Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Los diputados locales de la LXVI Legislatura fueron electos para
cumplir un período constitucional de tres años. Sin embargo, desde
antes de iniciar su tercer tercio (el día primero próximo pasado) la
mayoría se ha distraído y lo sigue haciendo con el tema electoral.
Hay quienes codician encaramarse en el Congreso de la Unión y otros
en las alcaldías.
Cualquier intención de crecimiento personal o política, es válida, cierto,
aun cuando los aludidos se hayan comprometido ante sus propios
votantes a cumplir su función (cabalmente) –la ley se los permite–,
pero lo discutible es que se valgan del cargo para brincar a otro,
dejando pendiente el trabajo legislativo.
Sobre todo, cuando ejercen en conjunto $ 466 millones 406 mil 867.83
y poco han hecho en beneficio poblacional.
Hay gastos legislativos justificables, ciertamente, por ser una inversión
en ‘beneficio’ de la sociedad. Pero algunos terminan convirtiéndose en
una carga con cargo a los impuestos, por la opacidad con que se
manejan.
Lo comento porque, en México, existen mil 123 diputados que integran
los congresos de las 32 entidades federativas (del país) –incluida la
Ciudad de México– que, cada año, le significan un gasto aproximado
de 20 mil 538 millones de pesos al erario –alrededor de 56.3 millones
de pesos al día–. Y lo más lamentable es que los diputados poco
producen.
La cifra no es menor. Y menos, todavía, cuando se observa que (en no
pocas ocasiones) el ciudadano tiene la impresión de que esos recursos
son desviados para mantener estructuras políticas federales y/o
estatales.
En teoría, un diputado local debería representar los intereses de sus
electores, fiscalizar al Poder Ejecutivo, revisar rigurosamente el
ejercicio del presupuesto, proponer leyes útiles y convertirse en
contrapeso del gobierno en turno.
Pero en la práctica, sin embargo, no siempre ocurre así.
Muchas veces, el Congreso local termina convertido en una extensión
del Poder Ejecutivo –particularmente cuando la mayoría legislativa
tiene la misma pertenencia partidista–, y es precisamente cuando el
debate pierde fuerza y la oposición se reduce a una expresión
testimonial y las iniciativas que realmente importan terminan
aprobándose en automático.
Esto, desde luego, también cuesta. Y es un gasto que no parece tener
medida.
Lo más cuestionable es que el costo de los congresos locales no tiene
una proporción razonable entre las 32 entidades, incluyendo a la CdMx.
Hay ejemplos que resultan difíciles de explicar a la cámara baja que se
encargó de aprobar el presupuesto federal como a los congresos
locales al fijar montos desiguales para sus legislaturas.
En Baja California, cada uno de sus 25 diputados representa un costo
anual de alrededor de 34.8 millones de pesos, entre dietas y recursos
para asistencia social.
Pero en Guerrero, en cambio sus 46 legisladores, en conjunto, apenas
reciben cerca de 17 millones de pesos por los mismos conceptos.
¿Por qué semejante diferencia?
¿Quién determina cuánto vale un diputado en una entidad y cuánto en
otra?
¿Con qué criterios se establecen las dietas, compensaciones, apoyos,
prerrogativas y demás recursos que reciben?
¿Y dónde está la justificación cuando los resultados legislativos y de
fiscalización no parecen corresponder con el tamaño de los
presupuestos?
Hace tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el dedo en
la llaga al plantear la posibilidad de homologar las partidas
presupuestarias tomando en consideración las circunstancias
particulares de cada estado.
La propuesta, sin embargo, no prosperó.
Los intereses políticos, terminaron imponiéndose. Como suele suceder
cuando se pretende tocar privilegios de quienes deciden sobre los
recursos públicos, pues cuando se trata de bajar gastos, todos hablan
de austeridad. Pero cuando se trata de tocar los beneficios propios, esa
austeridad parece tener otros destinatarios.
Tamaulipas no es la excepción.
Sin embargo, decir que existe austeridad, no necesariamente significa
que exista un Congreso austero, eficiente y verdaderamente útil.
Son cosas distintas, porque el ciudadano tamaulipeco no solamente
tiene derecho a saber cuánto cuesta su Congreso; también tiene
derecho a saber qué obtiene a cambio.
¿Cuántas leyes aprobadas han cambiado realmente la vida de los
tamaulipecos?
¿Cuántas iniciativas han servido para resolver problemas de seguridad
y salud, educación, infraestructura, transporte, agua, agropecuarios,
trabajo y desarrollo económico?
Otras: ¿Qué investigaciones legislativas se han concretado para que
los saqueadores de las arcas públicas paguen por sus ilícitos? ¿Y
cuando los diputados locales han ejercido realmente su función de
contrapeso ante el Poder Ejecutivo?
El problema se vuelve todavía más grave cuando el diputado atiende
como obligación principal atender la línea política marcada por su
bancada. Y si nunca contradice al Ejecutivo, no significa un verdadero
contrapeso.
De cualquier forma, por calles y avenidas pululan diputados locales en
su placeo electoral.
Y, que conste, me refiero a los integrantes de todos los membretes.
Correo: jusam_gg@hotmail
