José Luis Rodríguez Castro
Expreso La Razón
El caso de feminicidio de Ivon, ocurrido en la colonia
Tamaulipas, avanza en los tribunales luego de que una
jueza declarara legal la detención de Luis “N”, pareja de la
víctima, y se calificara preliminarmente el delito como
feminicidio.
Alberto Ramírez, asesor jurídico de la familia de la víctima
informó que durante la audiencia inicial de control de
detención se estableció una agravante en el caso: la víctima
no pudo oponer resistencia por el estado en que se
encontraba al momento de los hechos.
El asesor jurídico explicó que, en esa fase del
procedimiento, el imputado solicitó el plazo constitucional de
144 horas para definir su situación jurídica.
DEFENSA BUSCÓ PRISIÓN DOMICILIARIA
Según Ramírez, la defensa del imputado —a cargo de un
abogado — solicitó que Luis “N” enfrentara el proceso bajo
prisión preventiva domiciliaria.
Lo anterior, argumentando que residía en el domicilio donde
ocurrieron los hechos y que había sido liquidado
recientemente de un empleo.
El asesor jurídico señaló que la defensa no acreditó
documentalmente esta última afirmación.
Ramírez advirtió que otorgar la prisión domiciliaria
representaría un riesgo, pues una de las personas que
señaló al imputado como responsable —y que fungiría como
testigo— vive junto a su domicilio. “Es un peligro muy
latente”
, dijo, y citó la Convención de Belém do Pará, que
establece el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, como referencia para que los jueces apliquen
parámetros más protectores en casos con víctimas mujeres.
FAMILIA BUSCA REPARACIÓN DEL DAÑO
Más allá de la prisión del imputado, Ramírez indicó que la
familia de la víctima busca que se repare el daño causado,
en particular a los dos hijos menores de Ivon, quienes
quedaron sin madre y, de continuar el proceso, sin su padre.
“Hay que buscar la forma [de] que el Estado o el mismo
imputado investigado repare ese daño”
, señaló, para que
los menores puedan continuar sus estudios y desarrollarse
de forma adecuada.
ASESORÍA JURÍDICA COLABORÓ EN LA
INVESTIGACIÓN
Ramírez detalló que, como asesor jurídico de la familia,
participó activamente en la integración de la carpeta de
investigación junto con el Ministerio Público y la Policía de
Investigación desde el primer día del caso. Reconoció que
existen deficiencias en la Fiscalía, pero afirmó que la
colaboración directa permitió construir una carpeta “de
forma adecuada” para sostener tanto el control de la
detención como la solicitud de vinculación a proceso.
El asesor jurídico expresó confianza en que el caso será
vinculado a proceso, al considerar que se cumple el
estándar mínimo que establece el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
