Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez
La ofensiva política y mediática contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional
Electoral INE, abrió un falso debate impulsado por los opositores del gobierno ante su notoria
incapacidad de ganar las próximas elecciones. Desde luego que cualquier indicio de corrupción
en la contratación de materiales y servicios electorales, debe investigarse hasta sus últimas
consecuencias. Nadie que maneje recursos públicos está por encima de la ley, pero tampoco
debe permitirse que una investigación administrativa se convierta en cortina de humo para
evadir una discusión mucho más importante ¿ha cumplido la autoridad electoral con la misión
democrática para la que fue creada?
Son dos responsabilidades diferentes. Una consiste en administrar con honestidad el
presupuesto, contratar proveedores conforme a la ley y rendir cuentas sobre cada peso
ejercido. La otra responsabilidad, sustantiva y esencial, consiste en garantizar elecciones libres,
auténticas, periódicas y confiables, proteger el sufragio ciudadano y asegurar que la voluntad
popular se respete. La primera es un instrumento; la segunda es la razón de ser de la
institución.
El IFE creado en 1990 y su sucesor, el INE, surgido de la reforma electoral de 2014, no fueron
concebidos para convertirse en administradores de cuantiosos presupuestos ni en refugio de
grupos de influencia política. Su razón de existir es impedir que el poder económico, los
intereses partidistas o la intervención gubernamental suplanten la decisión soberana de los
ciudadanos.
Por eso resulta indispensable revisar también la historia del desempeño de quienes han
encabezado en el siglo 21 la autoridad electoral. José Woldenberg recibió en 1996, del
Gobierno de Ernesto Zedillo, la Presidencia del IFE para organizar el proceso que culminó con
la alternancia presidencial del año 2000. Sin embargo, no se pueden pasar por alto los
señalamientos de Francisco Labastida, quien ha dicho “a mi no me ganó Fox, me ganó Zedillo”
refiriéndose a la intervención del Presidente en favor de desmontar los apoyos de su propia
candidatura y hacer a Vicente Fox Presidente de México. El IFE, con Woldenberg a la cabeza,
validó la derrota forzada del candidato del PRI.
En 2006, Luis Carlos Ugalde presidía el IFE cuando Vicente Fox intervino abiertamente en la
contienda para favorecer a Felipe Calderón. Como lo ha reconocido el propio Fox: “Hice que
ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso” una declaración que obliga a
revisar críticamente aquella elección y el papel de las instituciones encargadas de proteger la
equidad electoral. El Tribunal Electoral reconoció entonces que la intervención presidencial
constituyó un riesgo para la validez de los comicios.
Posteriormente, Leonardo Valdés desde 2008 y Lorenzo Córdova desde 2013 encabezaron la
autoridad electoral en etapas marcadas por intensas disputas políticas y regularon una
“Transición democrática” pactada en la oscuridad y a espaldas de los mexicanos. Lorenzo
Cordova trató de contener sin éxito la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la
Presidencia, y se convirtió, junto a José Woldemberg y Leonardo Valdés, en uno de los
principales opositores a las reformas electorales impulsadas por el Presidente López Obrador y
la Presidenta Claudia Sheinbaum. Su actuación y la de otros antiguos funcionarios deben
examinarse con rigor crítico.
Hoy, las investigaciones sobre la administración de Taddei deben avanzar sin encubrimientos ni
condenas anticipadas, castigando faltas administrativas o delitos conforme a la ley. Pero este
proceso no puede servir para desviar la atención de la revisión del verdadero mandato
constitucional.
El Instituto Electoral, IFE o INE, no pertenece a sus consejeros, a sus funcionarios, a los
partidos políticos ni a los grupos económicos que pretenden influir en la vida pública. Pertenece
a los ciudadanos.
Su presupuesto debe administrarse con honradez porque es dinero del pueblo; pero su
autoridad debe ejercerse con independencia porque está al servicio de la democracia. Ninguna
de esas obligaciones puede sustituir a la otra.
El IFE-INE nació para garantizar la vida democrática de México, no para traicionar la confianza
ciudadana, ponerse al servicio de los poderosos ni convertirse en instrumento para preservar
privilegios políticos. Su legitimidad depende de cuánto respeta y protege la voluntad soberana
de los mexicanos. En el Siglo 21 ¿ha cumplido la autoridad electoral con la misión democrática
para la que fue creada? La historia dice que no.
