Por Salvador Valadez C.
EXPRESO-LA RAZON
En los últimos cuatro meses se han presentado 42 denuncias por parte de instituciones
financieras legalmente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de
Servicios Financieros (SIPRES), debido a la presunta suplantación de su identidad por
personas físicas o empresas que buscan defraudar a quienes requieren un crédito.
El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) en Tamaulipas, Rogelio Mata Delgado, informó que el más reciente
boletín de la Comisión advierte sobre la suplantación de 11 instituciones financieras durante
agosto.
Explicó que los responsables se hacen pasar por representantes de las instituciones y utilizan,
sin autorización, sus nombres comerciales, logotipos, denominaciones sociales e incluso datos
fiscales o administrativos.
De acuerdo con el reporte, en mayo se detectaron nueve casos de suplantación; en junio, 11;
en julio, 11, y en agosto se reportaron nuevamente 11 instituciones afectadas.
Entre las instituciones financieras cuya identidad fue presuntamente suplantada se encuentran
BTG Pactual Casa de Bolsa, APX SF, Procesos Sistemáticos del Bajío, SDIF México, Ecopem
SAPI, Gratiam Capitales, Alternativas Financieras para tu Bienestar, Naica Capital, Fondeo
Horizonte, BTG Pactual Gestoría de Fondos y Sura Investment Management México, Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión.
Mata Delgado agregó que también se recibió una alerta de Quálitas Compañía de Seguros,
institución que informó sobre dos empresas que, sin contar con autorización para organizarse,
operar y funcionar como instituciones de seguros, presuntamente estarían realizando
operaciones activas de seguros.
Se trata de MAPS Seguros y MAPS Ventas, con domicilios señalados en Guadalajara y Puerto
Vallarta, Jalisco, respectivamente.
El funcionario explicó que una de las principales características de estos fraudes es que las
personas o empresas que suplantan la identidad de instituciones legalmente constituidas
solicitan dinero por adelantado bajo el argumento de gestionar o autorizar un crédito.
Advirtió que las instituciones financieras que operan legalmente no solicitan este tipo de pagos
anticipados para otorgar un financiamiento, por lo que entregar dinero bajo estas condiciones
representa un alto riesgo de fraude.
En estos casos, añadió, las víctimas realizan los pagos solicitados, pero finalmente el crédito
nunca es otorgado y tampoco reciben el financiamiento prometido.
