Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Según observo, el objetivo central de Claudia Sheinbaum Pardo en
materia electoral es que Movimiento Regeneración Nacional (morena),
en coalición con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del
Trabajo (PT) se alce con un triunfo contundente en la contienda federal,
para así obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
De otra forma, difícilmente prosperarían sus reformas constitucionales
proyectadas para la segunda mitad de su administración.
El caso de las 17 gubernaturas, entonces, pasaría a segundo término.
Aunque la integración de los Congresos locales también es importante,
por ser avales de las modificaciones a la Carta Magna.
Esto, significa que el asunto de los ayuntamientos quedaría en manos
de los mandatarios estatales.
Pero ese tema amerita análisis por separado.
Actualmente, de los 500 diputados que conforman la LXVI Legislatura,
del Congreso de la Unión, 12 representan a Tamaulipas. Tres sigladas
por morena, cuatro por el PVEM, una por el PT y cuatro son panistas.
Por el membrete guinda: Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Blanca
Aracely Narro Panameño y Adrián Oseguera Kernion; cuatro tienen el
sello del PVEM, como José Braña Mojica, Carlos Enrique Canturosas
Villarreal, Casandra Prisilla de los Santos Flores y Mario Alberto López
Hernández; y aparecen los panistas Blanca Leticia Gutiérrez Garza,
Jesús Antonio Nader Nasrallah y César Augusto Verástegui Ostos.
Además, Olga Juliana Elizondo Guerra, del PT.
Todos han dejado mucho qué desear en su quehacer legislativo, pues,
en realidad poco les importa gestionar beneficios para Tamaulipas,
aunque sí les interesa seguir pegados a la ubre oficial.
De esos doce legisladores, al menos cuatro apetecen la reelección, sin
tener méritos para ello.
Y es aquí, precisamente, donde la dirigencia nacional de morena está
obligada a poner especial atención, pues de equivocarse en la
selección de candidatos le costaría perder varios distritos federales.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir?
La Comisión Nacional de Elecciones tendrá, por lo tanto, una prueba de
congruencia política, puesto que debe evaluar resultados, productividad
legislativa, presencia territorial, capacidad de gestión y aceptación
ciudadana, en lugar de privilegiar compromisos internos o encuestas
diseñadas para justificar decisiones previamente tomadas.
El mismo criterio tendría que aplicarse a las candidaturas del PVEM y
del PT, cuyos intereses particulares no necesariamente coinciden con
los objetivos electorales de la coalición.
Y es que ganar una elección no significa únicamente conservar
posiciones ni acumular curules para satisfacer las aspiraciones
presidenciales. Significa obtener la confianza de los ciudadanos
mediante propuestas, resultados y representantes con verdadera
capacidad política.
De lo contrario, morena podría terminar pagando el costo de sus
propias decisiones, al sacrificar competitividad electoral por privilegiar
intereses de grupo. Y si pierde varios distritos por postular candidatos
cuestionados, la responsabilidad no será de los electores, sino de
quienes confundieron la disciplina partidista con el respaldo popular.
Árbitro cuestionado
La credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) está tan debilitada
que su participación como árbitro de la contienda concurrente despierta
mucha desconfianza.
Desde la creación de este organismo, como Instituto Federal Electoral
(IFE), en 1990, quienes han presidido el organismo y formado parte de
sus consejos han sido señaladas por sus vínculos con grupos políticos
y vicios de corrupción, encabezados principalmente por José
Woldenberg Karakowsky, Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe
Taddei Zavala.
Ellos estuvieron atrás del movimiento ‘el INE no se toca’ y quizá igual lo
estén de la movilización que se prepara para diciembre próximo en que
repetirán la arenga de que el organismo es intocable, en aras de
impedir que el gobierno federal meta mano en su renovación.
Por vía de mientras, hay ex consejeros electorales, ahora militantes de
Somos, que llaman a una gran marcha.
Entre ellos, Woldenberg, Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Marco
Antonio Baños Martínez, Rodrigo Morales Manzanares, Emilio Álvarez
Icaza y Maricarmen Alanís.
Todos ellos dicen defender la independencia del INE. Pero el gobierno
no se traga el rollo y también quiere sacar raja de esta controversia.
Lo cierto, es que el INE no brinda confianza alguna a los más de 100
millones de electores que hay en el país.
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