Inteligencia Ciudadana: Economía, Finanzas y más/ Alfredo Torres
Iniciamos un nuevo ciclo en este espacio de reflexión ciudadana, hoy daremos un paso hacia el futuro, hablemos de tecnología, pero no como un dispositivo en nuestros bolsillos, sino como un recurso poderoso contra la opacidad y falta de transparencia en los asuntos de administración pública. Actualmente, el debate sobre la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización se centra en el miedo, ¿reemplazarán los algoritmos y agentes de IA a miles de trabajos formales? No obstante, pasamos por alto que, en un país como México, la verdadera revolución tecnológica no consiste en que un software redacte correos electrónicos o automatice actividades, sino en la posibilidad de aprovechar esta tecnología para implementar sistemas que vigilen, auditen y restrinjan la discrecionalidad del funcionario público, cosas que también puede realizar la inteligencia artificial.
Sabemos bien que el origen de la corrupción y la ineficiencia gubernamental rara vez es un accidente; es un problema de diseño en el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Cuando un contrato millonario depende de la firma y el criterio subjetivo de un burócrata a puerta cerrada, el riesgo de desvío es inminente, los datos oficiales nos confirman esta falla estructural que se ha agravado en los últimos ocho años. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha documentado que la adjudicación directa pasó de ser una excepción legal para convertirse en la norma absoluta. A partir de 2019, 8 de cada 10 contratos del gobierno federal se han realizado mediante procesos sin concursos (adjudicación directa o invitación restringida). La magnitud del problema no es menor, el IMCO identificó que, desde 2020, más del 90 por ciento de las compras y contratos públicos a nivel federal se hicieron a través de la adjudicación directa. Lejos de disminuir, esta práctica consolidó monopolios de opacidad en dependencias clave; por ejemplo, en 2020 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) adjudicó directamente el 99% de su monto gastado, en 2021 el Banco del Bienestar adjudicó directamente el 89%, y en 2022 Diconsa entregó bajo este mismo esquema opaco el 90% de sus más de 19 mil millones de pesos en compras.
¿Cómo solucionar un sistema donde se abusa de la excepción de manera sistemática?, pues retirando el factor humano de la ecuación administrativa y mejorando los procesos. Imaginemos un Estado donde el presupuesto y las licitaciones públicas operan sobre bases de datos interconectadas y modelos de lenguaje automatizados. Un ecosistema digital donde, no hay intermediarios físicos. Si se requiere construir una carretera o comprar medicamentos, los proveedores suben sus propuestas a un sistema central. El cruce de datos es instantáneo, un script de IA verifica en milisegundos si la empresa es de reciente creación (facturera), si tiene el mismo domicilio fiscal que un funcionario, si ha sido sancionada, o si sus precios están inflados respecto al mercado global. Bloqueo automático, si el sistema detecta una anomalía o un intento de adjudicar directamente algo que por monto debe licitarse, simplemente no permite que se libere el pago. El código prácticamente se convierte en la ley.
A diferencia de un comité de adquisiciones, un algoritmo bien diseñado y de código abierto no tiene compadres, no necesita financiar campañas políticas y no cobra sobornos. En este modelo de gobernanza digital, la rendición de cuentas ocurre en tiempo real y antes de que el dinero desaparezca, no a través de auditorías lentas que llegan años tarde y terminan en impunidad. Para construir instituciones eficientes y proteger la economía de los ciudadanos, necesitamos rediseñar con arquitectura tecnológica. La verdadera modernización del Estado no es tener páginas web más bonitas o redes sociales activas, sino implementar sistemas y protocolos automatizados que hagan matemáticamente imposible el abuso del erario. Entonces reflexionemos, si el uso de la IA y bases de datos automatizadas puede eliminar la discrecionalidad en el manejo del dinero público, ¿por qué no integrar estas herramientas en los procesos de licitación gubernamental?
