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Hotel en la Laguna: larga ruta jurídica

  • octubre 16, 2026
  • 7:40 am

Staff

Expreso-La Razón

 

El Cabildo de Tampico aprobó el miércoles, por mayoría, desincorporar un predio de 26 mil 292 metros cuadrados del parque de la Laguna del Carpintero para destinarlo a un hotel de 140 habitaciones asociado a la marca Fiesta Americana, con una inversión estimada en 36 millones de dólares. 

El acuerdo no autoriza todavía la construcción, pero avala el inicio de un procedimiento que debe pasar por la Federación, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que colectivos ambientalistas anticipan llevar a tribunales federales.

El terreno se ubica junto al Recinto Ferial y al Puente Tampico, y actualmente funciona como estacionamiento para algunos eventos de la Expo. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya ha sostenido que el área está libre de vegetación, mangle y fauna silvestre. El proyecto lo encabeza Grupo Ideurban, firma de desarrollo urbano fundada en 1974 por el ingeniero David Serur Edid y dirigida actualmente por José Serur.

El municipio no puede vender el terreno de forma directa, porque forma parte de bienes de origen federal que fueron cedidos a Tampico con una condición de destino: su uso para el proyecto ecológico y recreativo de la Laguna del Carpintero. 

Una venta a particulares contravendría esa condición y podría provocar la reversión de la donación. Por ello, el acuerdo de Cabildo contempla un mecanismo en cuatro etapas. En la primera, aprobada el miércoles, el Ayuntamiento revirtió parcialmente la propiedad para volver a trasladarla al Gobierno Federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

En la segunda, la Federación enajenará el predio al Gobierno de Tamaulipas, que actúa como comprador ante el Indaabin. En la tercera, el Gobierno del Estado aporta el terreno a un fideicomiso que servirá para formalizar la inversión privada del hotel y captar los recursos del proyecto.

En la cuarta, según el esquema planteado por el Gobierno municipal, los recursos regresarán a Tampico por dos vías: financiamiento de obras locales, entre ellas la rehabilitación del Centro Histórico, y una partida etiquetada para la conservación y mantenimiento de la propia laguna.

Ahora cada etapa requerirá de actos administrativos separados: la enajenación dependen de dictámenes y avalúos del Indaabin; la aportación al fideicomiso implica un decreto o acuerdo del Ejecutivo estatal, y la operación con el desarrollador requerirá contratos que definan si el terreno se vende, se arrienda o se aporta en coinversión. 

La alcaldesa declaró en julio que, una vez concluido el proyecto ejecutivo, correspondería al Gobierno del Estado dar a conocer los siguientes pasos.

El esquema reproduce, con otra estructura, el que operó durante dos décadas. 

En 2001 los terrenos de la laguna fueron desincorporados del patrimonio municipal y transferidos al Fideicomiso Público 80140 “Pro-Desarrollo de la Laguna del Carpintero”, con un comité técnico integrado por representantes del Estado, el municipio y la sociedad civil. Ese fideicomiso fue extinguido por decreto durante la LXV Legislatura.

 

El Impacto Ambiental 

 

Sin autorización de impacto ambiental de la Semarnat, cualquier obra física en el predio puede ser clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

En respuestas a solicitudes de transparencia previas, la Semarnat reportó que no tenía registro de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el complejo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fija a la Semarnat un plazo de 60 días hábiles para resolver una MIA, prorrogable hasta por otros 60 cuando el proyecto lo amerite, sin contar el tiempo de integración del estudio ni las solicitudes de información adicional. 

En proyectos cercanos a humedales costeros, la evaluación incluye la distancia a las zonas de manglar, especie protegida por la NOM-059.

El caso tiene un antecedente judicial directo. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 307/2016, promovido por vecinos contra el Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero. 

La Corte determinó que el municipio actuó sin manifestación de impacto ambiental y puso en riesgo el ecosistema, contra el principio precautorio, el principio in dubio pro natura y el de no regresión. Ordenó suspender el proyecto y revocar los permisos otorgados.

Ese fallo reconoció el interés legítimo de los habitantes cercanos para impugnar obras que afecten un humedal. Con base en ese criterio, los colectivos ambientalistas, que en julio entregaron más de 6 mil firmas al Ayuntamiento contra el hotel, preparan juicios de amparo indirecto contra el acuerdo de desincorporación y contra las autorizaciones ambientales que llegaran a emitirse. Buscan suspensiones provisionales y definitivas que detengan la obra mientras se resuelve el fondo.

