Perla Reséndez
Expreso-La Razón
Dos detenciones realizadas el mismo día en el sur de
Tamaulipas reactivaron la atención sobre dos
investigaciones por homicidios múltiples que marcaron la
historia reciente del estado: la masacre de 19 personas,
en su mayoría migrantes, en Camargo, ocurrida en 2021,
y la muerte de ocho personas en hechos registrados en
Nuevo Laredo en 2019.
En ambos casos, las indagatorias concluyeron que los
responsables fueron agentes de corporaciones de
seguridad del propio Gobierno estatal.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó
que el 26 de octubre de 2026 fueron detenidas Berenice
“N”, alias “La China” o “La Sheena”, y Edith “N”, ambas
mediante órdenes de aprehensión emitidas por jueces de
control.
En el primer caso, agentes de la Policía de Investigación
cumplimentaron una orden contra Berenice “N”,
exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales
(Gopes), por su probable participación en el delito de
homicidio calificado. La detención se realizó en la colonia
Albañiles, en Altamira, y su caso está relacionado con los
hechos ocurridos en enero de 2021 en el municipio de
Camargo.
La masacre de Santa Anita
El 22 de enero de 2021, en un camino de terracería del
ejido Santa Anita, en Camargo, autoridades localizaron
dos vehículos calcinados; en el interior de una camioneta
se encontraban los cuerpos de 19 personas. De acuerdo
con la información oficial, entre las víctimas había 16
guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos,
quienes fueron asesinados con armas de fuego y
posteriormente incinerados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) acreditó violaciones graves a los derechos
humanos de las víctimas, cinco de las cuales tenían
entre 15 y 17 años de edad, así como el uso ilegítimo de
la fuerza por parte de los agentes.
Camargo forma parte de la llamada Frontera Chica,
corredor utilizado para el trasiego de drogas y el tráfico
de personas hacia Texas. Las investigaciones
establecieron que los migrantes fueron perseguidos por
policías estatales e integrantes del entonces Gopes de la
Secretaría de Seguridad Pública.
Las pruebas de balística confirmaron que al menos 12
agentes dispararon, y las autopsias determinaron que las
víctimas murieron por heridas de bala o por quemaduras.
En este caso, integrado en el proceso penal 23/2021, el
juez Patricio Lugo Jaramillo declaró culpables a doce
expolicías estatales. En 2023, once de ellos fueron
sentenciados a 50 años de prisión y uno más, Ismael “V”,
a 19 años por abuso de autoridad y delitos contra la
administración de justicia, luego de colaborar con las
investigaciones al confesar cómo operó el grupo policial y
la manipulación de la escena de la masacre.
El expediente no se cerró con esas sentencias. En 2024,
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo en Kyle,
Texas, a Alan “A”
, otro exagente del Gopes señalado por
su participación en los hechos, quien fue entregado a las
autoridades mexicanas.
A ello se sumó el caso de José Arturo “N”, alias
“Baltazar”. El exagente fue detenido el 30 de marzo de
2026 y vinculado a proceso por homicidio calificado,
abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño
de funciones; sin embargo, el 3 de abril se fugó del
Centro de Justicia Penal de Ciudad Victoria. La Fiscalía
ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos por
información para su localización, y dos elementos de la
Policía Procesal fueron vinculados a proceso por su
presunta responsabilidad en facilitar la evasión. A finales
del mes pasado fue recapturado en el ejido Santa
Engracia, en el municipio de Hidalgo, donde ya se había
enrolado con un grupo criminal.
En enero pasado, al cumplirse cinco años de la masacre,
familiares de las víctimas realizaron un acto de memoria
en Guatemala, donde exigieron al Estado mexicano la
reparación integral del daño y una disculpa pública.
Organizaciones que acompañan a las familias han
señalado que, pese a las condenas, el móvil de los
asesinatos no ha sido esclarecido.
