prevalencia entre 6.6 y 24.6 por ciento.
La Escala de Edimburgo, validada en población mexicana y recomendada por la guía de práctica clínica, se aplica en minutos mediante un cuestionario impreso. Los autores de esa validación concluyeron que debería aplicarse de manera rutinaria, sin que esto ocurra en el primer nivel de atención.
La psicosis posparto es un cuadro distinto, clasificado como una urgencia médica. La literatura clínica estima que entre 1 y 4 por ciento de quienes la padecen llegan a dañar a sus hijos. El DSM-5 no la reconoce como una categoría propia y solo admite el especificador de inicio en el periparto; especialistas consultados por la BBC han señalado que esto complica su detección.
La reforma a la Ley General de Salud de mayo de 2022 prohibió construir nuevos hospitales monoespecializados en psiquiatría y ordenó convertir los existentes en centros ambulatorios. Al cumplirse tres años, Documenta advirtió que el modelo asilar se desmonta más rápido de lo que se construye la red que debía sustituirlo.
En abril, la Presidencia presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para jóvenes, sustentada en que 10 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años presenta malestar psicológico. Sus seis ejes contemplan sensibilización, guías, brigadas escolares y la Línea de la Vida, pero ninguno incluye contratación de especialistas, regulación de la prescripción en farmacias ni reversión del recorte.
Tamaulipas se adelantó a la Federación en el terreno normativo. En mayo entró en vigor la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial y quedó instalado el Consejo Estatal de Coordinación, mientras el Hospital Psiquiátrico de Tampico se rehabilita con recursos de IMSS Bienestar.
Ni la Conasama, ni la Cofepris ni la Secretaría de Salud publican en sus portales cuántas recetas de antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos se emiten cada año en México, ni cuántas provienen de un consultorio de farmacia. El dato tampoco aparece en los anuarios estadísticos e informes sectoriales revisados para este reportaje.
Ninguna cifra de este reportaje describe una emergencia imprevista, porque detrás de cada una existe una decisión con fecha: la reforma que ordenó desmontar el modelo asilar sin financiar plenamente la red que debía reemplazarlo; el presupuesto que volvió a reducir el rubro; la regulación de los consultorios de farmacia que sigue sin actualizarse a fondo, y el registro de prescripción psiquiátrica que nadie ordenó construir.
En Plymouth, el jurado deliberará en los próximos días sobre 13 medicamentos anotados uno por uno en un expediente que sí existe. Mientras tanto, en Tamaulipas, entre 30 y 45 por ciento de quienes salen del Hospital Psiquiátrico de Tampico abandona el tratamiento y no hay una sola oficina en el país capaz de decir con qué receta se fueron.