La integración de la MIA y las autorizaciones sectoriales podría tomar entre seis y 12 meses, pero un litigio de amparo con recursos de revisión ante tribunales colegiados puede extenderse de uno a tres años.

 

De pantano a parque

 

La Laguna del Carpintero ha pasado por etapas muy distintas de aprovechamiento desde la fundación de Tampico.

Hacia 1820 la laguna era el patio trasero de la naciente ciudad y marcaba el límite norte de la zona poblada. La conexión que se construyó con el río Pánuco a través del Canal de la Cortadura mejoró parcialmente su condición, pero a finales del siglo XIX la laguna era prácticamente un pantano, tanto que incluso las autoridades de la época consideraron desecarla.

En ese periodo también se proyectó un canal hacia el norte para unirla con la laguna del Chairel, obra que no se concluyó. Ya en el siglo XX, el arquitecto Lazo propuso puentes sobre el cuerpo de agua hacia la margen del Pánuco y el norte de Veracruz, que tampoco se construyeron.

Hacia los años 50 la mancha urbana llegaba a la actual avenida Ejército Mexicano y rodeaba la laguna, que recibía buena parte de las descargas residuales de la ciudad.

Se estima que durante los inicios y la mitad del siglo pasado, la laguna perdió hasta el 30% de su superficie gracias a rellenos, legales y clandestinos.

 

Una larga historia 

 

En la época moderna, los terrenos fueron donados al municipio por Petróleos Mexicanos con condicionantes, cuyo incumplimiento revertiría la donación.

En 2006, el alcalde Fernando Azcárraga planteó un megaproyecto que incluía un parque ecológico, un centro de convenciones y un centro comercial. 

La misma iniciativa señaló que el alcalde obtuvo de Pemex que a la condicionante de la donación se agregara la palabra “centro comercial”, lo que los legisladores consideraron contrario al propósito de la donación. También sostuvieron que, al estar los terrenos en el fideicomiso, el alcalde carecía de facultades para gestionar ese cambio.

En mayo de 2007, la LIX Legislatura exhortó al comité técnico del fideicomiso a que el proyecto se ajustara al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna del Carpintero.

En 2013, la alcaldesa Magdalena Peraza impulsó el Parque Temático Ecológico con recursos municipales, estatales y privados. Las obras implicaron la tala de 6.8 hectáreas de mangle en la parte norte de la laguna, donde convergen el bulevar López Mateos y el Perimetral, para construir ciclopistas, estacionamiento, una fuente de sodas y jardines con especies exóticas.

El 1 de julio de 2013, Hilda Gómez presentó la demanda de amparo junto con un colectivo de organizaciones ambientalistas. El juez de distrito negó la legitimación de los quejosos. La Suprema Corte atrajo el caso y en 2018 revocó esa decisión. La sentencia es hoy citada como precedente nacional en materia de derecho a un medio ambiente sano.

Tras el fallo se programó la restauración de ocho hectáreas de mangle con una inversión de 9 millones de pesos. 

Staff

Expreso-La Razón

 

La empresa que pretende levantar el hotel en la Laguna del Carpintero no es nueva en proyectos que combinan inversión privada, suelo de alto valor y decisiones de gobierno. 

Grupo Ideurban, fundado en 1974 por el ingeniero civil David Serur Edid, construyó su trayectoria en la Ciudad de México en la planeación y gerencia de obras de gran escala.

Serur Edid encabezó el grupo hasta su fallecimiento en enero de 2021. A lo largo de cinco décadas, la empresa ha participado en proyectos habitacionales, hoteleros y corporativos, principalmente en el centro y norte del país.

Entre las obras vinculadas con su trayectoria figuran la Torre Libertad, que alberga el hotel St. Regis Mexico City, y las torres residenciales Residencial del Bosque, en Polanco, Ciudad de México, concebidas bajo el diseño del arquitecto César Pelli.

En el sector turístico, la compañía también registra participación en la coordinación de obra del Hotel Camino Real Ixtapa, diseñado por Ricardo Legorreta, así como en desarrollos en destinos como Mazatlán y otras regiones del país.

La trayectoria de su fundador también estuvo relacionada con proyectos de infraestructura vial en la capital mexicana. A principios de la década de 2000, David Serur cobró notoriedad por su participación en el anteproyecto de los segundos pisos viales de la Ciudad de México, una iniciativa que se concretó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.

Tras la muerte de Serur Edid, la empresa mantuvo su operación bajo una estructura directiva integrada por José Serur, como director ejecutivo; Charles Azar, como director de operaciones, y Salha Serur, en el área administrativa.

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