En Publico/Nora M García
Las reglas para trazar la frontera en el río Bravo
están escritas en un tratado de 1970, que confía
su aplicación a una instancia binacional, la
Comisión Internacional de Límites y Aguas,
conocida como CILA. El 26 de octubre, la Oficina
General de Tierras de Texas comunicó que, tras
revisar archivos y levantamientos, había
identificado nueve islas del río como propiedad
estatal.
Suman unas 27 hectáreas en el tramo de Laredo
a McAllen, frente a Tamaulipas, y según el
comunicado esa determinación resuelve la
incertidumbre sobre la jurisdicción y permite que
la policía de Texas y el Departamento Militar del
estado entren a vigilarlas. De acuerdo con la
prensa texana, entre quienes pidieron la revisión
figura la agencia federal de Aduanas y Protección
Fronteriza.
El viernes 30, la Secretaría de Relaciones
Exteriores respondió con el tratado en la mano: el
límite internacional corre por el centro del cauce
normal del río y fija la soberanía sobre las tierras
de cada lado, independientemente de su
soberanía previa.
Según la Cancillería, es la CILA, facultada por
ambos gobiernos, la que establece en qué lado
queda cada isla, una atribución que ninguna
autoridad estatal tiene. En su conferencia
matutina del martes, la presidenta Claudia
Sheinbaum sostuvo esa postura y atribuyó el
anuncio a la temporada electoral que vivía el
estado vecino.
Leído completo, el comunicado texano es más
acotado que su difusión, porque habla de
propiedad estatal y admite que la oficina no ha
confirmado actividad criminal en las nueve islas,
pese a que la seguridad es su argumento central.
Tampoco menciona el tratado de 1970 ni
identifica una validación de la CILA, una omisión
que no permite saber si hubo coordinación con
ese organismo ni en qué términos.
Texas habla de propiedad y México de soberanía,
dos categorías jurídicas que podrían convivir si
las islas estuvieran del lado estadounidense del
límite, un hecho que, conforme al acuerdo que
invoca la Cancillería, debe establecer la comisión.
La distinción tiene efectos prácticos, ya que de la
soberanía depende qué autoridades pueden
entrar a esas islas y qué leyes rigen en ellas. El
comunicado presenta la determinación de
propiedad como fundamento del acceso
operativo, sin explicar cómo se articula con el
mecanismo binacional.
En 2023, el gobierno texano tendió en el cauce,
frente a Piedras Negras, una barrera de boyas
que la Cancillería consideró contraria al Tratado
de Aguas de 1944 y al de Límites de 1970, y
semanas después la Oficina General de Tierras
declaró suya la isla Frontón.
La sección estadounidense de la propia CILA
advirtió por escrito a la oficina texana, en abril de
2024, que Frontón es propiedad federal bajo su
jurisdicción y que las obras realizadas sin su
permiso pudieron constituir una ocupación no
autorizada de terrenos federales. Texas sostiene
hasta hoy que la isla le pertenece.
Dawn Buckingham, titular de la oficina, competía
por un segundo periodo en la elección del 3 de
noviembre, y el 29 de octubre la cuenta oficial de
la dependencia escribió que esas tierras, antes
no declaradas, ahora forman parte oficialmente
de Texas. El calendario no alcanza para atribuirle
una intención, pero ofrece una explicación
plausible de por qué un asunto técnico,
anunciado a poco más de una semana de la
votación, se difundió días después como
ganancia territorial.
Para Tamaulipas y para el país, el tramo donde
ocurre la disputa pesa más que la superficie en
juego. En esa franja están los cruces de Nuevo
Laredo y Reynosa, y el puerto de Laredo reportó
para 2025 un comercio de 353 mil 940 millones
de dólares, más de 97% ligado a México.
En una frontera con ese volumen, la certeza
sobre quién decide y con qué reglas funciona
como un activo económico que una decisión
unilateral pone a prueba. Esa prueba llega
cuando el pacto comercial con Estados Unidos y
Canadá sigue en negociación sin acuerdo para
extender su vigencia, un proceso en el que el
Congreso que se instalará en enero tendrá
funciones de consulta y supervisión.
Al llevar la disputa al terreno del Tratado de
Límites, la diplomacia mexicana eligió la vía
adecuada, y el mismo instrumento marca el paso
siguiente, porque encarga a la CILA delinear el
límite en mapas y actualizarlos con
levantamientos periódicos.
Con esa base, la comisión debería contrastar las
coordenadas de las nueve islas con la cartografía
binacional vigente y hacer públicos los resultados,
con las mediciones que hagan falta. Los trabajos
en el cauce corren por otra vía, distinta de los
títulos de propiedad, porque el artículo IV del
acuerdo de 1970 somete al juicio de ese
organismo cualquier obra que pueda desviar u
obstruir el escurrimiento normal del río.
Al amparo de ese artículo, México pidió en 2023
que todo trabajo en islas y cauce, incluido el
desmonte, contara con el aval de la CILA, y en
2024 la sección estadounidense solicitó retirar las
obstrucciones en Frontón y presentar modelos
hidráulicos antes de toda obra nueva. Ese marco
aplicaría si Texas decide desmontar también las
nueve islas.
A Washington, que suscribió el tratado y
responde por su cumplimiento, le toca aclarar si
hace suya la conclusión de una oficina estatal y
qué revisión o coordinación ha existido con la
comisión binacional. Que una de sus agencias
haya pedido el estudio de las islas vuelve
necesaria una postura federal explícita sobre el
alcance de la declaración texana.
Las 27 hectáreas en disputa ocupan poco
espacio en el mapa, aunque la forma en que se
resuelva su ubicación servirá de referencia para
toda la frontera fluvial que el Bravo traza desde
Chihuahua hasta Tamaulipas.
Si una declaración estatal de propiedad basta
para actuar sin aclarar sus alcances frente al
límite internacional, la incertidumbre recaerá
sobre las ciudades que viven de esa frontera.
Pasada la elección, Nuevo Laredo y Reynosa
siguen necesitando saber qué autoridad puede
actuar en el río y con qué respaldo.
