Por Raúl López García
La Razón
Las agresiones contra maestros no deben quedar impunes y quienes golpeen, amenacen o intimiden a los docentes deben enfrentar consecuencias legales, advirtió la diputada local de Morena, Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, al defender una propuesta para reforzar la protección del magisterio ante la violencia dentro y fuera de las escuelas.
“Aquí se trata de que se haga para los maestros justicia”, sostuvo la legisladora, quien señaló que el problema no se limita a las agresiones físicas, sino que también incluye amenazas y presiones que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores de la educación. Afirmó que en Tamaulipas se han registrado situaciones preocupantes, particularmente en el sur del estado, mientras que en otras entidades del país se han reportado casos de maestros asesinados.
Anzaldúa Nájera relató que, durante su trayectoria como docente en una escuela normal, recibió testimonios de practicantes que enfrentaban intimidaciones de alumnos para obligarlos a modificar sus calificaciones. “Es que hay un niño que dice que su papá le dijo que si no le pongo 10, me va a hacer esto, me va a hacer esto otro”, recordó sobre uno de esos casos, en los que las amenazas presuntamente provenían de los propios padres de familia.
La diputada responsabilizó a las familias que alientan a sus hijos a responder con violencia en lugar de buscar soluciones por la vía escolar. “Anteriormente en las casas nos decían: si alguien te pega, le vas a decir a la maestra. Ahora dicen: si te pegan, regrésasela”, cuestionó. Advirtió que frenar estas conductas requiere la participación de los padres, pues, afirmó, “la escuela no solamente educa, también forma, pero el hogar es la primera escuela”.
Sobre las consecuencias para los agresores, explicó que la respuesta debe ajustarse a la edad y a las disposiciones legales aplicables, tanto para mayores como para menores de edad. “Se tienen que poner correctivos sí o sí, porque nuestros maestros estamos en peligro”, expresó. También mencionó las amenazas que, según su testimonio, algunos alumnos lanzan contra sus profesores al asegurar que sus familiares tienen vínculos con el crimen organizado, una situación que relacionó con casos ocurridos en Reynosa.
La legisladora sostuvo que las agresiones deben acreditarse antes de aplicar cualquier sanción y aclaró que la protección al magisterio no significa encubrir conductas indebidas de los propios docentes. “No estamos defendiendo a los maestros que son agresores”, puntualizó, al rechazar también cualquier tolerancia hacia los tocamientos o abusos contra niñas estudiantes. Aseguró que el objetivo es establecer condiciones de respeto y seguridad para ambas partes, sin dejar de investigar las denuncias que se presenten.
Anzaldúa Nájera reconoció que existen acusaciones contra maestros que pueden resultar falsas y afirmó que estas situaciones también deben atenderse. Sin embargo, no detalló durante la entrevista qué procedimiento específico se aplicaría para acreditar una denuncia dolosa ni cuáles serían las sanciones correspondientes. Sobre los estudiantes mayores de edad, insistió en que deben responder conforme a la ley y cuestionó que la edad pueda utilizarse como argumento para eludir consecuencias por agresiones graves.
La discusión sobre la seguridad docente cobra relevancia ante la necesidad de precisar qué mecanismos legales están vigentes en Tamaulipas y cuáles requieren fortalecerse. La legisladora insistió en que no es posible normalizar las amenazas ni permitir que los maestros trabajen bajo intimidación; no obstante, la aplicación de cualquier medida deberá respetar el debido proceso, distinguir entre adultos y adolescentes y garantizar que tanto docentes como estudiantes reciban protección frente a la violencia.
