La Talacha/Francisco Cuéllar Cardona
¿De qué delito no se ha acusado a Francisco García Cabeza de Vaca, legal y mediáticamente?
De casi todo. Se le ha dicho de todo: corrupción a gran escala, vínculos con la delincuencia
organizada, homicidios, persecuciones políticas y todos los delitos que se puedan sumar y
documentar.
Es un político del PAN que ha hecho mucho daño, no solo a Tamaulipas, sino al país, y que se
ha envuelto cínicamente en una falsa bandera, jurando desde su otra patria, la gringa, que es
un perseguido político.
Existe, sin embargo, un delito que falta añadirle a García Cabeza de Vaca y que es, quizás, el
más grave que una ciudadana o un ciudadano mexicano puede enfrentar: traición a la patria.
Este delito lo han enfrentado, a lo largo de la historia, personajes que se han puesto del lado de
los enemigos del país y han hecho alianzas con ellos para dañar a la nación. Por citar algunos
casos, están Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Por sus actos como gobernador y por sus propias declaraciones, ¿merece Cabeza de Vaca ser
inscrito en esa galería de ciudadanos indeseables, como un traidor a la patria?
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, está siendo investigada por ese delito, mientras
que su exfiscal César Jáuregui ya está en prisión y enfrenta un proceso por esa causa.
Maru Campos y César Jáuregui permitieron que agentes del FBI ingresaran al país de forma
ilegal para investigar a los cárteles y perseguir delincuentes, además de colaborar en su
captura.
Todo esto pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un
gobernador mexicano cuando decide colaborar con autoridades de Estados Unidos en asuntos
de seguridad?
El 13 de junio de 2018, el Congreso de Tamaulipas, por medio del grupo parlamentario de
Acción Nacional, respaldado por Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, aprobó un punto de
acuerdo para felicitar y reconocer a Cabeza de Vaca por el programa “Campaña de Seguridad y
Prosperidad”, emprendido por el gobierno de Tamaulipas y siete agencias del gobierno
estadounidense.
El objetivo de esta campaña, se dijo en su momento, era combatir el tráfico de armas y drogas,
la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero, entre otros delitos con
presencia en la zona fronteriza.
Las agencias estadounidenses con las que Cabeza de Vaca se comprometió a colaborar fueron
Homeland Security, que agrupa a Air Marine Operations, Customs and Border Protection,
Homeland Security Investigations y Border Patrol; el Departamento de Estado; la Drug
Enforcement Administration (DEA), y U.S. Citizenship and Immigration Services. Las agencias
estadounidenses participaban a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente
creado para combatir la delincuencia en el corredor de Texas.
Durante varias semanas de 2018, el gobierno de Tamaulipas colocó y pagó espectaculares en
territorio fronterizo, tanto del lado mexicano como del texano, con fotografías de líderes
criminales y ofertas de recompensas millonarias por sus cabezas.
El 15 de abril de 2022, Cabeza de Vaca firmó con Greg Abbott, gobernador de Texas, un
memorándum de entendimiento que comprometía a Tamaulipas a reforzar los controles
fronterizos, combatir el tráfico de personas y el contrabando de drogas, realizar operaciones
conjuntas y recurrentes en la ribera del río Bravo e intercambiar información del Centro de
Vigilancia C5 de Reynosa con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
El documento establecía compromisos concretos para el gobierno tamaulipeco, incluidos el
despliegue de recursos y personal, la vigilancia fronteriza y el intercambio de información con
autoridades extranjeras. Para este efecto, no se informó previamente al gobierno federal, lo que
plantea interrogantes sobre la legalidad del acuerdo y sus posibles implicaciones para la
soberanía nacional.
El artículo 117, fracción I, de la Constitución prohíbe a los estados —y Cabeza de Vaca lo hizo
— celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. A su vez, la Ley sobre la
Celebración de Tratados regula los acuerdos interinstitucionales y establece límites a su
contenido y a las competencias de las autoridades que los suscriben.
Con estos antecedentes y dadas las circunstancias actuales, corresponde a la Fiscalía General
de la República, al Senado y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores revisar la
naturaleza jurídica de aquel memorándum, sus cláusulas y el procedimiento mediante el cual
fue firmado por Cabeza de Vaca y Greg Abbott.
Incluso, el asunto adquiere otra dimensión por las propias declaraciones de Cabeza de Vaca.
En entrevistas difundidas en agosto y septiembre de 2026, el exgobernador reconoció que
durante más de 20 años colaboró con gobiernos y agencias estadounidenses. También
confirmó que, cuando gobernó Tamaulipas, trabajó con siete agencias de Estados Unidos en
asuntos relacionados con la seguridad.
El exmandatario defendió esa colaboración y sostuvo que su propósito era contribuir al
restablecimiento del orden, la paz y el Estado de derecho en México. Sin embargo, la pregunta
sigue en pie: ¿con qué autorizaciones, bajo qué protocolos y dentro de qué límites legales se
llevó a cabo esa colaboración?
Lo relevante y preocupante aquí es conocer qué información compartió Cabeza de Vaca, bajo
qué protocolos, con qué autorizaciones y hasta dónde llegaron las obligaciones que asumió
durante su gobierno.
Y si hoy el caso de Chihuahua obliga a discutir los límites de la colaboración con agencias
extranjeras, la actuación de Cabeza de Vaca en Tamaulipas también merece investigarse,
porque, a primera vista, el caso del tamaulipeco parece más grave que lo ocurrido con la
gobernadora Maru Campos.
La ley no puede aplicarse con una vara para unos y otra para otros. Si las autoridades
mexicanas consideran que la colaboración con agentes extranjeros en Chihuahua amerita una
investigación, deben explicar también qué hicieron, qué dejaron de hacer y qué
responsabilidades podrían derivarse del acuerdo suscrito en Tamaulipas. La soberanía nacional
no puede defenderse a conveniencia ni convertirse en una bandera que se levanta contra unos
y se guarda frente a otros.
Cabeza de Vaca tiene mucho que explicar. Sus declaraciones, los acuerdos que firmó y los
compromisos que asumió con agencias estadounidenses obligan a las autoridades a revisar el
caso a fondo, sin privilegios ni excepciones.
Si de esa investigación surgen elementos para acreditar delitos, que se proceda en su contra. Y
si existen responsabilidades por haber comprometido atribuciones del Estado mexicano, que se
determinen y se sancionen. Porque la patria no es propiedad de un gobernador, ni la seguridad
nacional un asunto que pueda negociarse a espaldas de las instituciones.
En conclusión, por sus dichos y sus actos, Cabeza de Vaca dede rendir cuentas. Además de los
delitos que se le imputan, hay elementos y argumentos para que enfrente el delito más grave
de los trae en contra: traición a patria.
