José Luis Rodríguez Castro
Expreso La Razón
Más de 2 mil millones de pesos en patrimonio, 27 socios
que iniciaron una demanda penal, una reparación del daño
que ahora esperan por 73 millones y alrededor de 210
extrabajadores afectados: el derrumbe del Gremio Unido de
Alijadores de Tampico continúa sin resolverse, 16 años
después de que comenzara el litigio por los bienes de la
organización.
Magdaleno Pérez Juárez, presidente del Consejo de
Administración de la excooperativa Gremio Unido de
Alijadores, explicó que la demanda comenzó en 2010 ante
el Ministerio Público y fue consignada en febrero de 2012 al
entonces Juzgado Tercero Penal. De los 27 socios que
originalmente participaron, casi la mitad ha fallecido sin
conocer el desenlace del procedimiento.
“Ya nada más estamos pidiendo la reparación del daño
porque pues ya no demandamos otra cosa, porque son
costos, es dinero que no tenemos. La demanda está desde
2010, entró como demanda en la agencia del Ministerio
Público y se consignó en febrero del 2012. Sí, ya se
consignó al Juzgado Tercero Penal”.
El reclamo económico que permanece en curso, de acuerdo
con el dirigente, asciende a 73 millones de pesos y está
relacionado con los bienes muebles que presuntamente
fueron afectados durante la administración de la
cooperativa.
Sin embargo, esa cantidad representa solamente una parte
de lo que considera fue el quebranto patrimonial. Pérez
Juárez sostiene que el daño total superó los 2 mil millones
de pesos, al incluir propiedades, terrenos e instalaciones
que no fueron incorporados en la denuncia penal.
“Estamos hablando de una reparación de 73 millones de
pesos cuando el daño patrimonial fue de más de 2 mil
millones de pesos, nada más que pues como no entraron en
ese, en la demanda no se configuró por abuso de confianza
y evaluamos no todas las fincas, los inmuebles”.
De acuerdo con su explicación, los bienes inmuebles
representaban la parte de mayor valor económico, con una
estimación que ubicó entre mil y mil 700 millones de pesos.
No obstante, quedaron fuera de la reclamación por
reparación del daño que actualmente esperan.
En el procedimiento sí se incluyeron camionetas, grúas,
montacargas, camiones y otros equipos utilizados por la
organización en sus actividades portuarias.
“Los inmuebles era lo que era más caro, eran como mil, mil
700 millones de pesos ahí. Pero eso no entraron, nada más
entraron los que son las camionetas, las grúas,
montacargas, camiones y todo eso. Y pues eso es lo que
está entrando en la reparación de daño nada más”.
UNA CONCESIÓN QUE TERMINABA EN 2029
La caída del gremio también tuvo consecuencias directas en
su actividad portuaria. Pérez Juárez recordó que en 2009 la
organización recibió una concesión por 20 años, con
vigencia hasta 2029 y posibilidad de renovación.
Sin embargo, cinco años después perdió ese derecho,
situación que terminó por desplazar a la cooperativa de las
operaciones que durante décadas habían representado su
principal actividad económica.
“El gremio está ya como excooperativa, puesto que por los
malos manejos, por las malas administraciones, en el 2014
al gremio le quitaron la concesión. En septiembre, bueno,
fue en el 2014 donde ya el Gobierno Federal le quita la
concesión al gremio por no cumplir con los puntos, con los
requisitos que da la concesión”.
El entrevistado atribuyó la pérdida de la concesión a la
administración encabezada por Ramón Martínez del Ángel y
el grupo que lo rodeaba, a quienes responsabilizó de no
mantener las condiciones necesarias para conseLa
revocación marcó un punto de quiebre para la organización:
sin la concesión portuaria y con los conflictos por su
patrimonio, los antiguos integrantes quedaron frente a un
prolongado proceso de reclamos laborales y judiciales.
