Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez
A lo largo de los últimos cien años, la atención de la salud de los mexicanos ha sido una
responsabilidad cumplida por el Gobierno de la República, los gobiernos estatales y los
municipales. Nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y nuestros hijos y nietos, hemos
sido atendidos en los centros de salud, los hospitales generales, y los centros médicos y
hospitales de alta especialidad.
Esta gestión pública de la salud tiene su prueba de éxito más notable en la ampliación de la
esperanza de vida de los mexicanos que pasó de alrededor de 56 años a mediados de la
década de 1960 a 75 años en la actualidad. Ese avance es el producto de un esfuerzo
constante en la edificación de infraestructura, el equipamiento, la profesionalización y la
actualización permanente del personal de salud.
Desde la conclusión de la Revolución Mexicana, los centros de salud y hospitales públicos de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, se encargaron de atender a
toda la población y con la fundación del IMSS en 1943 y del ISSSTE en 1959, el Estado
mexicano amplió y diversificó su capacidad, cubriendo a trabajadores formales y servidores
públicos. Lejos de abandonar a los no asegurados, la estructura de la Secretaría de Salud
siguió operando como la red de atención gratuita y universal para toda la población.
El éxito de este manejo se sustenta en tres pilares. Primero, las campañas masivas de
vacunación, que han permitido controlar enfermedades que antes diezmaban a la población
infantil y mantener a raya brotes epidémicos. Incluso ante amenazas recientes como el
sarampión, la respuesta institucional ha sido rápida y masiva, con millones de dosis aplicadas y
cercos sanitarios para contener la transmisión. Segundo, la incorporación de medicamentos de
última generación y la actualización permanente de médicos y enfermeras en el manejo de
nuevas técnicas y equipos. Tercero, la ampliación de la capacidad hospitalaria: las camas se
han multiplicado conforme la demanda creció con la población, y desde 2018 se ha acelerado
la construcción de nueva infraestructura para revertir el rezago acumulado.
México no ha sido una sociedad enferma ni el lugar de origen de una epidemia de grandes
consecuencias. Por el contrario, gracias al trabajo de las instituciones de salud publica, la
mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas dejaron de ser las principales causas de
muerte. Todos conocemos la historia alguien de nuestra familia, abuelos, tíos, primos, amigos o
vecinos, que fueron llevados a un centro de salud o a la sala de urgencias de algún Hospital
General, del ISSSTE, o del IMSS para ser atendidos hasta recuperar la salud comprometida a
consecuencia de algún accidente, un hecho violento, o una enfermedad grave, y esa historia
queda allí registrada en el anecdotario familiar y se cuenta ante la presencia del o los
sobrevivientes.
Durante la pandemia de COVID-19, la más grande que se ha registrado en el mundo después
de la la influenza en el inicio del siglo 20, en México, de acuerdo con la información del Centro
de Estudios del COVID de la Universidad Johns Hopkins, se presentaron 7.4 millones de
contagios de Covid19, fallecieron más de 334 mil personas y se aplicaron 225 millones de dosis
de vacunas a 99 millones de personas que recibieron por lo menos 1 dosis. El 92% de las
personas contagiadas recibieron atención ambulatoria y, en su caso, atención hospitalaria en
las instalaciones de salud pública, atendidos por el personal médico, de enfermería y
administrativo.
Sin embargo, actualmente por la escasez de medicamentos en todo el mundo, que se inició a
finales de los años 60, cuando caducaron las patentes de los medicamentos producidos por los
grandes laboratorios que dejaron de fabricarlos por su baja rentabilidad, y fueron sustituidos por
genéricos de bajo costo fabricados masivamente en la India y China que no logran abastecer
completamente la demanda. En nuestro país la falta de medicamentos ha hecho crisis, además
de la escasez, por la corrupción y la deficiencia en los mecanismos administrativos de
adquisición y la mala logística de su distribución.
La justa demanda de los trabajadores y usuarios de las instituciones de salud pública de
solución a la escasez de medicinas, mejora salarial y de sus condiciones de trabajo, se ha visto
enturbiada y distorsionada por una campaña de ataques en medios y redes sociales
encaminada a desviar la atención del trabajo que realiza el gobierno fortaleciendo la
infraestructura de los centros de salud y hospitales, su debido equipamiento y la formación y
contratación de más especialistas.
La demanda popular de los médicos, las enfermeras y los usuarios es por la mejora de las
instituciones de salud pública no por su desaparición. Ninguna campaña negativa puede tapar
el sol con un dedo ni cambiar el hecho de que el noventa y dos por ciento de los mexicanos
sabe por experiencia que las instituciones de salud publica han atendido exitosamente su salud
y la de sus familias durante cien años y que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum trabaja
intensamente para recuperar la capacidad de dar atención universal y gratuita a la salud de los
mexicanos.