Segunda detención por ocho homicidios
Ese mismo 26 de octubre, agentes investigadores
detuvieron a Edith “N” en la zona centro de Tampico, en
cumplimiento de una orden judicial relacionada con una
investigación iniciada en Nuevo Laredo.
La mujer es señalada por su probable responsabilidad en
los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad,
falsedad en informes dados a una autoridad y
allanamiento de morada.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que se le imputan
están relacionados con la muerte de ocho personas,
cinco hombres y tres mujeres, el 5 de septiembre de
2019 en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
Las víctimas fueron identificadas como Wilbert, de 20
años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34; Juana Yetzel, de
20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis
Fernando, de 19, y José Daniel, de 19.
Ese día, la Secretaría de Seguridad Pública de
Tamaulipas presentó el hecho como un enfrentamiento
con civiles armados, presuntamente integrantes del
Cártel del Noreste, a quienes mostró con ropa táctica de
tipo militar y armas de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas.
Días después, el Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo, encabezado por Raymundo Ramos,
difundió imágenes, videos y testimonios que
contradecían la versión oficial. Según la organización, las
víctimas fueron sacadas de sus domicilios, trasladadas a
una vivienda donde fueron torturadas, vestidas con
uniformes que no correspondían a sus tallas y
ejecutadas. Un conductor de grúa municipal declaró
haber recibido instrucciones de policías estatales para
llevar un vehículo al lugar donde después se reportó el
supuesto tiroteo.
Investigaciones posteriores demostraron que los policías,
integrantes del Centro de Análisis, Información y Estudios
de Tamaulipas (CAIET), alteraron la escena del crimen,
colocaron casquillos percutidos y modificaron el lugar
para simular un enfrentamiento. La CNDH abrió una
investigación, el entonces presidente Andrés Manuel
López Obrador declaró que debía haber un castigo
ejemplar si se confirmaba la ejecución extrajudicial, y la
Secretaría de Seguridad Pública suspendió
temporalmente a los agentes que participaron en el
operativo.
El 23 de septiembre de 2019, a petición de la Fiscalía
Especial para el caso Nuevo Laredo, un juez de control
libró órdenes de aprehensión contra siete agentes
identificados como José, Guadalupe, Juan, Edith,
Concepción, Francisco y Urbina, todos de apellido “N”.
Dos policías del CAIET fueron detenidos e internados en
el penal de Tula, de donde años después fueron
liberados.
Otros tres se entregaron voluntariamente y recibieron un
criterio de oportunidad; quedaron exentos de la prisión
preventiva a cambio de confesar el montaje y actuar
como testigos colaboradores, por lo que el fiscal especial
Adelfo Gabriel González Pérez solicitó cancelar las
órdenes en su contra. Los dos agentes restantes, una
mujer y un hombre, permanecían prófugos; la Fiscalía
ofreció por ellos una recompensa que inicialmente fue de
200 mil pesos y posteriormente de 250 mil.
En octubre de 2021, la defensa de los dos policías
encarcelados ofreció a las familias 123 mil pesos como
indemnización para evitar el juicio, propuesta que fue
rechazada. En diciembre de 2024, la CNDH emitió la
Recomendación 173VG/2024 dirigida a la Secretaría de
Seguridad Pública estatal, en la que atribuyó la
responsabilidad al personal del CAIET y excluyó al
Ejército y a la Policía Estatal, lo que fue cuestionado por
el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En octubre de 2025, tras una huelga de hambre de casi
tres días, sobrevivientes y familiares de las víctimas
recibieron del Gobierno de Tamaulipas una propuesta
para dar cumplimiento a la recomendación, que
contempla la reparación integral del daño y atención
psicológica. En esa ocasión, el Comité sostuvo que la
carpeta no podía considerarse cerrada mientras no se
capturara a los prófugos ni se revisara la situación
jurídica de los policías beneficiados con el criterio de
oportunidad.