210 TRABAJADORES, ENTRE EL ABANDONO Y LAS
PENSIONES MÍNIMAS
El impacto no se limitó a los bienes de la cooperativa. Pérez
Juárez calcula que alrededor de 210 extrabajadores
resultaron afectados, pues, según su versión, la
organización dejó de operar sin declararse en quiebra ni
entregar liquidaciones a sus integrantes.
“De afectados los que todos, todos los que estamos, que
somos como 210, todos en realidad todos somos afectados.
Porque pues él se fue y no le dio su liquidación a nadie, o
sea, no se declaró en quiebra, no le dio su liquidación a
nadie”.
A las afectaciones económicas se sumó el monto de las
pensiones que recibieron numerosos trabajadores después
de décadas de servicio.
El dirigente asegura que, con excepción de un grupo
cercano a la administración anterior, la mayoría cotizaba
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con salarios
mínimos, independientemente de las responsabilidades y
puestos que desempeñaban.
El resultado, afirma, fueron jubilaciones insuficientes para
cubrir las necesidades básicas.
“Hay compañeros que tienen hasta 2 mil 800 pesos, 2 mil
500 de los más viejos, fíjate. Con más de 30, 40 años de
trabajo”.
Pérez Juárez relató su propia experiencia: comenzó a
trabajar en el gremio a los 14 años y permaneció 36 años en
la organización. En 2006 se retiró por una cirugía de
columna y en 2007 obtuvo su pensión definitiva por
invalidez.
“Yo empecé a los 14 años ahí a trabajar y me retiré con 36
años de servicio en el 2006, me retiré por la cirugía, 2007 ya
me dieron la pensión definitiva. Y pues sí, fue con un salario
raquítico”.
Según sus cálculos, apenas entre 15 y 20 antiguos
integrantes continúan trabajando en actividades portuarias,
principalmente en empresas de Tampico y Altamira.
LA REPRESENTACIÓN DEL GREMIO, OTRO FRENTE
Mientras esperan una resolución sobre la reparación
económica, los extrabajadores también buscan conservar la
personalidad jurídica de la organización para continuar
defendiendo sus derechos como socios.
Pérez Juárez explicó que recientemente realizaron una
asamblea para renovar el Consejo de Administración, pues
consideran que mantener vigente la representación legal es
indispensable para sostener la demanda.
“Mira, el tema con esto está de alguna manera estancado
porque ya estamos nada más con la demanda y lo que
hicimos de hacer una asamblea es para no perder la
personalidad. Porque mientras mantengamos la
personalidad podemos estar peleando como socios de
Alijadores”.
La disputa, explicó, tiene implicaciones jurídicas porque
buscan evitar que sus reclamos queden reducidos
únicamente a los derechos individuales de antiguos
trabajadores, en lugar de defender el patrimonio y los
intereses de la cooperativa.
ESPERAN UNA RESOLUCIÓN EN CIUDAD VICTORIA
El procedimiento penal, que inicialmente se encontraba en
Tampico, fue trasladado a Ciudad Victoria, donde
actualmente esperan que las autoridades resuelvan la
solicitud de reparación del daño.
Aunque considera que esa cantidad es pequeña frente al
valor que atribuye al patrimonio perdido, dijo que recuperar
al menos esos recursos representaría un avance después
de tantos años de litigio.
“Ya con eso que recuperemos, pues ya nos damos por bien
servidos, porque la verdad está en chino”.
El dirigente aseguró que han buscado la intervención de
distintas administraciones federales y estatales, mediante la
entrega de documentación a los expresidentes Enrique
Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como a los
gobernadores de Tamaulipas desde Egidio Torre Cantú
hasta Francisco García Cabeza de Vaca, sin obtener una
respuesta que resuelva sus reclamos.
Ahora consideran acudir nuevamente ante el Gobierno
Federal para solicitar que las autoridades judiciales den
seguimiento al caso.
De los 27 socios que comenzaron la demanda, casi la mitad
ya murió. Los que permanecen continúan esperando una
resolución que les permita recuperar, al menos
parcialmente, lo que consideran parte del patrimonio que
construyeron durante décadas de trabajo en el puerto de
Tampico.
