El Faro/ Francisco de Asis
El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente.
—Lord Acton
“París a tus pies, chamaquito”. Desde una lujosa suite, un proveedor del INE brinda con el hijo de Guadalupe Taddei. La escena difundida por Latinus se sumó a denuncias periodísticas sobre contratos cuestionados, colaboradores vinculados con empresas proveedoras y reuniones privadas entre funcionarios y contratistas. El problema rebasa aquella habitación: está en las condiciones que permiten convertir un cargo en territorio propio.
Taddei renunció entre señalamientos de presunta corrupción. Poco antes había asegurado que permanecería. Después anunció su salida y Sheinbaum consideró acertada la decisión. Su permanencia se volvió políticamente insostenible. Mi juicio sobre ese desenlace es contundente: la corrupta útil se convirtió en corrupta desechable. Las responsabilidades investigadas deberán esclarecerse; la responsabilidad política exige explicaciones.
El Órgano Interno de Control informó de 16 expedientes abiertos durante 2025 y 2026, once relacionados con contrataciones, además de otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones. El contralor fue citado a comparecer. Debe explicar qué sabía, desde cuándo y qué hizo para contener las posibles irregularidades. Abrir expedientes no agota la obligación de vigilar.
Taddei llegó a la presidencia del INE en abril de 2023, después de ser seleccionada por insaculación en la Cámara de Diputados. López Obrador celebró su designación, defendió su honestidad y reconoció conocer a su familia. Ya en el cargo, impulsó nombramientos de personas de su confianza y sostuvo disputas con otros consejeros para obtener su aprobación.
En octubre de 2024, la mayoría oficialista eliminó ese contrapeso: modificó la ley para permitirle nombrar directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. La modificación se introdujo durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial. La concentración de facultades tuvo responsables dentro y fuera del Instituto.
Debe esclarecerse si ese poder inhibió la vigilancia interna. Los legisladores redujeron los controles y fortalecieron a la presidenta.
Meses antes, el Consejo General que encabezaba había aprobado una asignación que convirtió alrededor de 55% de los votos de Morena y sus aliados en 72.8% de las diputaciones. El Tribunal Electoral confirmó la decisión. Su consecuencia política fue decisiva: el oficialismo obtuvo capacidad para reformar la Constitución sin negociar con la oposición.
El INE ofrece, en pequeño, una imagen del proceso nacional: concentrar decisiones y reducir la capacidad de otros para cuestionarlas.
López Obrador propuso en febrero de 2024 eliminar siete organismos de transparencia, regulación y evaluación. La reforma se promulgó en diciembre, ya con Sheinbaum y con la nueva fuerza legislativa del oficialismo. Uno impulsó el proyecto; la otra continuó su ejecución.
Desaparecieron el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH, el Coneval y Mejoredu. Sus funciones fueron redistribuidas; las del Coneval pasaron al INEGI, que conserva autonomía constitucional. En otros casos se perdió la independencia respecto del Ejecutivo. ¿Quién vigilará ahora al gobierno y con qué libertad para contradecirlo?
A mi juicio, la corrupción ayuda a conservar el poder: puestos, contratos y protección compran lealtades que permiten repartir nuevos beneficios. Debilitar la vigilancia protege ese circuito.
Las denuncias de violencia electoral en Sinaloa y los contratos documentados con empresas de la red de Sergio Carmona en Tamaulipas exigen esclarecer las conexiones entre el dinero, la política y la criminalidad. Pero no se ha hecho. El ejemplo de la cúpula se convierte en pauta de conducta para los subordinados. Taddei lo tomo así.
Por eso no basta con la salida de Taddei y sus incondicionales, ni con sancionar conforme a la ley a quienes resulten responsables. También es necesario restituir los contrapesos cuya ausencia les permitió actuar sin suficiente vigilancia.
Se requiere modificar nuevamente la ley para devolver al Consejo General la aprobación de aquellos nombramientos. Convencer a un grupo exige justificar las propuestas, responder a las objeciones y someter los perfiles al escrutinio de otros. La colegialidad no garantiza honestidad, pero dificulta disponer de la institución como patrimonio personal.
La corrupción desvía recursos públicos hacia beneficios privados. Los sobreprecios, los desvíos y los contratos amañados reducen lo disponible para atender necesidades colectivas. Su costo golpea con mayor dureza a los débiles: quienes no pueden pagar un hospital, seguridad o defensa jurídica dependen de servicios públicos deteriorados.
Parafraseando a León Gieco: la corrupción es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
