Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Hay decisiones económicas que se aprueban en cuestión de minutos,
pero las consecuencias terminan pagándose durante años. Y eso
parece ocurrir con la Ley de Ingresos 2027, cuya aprobación en la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abrió la puerta a
nuevo endeudamiento público por cantidades que obligan, cuando
menos, a cuestionar la responsabilidad con que se manejan las
finanzas nacionales.
En apenas dos horas y sin modificaciones, 26 legisladores de morena,
PVEM y el PT aprobaron el dictamen, frente a 11 votos en contra del
PAN, PRI y MC.
La rapidez de ese procedimiento legislativo, contrasta con la magnitud
de los compromisos financieros que se pretende autorizar, aunque vaya
de por medio la contratación de más deuda pública como solución.
Dicha propuesta contempla un techo de endeudamiento interno de 1.7
billones de pesos y otro externo de 13 mil 500 millones de dólares —
para el gobierno federal–, y a ello se suman las autorizaciones para
que Petróleos Mexicanos (Pemex) contrate también una deuda interna
por hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y externa por 5 mil 259.4
millones de pesos.
No se trata de cantidades menores, ciertamente. Ni de compromisos
que puedan despacharse como un simple trámite legislativo, pues
estamos hablando de recursos que, tarde o temprano, deberán cubrirse
con los ingresos públicos, comprometiendo la capacidad financiera del
Estado.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué los ingresos estimados no
alcanzan para cubrir el gasto federal y la respuesta consiste, una vez
más, en recurrir al endeudamiento?
La recaudación proyectada considera 3 billones 288 mil 975.3 millones
de pesos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR); un billón 768
mil 17.3 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 828 mil 256
millones mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), tal como lo advertí en colaboración anterior.
Son cifras que reflejan el peso de los contribuyentes para sostener el
aparato gubernamental, pero también exhiben la necesidad de explicar
con claridad por qué semejantes ingresos resultan insuficientes.
Es que una cosa es contratar deuda para financiar a la infraestructura
productiva, fortalecer servicios públicos o desarrollar proyectos
estratégicos que generen beneficios duraderos, y otra, muy distinta, es
utilizar el crédito para cubrir necesidades de gasto sin demostrar con
precisión qué resultados obtendrá la población a cambio.
Esa es precisamente una de las principales objeciones formuladas por
la oposición, cuyos integrantes advirtieron que el endeudamiento
histórico podría destinarse a gastos del gobierno y no necesariamente a
proyectos de infraestructura. El señalamiento merece una respuesta
sustentada en cifras, programas y compromisos verificables, no
solamente en discursos partidistas.
En contraste con las críticas al endeudamiento, morena destacó las
medidas propuestas para combatir el huachicol fiscal, que representa
un problema para la recaudación y la legalidad del mercado de
combustibles.
Sin embargo, el combate a la evasión fiscal no puede quedarse en el
terreno de los anuncios. Los legisladores de oposición cuestionaron
que los titulares del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Procuraduría Fiscal no acudieran ante la Cámara de Diputados para
informar sobre los resultados obtenidos y las acciones emprendidas
contra quienes presuntamente participan en estas operaciones.
La exigencia es elemental: si el gobierno asegura que combate el
fraude fiscal, debe presentar resultados, explicar los mecanismos
utilizados y transparentar las responsabilidades que se hayan
acreditado.
No basta con presumir nuevas medidas de vigilancia mientras persisten
interrogantes sobre los montos recuperados, las investigaciones
abiertas y las sanciones impuestas. Mucho menos cuando, al mismo
tiempo, se solicita autorización para contratar deuda por cantidades
extraordinarias.
La rendición de cuentas no debe ser opcional ni depender de la
conveniencia política de los funcionarios. Los recursos públicos
pertenecen a la sociedad y es a ella a quien deben explicarse tanto los
ingresos como los gastos y los compromisos financieros.
Como fuere, dicho dictamen fue turnado al pleno para su discusión y
votación. Y en el debate, todos los legisladores tienen la
responsabilidad de revisar no solamente las cifras, sino también las
razones que sustentan la necesidad de contratar nuevos pasivos.
Aprobar un techo de endeudamiento no significa que todo el monto
autorizado vaya a utilizarse automáticamente; sin embargo, sí concede
al gobierno un margen considerable para recurrir al crédito. Por eso, la
discusión debe centrarse en su justificación, destino, costo y
repercusiones sobre las finanzas públicas.
Este día es crucial para modificar la Ley de Ingresos 2027, aunque de
entrada podría ser aprobada con la mayoría legislativa, sin explicar
cómo se utilizará el dinero público y por qué resulta necesario
comprometer más recursos de las siguientes generaciones.
Pedir prestado, ciertamente, puede resolver una necesidad inmediata,
pero no sustituye una política fiscal responsable. El dinero se gasta
hoy; la deuda permanece mañana, y la factura termina pagándola el
país.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
