Por José Luis Rodríguez Castro
Expreso – La Razón
La defensa de Danna Yanina acusó al Ministerio Público de concentrar seis días de diligencias y 11 tomos de investigación en indagar las condiciones familiares, laborales y domiciliarias de la imputada, en lugar de destinar esos recursos al esclarecimiento del feminicidio de Dafne.
Carlos David Robles Figueroa, asesor legal de Danna Yanina, cuestionó el despliegue de investigaciones dirigidas a comprobar el arraigo de la joven y sus familiares, al considerar que se ha convertido en una actuación intimidatoria para impedir que obtenga una modificación de la prisión preventiva.
“En seis días que llevamos de audiencias que se ha suspendido, le ha dedicado 11 tomos, 11 tomos le ha dedicado en seis días a investigar al señor, a investigar a su mamá, a investigar hasta su mamá del señor, es decir, a la abuela”, expresó.
El abogado sostuvo que las diligencias incluyeron solicitudes de información a centros de trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social y verificaciones domiciliarias, pese a que, aseguró, las autoridades ya recibieron respuestas que corroboran la información proporcionada por la familia.
“Si hubieran investigado yo hubiera esclarecido el hecho, yo hubiera detenido a las personas”, reclamó, al cuestionar que el esfuerzo ministerial se concentre en investigar a los familiares de su representada.
Robles Figueroa consideró que estas actuaciones constituyen una presunta forma de violencia institucional y describió las diligencias como “una pesquisa, como un acto intimidatorio”.
Durante la quinta audiencia de revisión de la medida cautelar, la defensa insistió en que las condiciones que originalmente justificaron la prisión preventiva han cambiado, particularmente por la supuesta superioridad jerárquica que el Ministerio Público atribuyó a Danna Yanina.
El abogado explicó que inicialmente se argumentaron dos riesgos: uno de sustracción, debido a que la familia no tenía domicilio en esta jurisdicción, y otro de obstaculización de la investigación, bajo el señalamiento de que la joven tenía una posición jerárquica superior frente a otros estudiantes.
Sin embargo, aseguró que este último argumento quedó desvirtuado desde la resolución de apelación, en la que una magistrada determinó que existía igualdad jerárquica entre los involucrados.
“Con esa resolución, solamente con citarla y jalar como dato de prueba, con eso le quitas la obstaculización, porque ya quedó claro que no hay superioridad, son iguales”, sostuvo.
Para combatir el riesgo de sustracción, la defensa presentó documentación sobre el cambio de residencia de la familia, que ahora cuenta con un departamento rentado a una distancia de entre 10 y 15 minutos del lugar donde se desarrolla el proceso.
Robles afirmó que la madre de Danna trabaja en Altamira y que el inmueble fue inspeccionado por Policía de Investigación, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y otras autoridades. Incluso, dijo, vecinos declararon sobre la ocupación del departamento.
Aseguró que el domicilio cuenta con una sola entrada y salida, ventanas protegidas con barrotes y condiciones para garantizar la permanencia de la familia.
“El código no te dice que si apenas te cambiaste”, manifestó al cuestionar que el tiempo de residencia en el inmueble sea utilizado para desacreditar el arraigo.
Como alternativa, el abogado aseguró que propuso a la jueza establecer mecanismos de vigilancia para garantizar que Danna permanezca en el domicilio, incluso mediante supervisiones de las autoridades.
“Si en dado caso Dana pusiera un pie fuera de ese domicilio, orden de aprehensión”, expuso al defender que existen condiciones para modificar la medida cautelar.
La defensa también respondió a las declaraciones del asesor jurídico de la madre de Dafne, Álvaro Ávila Fonseca, quien había expresado confianza en el trabajo de las autoridades y en la estrategia que se ha desarrollado durante las audiencias.
Robles Figueroa cuestionó que la asesoría jurídica respalde los argumentos ministeriales en lugar de presentar planteamientos propios.
“Lo que hace la asesoría jurídica es echarle porras al Ministerio Público”, expresó.
Tras seis días de sesiones y una quinta audiencia que entró en su etapa final, el abogado adelantó que la jueza contaba con los argumentos de las partes para emitir su determinación sobre la medida cautelar.
“La verdad es que el día de hoy terminamos, mañana probablemente resuelven”, afirmó, al señalar que la defensa esperaba conocer el resolutivo el jueves 12 de noviembre.
