Hora de cierre/Pedro Alfonso García Rodríguez
La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su segundo informe de gobierno con una
administración que se encuentra en el ojo de una tormenta política provocada por el
obradorismo y aumentada por las presiones del gobierno estadounidense.
Previo a su selección como candidata, durante su campaña política y en su primer año de
gobierno, imperaron las presiones provenientes del mismo obradorismo, que al final del
gobierno de AMLO ya parecía secuestrado.
Y desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio el reparto de puestos y posiciones
para la cúpula que llegó al poder en 2018. Todos llegaron, todos quisieron continuar en el poder
y con el presupuesto a su disposición.
El optimismo de continuidad con el “proceso transformador”, llevado de manera paralela a los
negocios jugosos con el presupuesto público y al giro de la delincuencia organizada, de los
estupefacientes al tráfico de “huachicol fiscal”.
La Secretaría de Economía para Marcelo Ebrard Casaubón, el Senado para Adán Augusto
López y Gerardo Fernández Noroña, el IMSS para Zoé Robledo, Morena para Luisa María
Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, la Cámara de Diputados para Ricardo Monreal.
Y el control de la Ciudad de México para Clara Brugada, incondicional del expresidente.
Los instrumentos más importantes del poder en manos de personajes ajenos a la voluntad
presidencial, y en el trayecto del primer año quedó claro y en evidencia.
Y tres meses después del inicio de su gobierno, aún cooptado, Estados Unidos dio un giro
político para regresar al poder a Donald Trump, quien de inicio transformó su agenda de política
exterior con afán intervencionista.
Y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la persecución de morenistas
relacionados con la delincuencia organizada.
Mientras tanto, la presidenta, tras una elección judicial sin contratiempos por el poco interés
que despertó, inició sus primeras fricciones con el obradorismo, que dejaron en evidencia la
parálisis a la que intentó someter su agenda legislativa.
La retirada de su reforma a la Ley del ISSSTE, la postergación de su reforma antinepotismo, la
modificación a la Ley de Telecomunicaciones, el fracaso del “Plan A” con la reforma electoral y
la presentación descafeinada del “Plan B”.
Las fricciones con sus compañeros de partido “heredados” se dieron desde marzo de 2025, con
el desaire de Adán Augusto López, Luisa María Alcalde, Mario Delgado y Andrés Manuel López
Beltrán en un mitin en el Zócalo.
Ante el menosprecio de sus compañeros de partido y las constantes fricciones, incrementó sus
operativos para desarticular las células de la delincuencia organizada con el apoyo del Ejército
y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch.
Principalmente contra el tráfico de “huachicol fiscal”, constantemente señalado por la oposición
como un negocio jugoso de los morenistas. Señalamientos que han relacionado principalmente
a políticos tamaulipecos.
Y la actitud temeraria de los cercanos a AMLO frente a la investidura presidencial provocó una
ola de golpes judiciales, políticos y mediáticos.
La captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
durante la gubernatura de Adán Augusto López. Las indagaciones sobre el posible contubernio
del senador con la delincuencia organizada provocaron su renuncia a la coordinación de la
bancada de Morena en el Senado.
Sucedió lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, tras los escándalos por la exhibición de sus
lujos y por la adquisición de una casa en Tepoztlán valuada en más de 12 millones de pesos.
En Morena, tanto Luisa María Alcalde como Andrés Manuel López Beltrán abandonaron la
dirigencia. Dos figuras que mantenían sus parcelas de poder al margen de la voluntad
presidencial.
En el caso del hijo de AMLO, la presión del gobierno de Donald Trump ha sacudido de manera
directa o indirecta a prácticamente todas las estructuras del poder morenista, por el aumento de
su combate a la delincuencia organizada, que incluye a las estructuras políticas que, según sus
investigaciones, la protegen.
El llamado a Rubén Rocha Moya y a integrantes de su gabinete lo orilló a pedir licencia como
gobernador de Sinaloa, en un conflicto político que encendió las alarmas por un posible
intervencionismo estadounidense.
En Morena, un sector inició las movilizaciones para defender la soberanía nacional. Desde
Palacio Nacional guardaron sus reservas por la posibilidad de que existan evidencias que
comprueben el contubernio del gobierno de Rocha Moya con la delincuencia organizada.
La tormenta política que atraviesa el país mantiene en el ojo del huracán a la presidenta
Claudia Sheinbaum.
Por un lado, los manotazos del obradorismo, diezmado por el paso del tiempo y por los
constantes señalamientos a sus principales figuras por su relación con actividades ilícitas. Por
el otro, la presión del gobierno estadounidense, que ha retirado visas a políticos morenistas.
En un segundo año de gobierno y a un año de distancia de la mitad de su sexenio.
Su proyecto de nación en tela de juicio por la inestabilidad política imperante. Su agenda en
materia de equidad de género amenazada desde el interior y por el fenómeno internacional de
evidentes regresiones en los derechos de las mujeres.
Su intención de acabar con los cacicazgos y el nepotismo en tela de juicio por la presión de los
partidos aliados, con los que aumenta su distancia con el paso del tiempo, y por la
reconfiguración de poderes locales (mayoritariamente priistas).
Con más de la mitad de la élite morenista amedrentada por el gobierno estadounidense.
Y con pocas figuras al interior de su gobierno con suficiente peso político, salvo García Harfuch,
y cuadros provenientes del obradorismo como Marcelo Ebrard y Mario Delgado en el gabinete,
o Ricardo Monreal desde el Poder Legislativo.
Y la inestabilidad en los estados conquistados por las alianzas realizadas desde el gobierno de
AMLO, ahora diezmadas por divisionismos, por la FGR o por el gobierno estadounidense.
Mientras su gobierno intenta recuperar el control del partido y establecer vínculos en los
poderes locales para definir una elección intermedia en la que se juega prácticamente el futuro
de su sexenio.
En medio de una tormenta política que podría escalar a categoría de huracán y cuyos estragos
la mantienen en la línea divisoria entre que todo termine a favor de su proyecto de nación o se
vaya por completo a la deriva.
@pedroalfonso88
