EN PÚBLICO
NORA GARCÍA
Cuando se le pregunta por la deuda, el gobierno federal suele buscar el espejo que más le favorece: la presidenta Claudia Sheinbaum repite que México está entre los países de la OCDE menos endeudados y Hacienda subraya que la mayor parte está en pesos, a tasa fija y con vencimientos lejanos. Esa composición reduce los riesgos cambiario y de refinanciamiento, aunque deja intacto lo que miran quienes prestan: la tendencia y el costo de sostenerla.
Al cierre de septiembre, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de lo que debe el sector público federal, sumó 19.55 billones de pesos, equivalentes a 52.6% del PIB. En 2008 representaba 31.4% y al cierre de 2018, 43.6%, de modo que ha crecido en promedio más de un punto del PIB por año con gobiernos de tres partidos. El país conoció niveles más altos en 1987, cuando la deuda pública rondó el tamaño de toda la economía y siete de cada diez pesos se debían al exterior; con la medición actual, que inicia en 2000, Hacienda prevé 54% al cierre de este año y 55% en 2027, el nivel más alto de la serie.
Para 2027, el proyecto de presupuesto prevé un costo financiero de 1.575 billones de pesos, con un aumento real de 11.8% frente al cierre estimado de este año; equivale a 4% del PIB y supera incluso los requerimientos financieros totales previstos, de 3.9%. Aun con el superávit primario que proyecta Hacienda, los ingresos no alcanzarían para cubrir todo el gasto, incluido el costo financiero, y el sector público seguiría necesitando financiamiento.
Mientras el costo efectivo de la deuda supere el crecimiento nominal de la economía y el superávit primario no compense la diferencia, la deuda tenderá a aumentar como proporción del PIB. El artículo 11 B del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pide una meta de déficit amplio compatible con una deuda constante o decreciente respecto del PIB y el 11 A obliga a justificar cualquier alza, pero el plan oficial anticipa aumentos hasta 2030 y la regla pierde fuerza como ancla.
Entre los países con su misma calificación, a México la deuda le pesa más: Fitch calcula que los intereses absorben cerca de 17% de los ingresos del gobierno, contra una mediana de 9% en la categoría BBB, una brecha que también refleja la baja recaudación. Esa agencia y Moody’s ya ubican al país en el último peldaño del grado de inversión, con perspectiva estable, mientras S&P lo mantiene un escalón arriba, aunque con perspectiva negativa desde mayo.
Con la metodología del Fondo Monetario Internacional, que mide la deuda bruta con otra cobertura, México cerraría este año cerca de 62% del PIB, por encima de Chile y Perú aunque lejos de Brasil, que rebasa 90%. Estados Unidos y Japón, más endeudados, se financian en monedas que los inversionistas buscan como refugio, condición que no tienen los bonos mexicanos pese a su mercado local profundo.
El proyecto para 2027 destina 4% del PIB al costo financiero y 2.6% a la inversión física, mientras la recaudación tributaria, aun en su máximo histórico, apenas rondaría 16% del producto. A esa presión se suma Pemex, que según Moody’s necesitará alrededor de 10 mil millones de dólares anuales del erario en los próximos años y cuyo perfil crediticio propio, sin ese respaldo, sería el de un emisor muy cercano al impago.
En los próximos meses, el riesgo está en las tasas y el tipo de cambio: la baja de 3.7% real en el costo financiero hasta septiembre se apoyó, según Hacienda, en un peso apreciado, las tasas y el refinanciamiento, factores que pueden revertirse. El peso cerró octubre con ocho semanas seguidas de pérdidas, la Reserva Federal mantuvo su tasa el 28 de octubre con dos votos por subirla, y la dependencia estima que un punto más en las tasas sumaría unos 38 mil millones de pesos al costo financiero por la deuda a tasa variable y la que vence.
Antes de que termine el sexenio, la prueba será la calificación: en mayo, S&P advirtió que podría bajarla en los siguientes 24 meses si los déficits no se reducen a tiempo o si se deteriora el vínculo comercial con Estados Unidos. Un recorte suyo dejaría a México en el último peldaño del grado de inversión con las tres agencias, mientras que uno de Fitch o de Moody’s lo llevaría al grado especulativo en su escala. El bajo crecimiento y la lenta reducción del déficit mantienen la presión, que un trimestre de repunte, como el 3.2% anual preliminar de julio a septiembre, no alcanza a disipar.
Para Tamaulipas, el impacto pasa por las transferencias y el crédito: de cada 100 pesos de ingresos que el gobierno estatal prevé para 2026, 85 llegan de la Federación, y un erario federal con menos margen dejaría menos holgura para obra y programas. Un deterioro de la calificación encarecería, además, el financiamiento de gobiernos y empresas en una economía que exporta casi solo manufacturas y que desde julio convive con un tratado comercial sujeto a revisiones anuales.
Si el rumbo no cambia, el pronóstico es una deuda que seguirá subiendo hasta 56.4% del PIB en 2030, según Hacienda, con un riesgo considerable de que la cifra sea mayor: México Evalúa estima en 48.4% la probabilidad de que supere 60% ese año. Con una perspectiva negativa vigente y un crecimiento modesto, es más probable un recorte que una mejora de la nota, y las nuevas generaciones heredarían menos margen para la infraestructura y los servicios que necesitarán.
Evitarlo exige un ajuste más ambicioso, como el que pidió en octubre el FMI, empezando por condicionar cada transferencia a Pemex a metas verificables de producción y de reducción de pérdidas, y por abrir a socios privados, con riesgos bien repartidos, los proyectos rentables que la empresa no puede financiar. También exige ensanchar la base tributaria con formalización y mejor cumplimiento antes que con nuevas tasas, para que la consolidación no recaiga en la inversión. Sin esas decisiones, el pago de la deuda seguirá ganando terreno en cada presupuesto y la discusión sobre el desarrollo empezará siempre con menos dinero.
