Por Staff
La Razón
La vinculación a proceso de Martha N por los delitos de ciberacoso y discriminación abre una nueva etapa en el procedimiento penal, en el que, de acuerdo con la parte denunciante, se busca sentar un precedente sobre la aplicación de estas disposiciones legales contra quienes vulneren los derechos de profesionales del derecho.
Dunia Magali Ramírez Méndez, abogada y denunciante en este caso, confirmó que la jueza Luz del Carmen Lee Luna resolvió vincular a proceso a Martha N, luego de analizar los datos de prueba presentados durante la audiencia.
La litigante explicó que se establecieron dos meses para la investigación complementaria, plazo durante el cual el Ministerio Público podrá incorporar nuevos elementos antes de concluir esta etapa, cuyo vencimiento está previsto para enero de 2027.
“Sobre todo marcar un precedente, ¿no? De que si esta ley solo fue sobre todo surgida por el acoso sufrido hacia una mujer, pues que también se sepa a la ciudadanía que este delito es aplicable para hombres y mujeres”, expresó Ramírez Méndez.
La abogada sostuvo que el ejercicio profesional no debe convertirse en motivo para recibir señalamientos que vulneren la integridad de quienes intervienen en procedimientos jurídicos, por lo que pidió que cualquier acusación tenga sustento.
“Porque por eso también estudiamos y nos preparamos día a día para dar un mejor servicio a nuestros representados y que el que vulneren a una mujer o un hombre abogado, pues no; o sea, que si te van a hacer un señalamiento, que se compruebe”, manifestó.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Pérez Román explicó que la resolución judicial se sustentó en los datos de prueba incorporados a la carpeta de investigación y cuestionó los argumentos expuestos por la defensa de Martha N durante la audiencia.
De acuerdo con su versión, la defensa reconoció que Martha N había grabado el video señalado aunque argumentó que esa acción estaba amparada por la libertad de expresión y citó criterios de la Suprema Corte de Justicia relacionados con las figuras públicas.
Pérez Román rechazó que Dunia Magali Ramírez tenga esa condición y precisó que se trata de una abogada particular que ejerce de manera independiente, sin desempeñar funciones en el Ayuntamiento ni recibir remuneración del Estado.
Explicó que la participación de Ramírez Méndez en otro procedimiento relacionado con mujeres respondió a la aplicación de protocolos con perspectiva de género, particularmente para realizar interrogatorios sin que abogados hombres intervinieran directamente en esos temas.
El abogado detalló que, una vez concluida la investigación complementaria, el Ministerio Público deberá formular la acusación para avanzar a la etapa intermedia y posteriormente, si corresponde, al juicio oral.
En cuanto a la posibilidad de que la defensa impugne la vinculación, Ramírez Méndez señaló que desconoce si recurrirá al amparo o a una apelación, al tratarse de decisiones que corresponden a la contraparte.
La abogada aseguró que continuará dando seguimiento al procedimiento y reconoció la intervención del Ministerio Público y de los abogados que colaboraron en la integración de la carpeta de investigación.
