Por Staff
La Razón
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma que tipifica el reclutamiento criminal como delito autónomo y fija penas de hasta 25 años de prisión, con protección reforzada para niñas, niños y adolescentes.
El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal respaldó el dictamen que, aseguró, fortalece el combate al reclutamiento forzado.
“Esta reforma representa un paso importante para fortalecer la protección de las personas frente al reclutamiento criminal. Debemos contar con herramientas legales que permitan actuar oportunamente, sancionar a los responsables y proteger especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló.
El legislador añadió que el combate a este delito requiere, además de sanciones claras, acciones de protección para las personas en condiciones de vulnerabilidad.
La modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas cierra un vacío legal: permitirá a las autoridades actuar desde el momento en que una persona es captada para incorporarse a un grupo delictivo, incluso cuando el enganche ocurre mediante engaños, falsas ofertas de trabajo o contactos en redes sociales.
El dictamen establece penas de 10 a 20 años de prisión para la modalidad básica del delito, y de 15 a 25 años cuando medien amenazas, coacción, violencia o abuso de poder. Además, todo reclutamiento de menores de edad será sancionado como forzado, aunque no se acrediten amenazas ni violencia explícita.
La reforma también permite a las fiscalías abrir investigaciones de oficio, sin que la víctima tenga que presentar una denuncia formal, y prevé agravantes para casos específicos.
