Antonio H. Mandujano
Las organizaciones campesinas que durante décadas fueron una de las principales vías de representación y defensa de los productores agrícolas en Tamaulipas (así como brazo político principalmente del PRI en la zona rural) atraviesan un proceso de debilitamiento que ha reducido su capacidad de gestión, movilización y negociación frente a los gobiernos, en medio de los cambios en la política pública dirigida al campo.
Aunque agrupaciones históricas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) mantienen presencia en el escenario nacional, sus estructuras han perdido parte de la influencia que llegaron a tener cuando funcionaban como intermediarias entre los productores y las instituciones encargadas de distribuir apoyos, financiamiento e insumos.
El dirigente nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos, ha descrito este proceso como una “mortandad” de organizaciones campesinas, al señalar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se cerraron espacios de interlocución, se debilitó a las dirigencias tradicionales y desaparecieron programas que anteriormente permitían a estas agrupaciones gestionar recursos productivos para sus agremiados.
“Sobrevivimos a la ‘mortandad’ generada en las organizaciones. Las principales organizaciones conocidas están desmanteladas o en proceso de extinción, pero nosotros nos hemos mantenido a partir de una actividad de resistencia”, dijo López Ríos.
En Tamaulipas, el panorama refleja esa transformación, aunque no necesariamente la desaparición de las organizaciones.
La CNC, a través de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, conserva presencia estatal y comités municipales, pero enfrenta dificultades para mantener su capacidad de convocatoria y responder a las demandas de los productores.
A diferencia de décadas anteriores, cuando las organizaciones tenían un papel central en la gestión de maquinaria, semillas, créditos, seguros agrícolas y apoyos a la comercialización, actualmente buena parte de los programas federales se entrega directamente a los beneficiarios, reduciendo la intermediación de las dirigencias campesinas.
Esta modificación también ha cambiado la relación de fuerzas en el sector rural, pues las organizaciones ya no concentran necesariamente las solicitudes ni funcionan como el principal conducto para acceder a los recursos, por lo que muchas han tenido que replegarse a labores de representación, protesta y acompañamiento de sus agremiados.
▶️Una representación campesina fragmentada
En el ámbito estatal, la CNC continúa siendo una de las estructuras más visibles, encabezada por Raúl García Vallejo, quien ha mantenido pronunciamientos sobre la crisis de rentabilidad agrícola, la falta de créditos y los bajos precios de los granos.
Sin embargo, su permanencia no significa que conserve la capacidad de representación que tuvo en otras épocas.
Incluso, en febrero de 2026 se registraron diferencias internas en Reynosa, donde representantes ejidales desconocieron a la dirigencia del Comité Municipal Campesino y exigieron una nueva elección, al señalar presuntos incumplimientos de los estatutos.
A la par, han ganado presencia otros mecanismos de organización, como el Frente Estatal de Productores Agrícolas de Tamaulipas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que han participado en movilizaciones y negociaciones para exigir mejores condiciones para la agricultura comercial.
También permanece la UNTA y otras agrupaciones independientes, aunque sin que exista actualmente un interlocutor único que concentre la representación de los campesinos tamaulipecos.
La falta de un registro actualizado impide dimensionar cuántas organizaciones han desaparecido, cuántas continúan activas o qué porcentaje de productores permanece afiliado.
Tampoco existen cifras públicas recientes que permitan conocer el número total de integrantes de la CNC, la CCI o la UNTA en Tamaulipas.
▶️La crisis del campo también exhibe la pérdida de capacidad de gestión
El debilitamiento de estas organizaciones qué alguna vez gozaron de gran poder y basta economía, ocurre en paralelo con una reducción de las herramientas productivas que durante años utilizaron los agricultores.
Entre los programas y mecanismos que los dirigentes señalan como desaparecidos o debilitados están los apoyos para maquinaria, diésel agrícola, semillas, coberturas de precios, seguros y financiamiento mediante la extinta Financiera Rural y las consecuencias se reflejan en los indicadores del campo tamaulipeco.
De acuerdo con Raúl García Vallejo, entre 100 mil y 150 mil hectáreas dejaron de sembrarse en la entidad debido a factores como la falta de crédito, los altos costos de producción, los bajos precios de los granos y las condiciones climáticas.
En junio de 2026, el dirigente de la CNC advirtió que la producción de sorgo del ciclo otoño-invierno podría caer hasta 60 por ciento, con una cosecha estimada en apenas 800 mil toneladas.
Otro indicador de la contracción financiera es la cobertura de crédito y seguro agrícola, que de acuerdo con cifras atribuidas al sector campesino habría pasado de aproximadamente 350 mil hectáreas en 2018 a apenas 17 mil 100 en 2026.
A ello se suma el rezago de los productores que mantenían adeudos con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Reciéntemente, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, informó que alrededor de 3 mil 200 de los 8 mil productores identificados no consiguieron reestructurar o condonar sus créditos, es decir, cuatro de cada diez.
Estos problemas también han limitado la posibilidad de que los productores vuelvan a acceder a financiamiento para preparar sus tierras, adquirir maquinaria o cubrir los costos de cada ciclo agrícola, necesidades que anteriormente formaban parte de las gestiones realizadas por las organizaciones campesinas.
▶️Los apoyos gubernamentales no sustituyen todas las necesidades
Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas reportó que durante 2025 se destinaron más de 234 millones de pesos de recursos estatales al campo, mientras que la derrama federal superó los 636 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, los programas federales beneficiaron a 25 mil 674 productores con Fertilizantes para el Bienestar, a 27 mil 671 mediante Producción para el Bienestar y a 3 mil 370 con Sembrando Vida. Gobierno del Estado de Tamaulipas
No obstante, las organizaciones campesinas sostienen que estos esquemas no resuelven por sí solos las necesidades de la agricultura comercial, particularmente en materia de financiamiento, aseguramiento de cosechas, mecanización y comercialización de granos.
El propio dirigente estatal de la CNC ha insistido en que los agricultores necesitan recuperar instrumentos que les permitan producir y comercializar en condiciones rentables, más allá de los apoyos destinados a determinados insumos.
Por tanto, el resultado es un cambio en el papel político y operativo de las organizaciones: de ser estructuras que durante décadas concentraron la gestión de recursos y la interlocución con los gobiernos, a convertirse cada vez más en plataformas de defensa, protesta y exigencia, en un campo donde las dificultades económicas siguen creciendo.
