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Por las buenas o por las malas

  • noviembre 19, 2026
  • 6:24 am

En Publico/Nora García Rodríguez

En la misma semana, el gobierno federal ofreció premios a quien pagara con tarjeta en el Buen
Fin y siguió adelante con el corte de las líneas celulares que no están ligadas a una CURP. El
Servicio de Administración Tributaria rifará 500 millones de pesos entre las compras del 13 al
17 de noviembre, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cerró el día 15 el plazo
para los números que terminan en 6. Una oficina premia y la otra castiga, pero el resultado se
parece, porque cada pago electrónico y cada número registrado quedan ligados a alguien con
nombre y apellido.
Byung-Chul Han sostiene en Psicopolítica que el poder de esta época consigue más con
seducción que con prohibiciones, porque prefiere estimular el consumo y convertir la conducta
que busca en un juego con recompensa, uno que emociona, premia rápido y logra que quien
juega obedezca sin sentirlo. La rifa del SAT opera con esa lógica desde 2013, y este año
repartirá más de 300 mil premios, de 500 a 250 mil pesos, entre las compras a partir de 250
pesos pagadas con tarjeta en comercios inscritos.
Nadie está obligado a entrar al sorteo, pero quien saca el plástico en lugar del efectivo deja
huella de lo que gastó y el comercio que lo acepta queda a la vista del fisco, todo a cambio de
un boleto para la tómbola. El sorteo también premia a los negocios con ingresos anuales de
hasta 5 millones de pesos, un incentivo para que la tiendita acepte tarjeta pese a las
comisiones y a quedar registrada ante el SAT. Impulsar los pagos electrónicos y la formalidad
es razonable para una Hacienda que necesita ampliar su base; el calendario ayuda, porque el
sorteo coincide con un fin de semana largo en el que comercios y cámaras esperan vender 235
mil millones de pesos, 7% más que en 2025.
Con los teléfonos no hubo tómbola. Desde el 9 de enero toda línea debe asociarse a una
persona mediante su CURP y una identificación oficial, y la que no se vincula pierde llamadas,
mensajes y datos en las 72 horas posteriores a su fecha límite, aunque conserva el acceso al
911 y recupera el servicio al completar el trámite. Al 2 de noviembre la CRT contaba más de
100 millones de líneas vinculadas, 83% de los 120 millones que espera al cierre del año, y la
saturación de los centros de atención cuando empezaron los cortes dejó ver lo que cuesta
quedarse fuera.
Ahí la tesis de un poder que ya no necesita obligar se queda corta. El mismo aparato que cada
quien llena de fotos, búsquedas y confesiones por voluntad propia ahora también se registra
por mandato, y quien comparte su ubicación con una aplicación de comida sin pensarlo dos
veces tuvo que entregar su CURP para no perder el número. El trámite se volvió rutina,
parecido a aceptar términos y condiciones, y la gran mayoría lo cumplió entre la amenaza del
corte y la promesa de frenar la extorsión, una causa contra la que casi nadie quiere aparecer.
A diferencia del Renaut, el registro creado en 2009 con la misma bandera contra la extorsión,
los lineamientos actuales dejan la información en manos de cada compañía telefónica; aquel
padrón terminó con datos ofrecidos en mercados informales y fue eliminado en 2011. Las
empresas no pueden guardar copias de identificaciones ni datos biométricos y la autoridad solo
accede al registro en casos específicos, aunque repartir la custodia obliga a vigilar a cada
operador por separado.
En septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió investigaciones por la
presunta venta en Telegram de más de 12.9 millones de registros de centros de llamadas y de
otra base de más de 15 millones que se atribuye a Aeroméxico. Al mismo tiempo, el mercado
informal se adaptó rápido y ya vende chips activados a nombre de otras personas por unos 200
pesos. Saber si el padrón reduce la extorsión tampoco será fácil, pues el INEGI estima que
97.5% de las extorsiones de 2025 quedó sin denuncia o sin investigación y, desde enero, el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recibe de otra forma la
información de delitos, lo que obliga a comparar con cautela.
Los costos no se reparten parejo, porque la rifa favorece a quien ya tiene tarjeta y compra en
comercios inscritos, en un país donde 54% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. El
corte de líneas, en cambio, cae primero sobre quien recarga saldo en la tienda de la esquina
para un chip que sacó a nombre de un familiar, sobre quien perdió su credencial o sobre quien
no sabe hacer el trámite en línea. Para quien vive al día, el celular es herramienta de trabajo y
la vía para cobrar, avisar y conseguir empleo, así que unos días sin servicio pueden salirle más
caros que el premio más frecuente del sorteo, de 500 pesos.
Las dos medidas serían más fáciles de defender si la autoridad explicara qué hace con los
datos que pide, sin necesidad de crear instituciones nuevas. Bastaría con que la CRT publicara
auditorías independientes sobre cómo cuidan las compañías el padrón, que la Secretaría
Anticorrupción informara en qué terminaron sus investigaciones, que el SAT dijera cuántos
comercios se formalizaron con la rifa y que el gobierno midiera con cifras comparables si la
extorsión baja donde avanza el registro.
Por las buenas o por las malas, la mayoría de los teléfonos del país ya tiene dueño registrado y
el gasto con tarjeta trae boleto para la rifa. El 30 de noviembre vence el plazo para las líneas
que terminan en 7, buena fecha para que la CRT y la Secretaría Anticorrupción expliquen en
público cómo protegen lo que ya se recabó y qué ha cambiado, en cifras, desde enero.

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