Por Cynthia Gallardo
La Razón
A dos días del atropellamiento que provocó la muerte de Margarita “N”, de 52 años, sus familiares denunciaron presuntas amenazas telefónicas para que otorguen el perdón al señalado como responsable, por lo que solicitaron medidas de protección y exigieron que se aplique todo el peso de la ley.
La víctima fue atropellada el pasado domingo en el bulevar Perimetral de Tampico. De acuerdo con los abogados Víctor Hugo y Josué Gómez López, el presunto responsable, identificado como Leonardo “N”, enfermero de la Secretaría de Marina, habría conducido a exceso de velocidad, subido a la banqueta y arrollado a Margarita, a quien presuntamente arrastró por 30 metros antes de darse a la fuga.
Los abogados señalaron que, conforme a los resultados de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el detenido habría dado positivo en las pruebas de alcoholemia y detección de sustancias.
“Lamentablemente ya la ciudadanía tiene conocimiento de este hecho tan atroz. Se sabe que esta persona, Leonardo N, es un elemento que pertenece a la Secretaría de Marina Armada de México, es enfermero; el día de los hechos conducía a exceso de velocidad bajo los influjos del alcohol, de acuerdo a los resultados de la Unidad de Servicios Periciales dio positivo en alcoholemia, metabolitos de cocaína y en el consumo de marihuana”.
Los litigantes consideraron especialmente grave que el señalado pertenezca a una institución encargada de preservar la seguridad y el Estado de derecho, y solicitaron que se investiguen todas las circunstancias del caso.
También hicieron referencia al artículo 318 del Código Penal de Tamaulipas, al señalar que la penalidad de tres a ocho años de prisión puede agravarse cuando se trata de un homicidio culposo cometido con motivo del tránsito de vehículos bajo los efectos del alcohol.
Uno de los principales reclamos de la familia es que, después del fallecimiento de Margarita, la hermana de la víctima habría comenzado a recibir llamadas provenientes de distintos números locales, en las que presuntamente le exigen otorgar el perdón.
Los abogados advirtieron que estas llamadas representan un riesgo para la familia y anunciaron que serán puestas en conocimiento de la Fiscalía y del juez de control.
“Existe riesgo para la víctima porque la querellante, que es hermana de la víctima, ha estado recibiendo llamadas de amenaza donde le dicen que otorgue el perdón o lo va a lamentar. Estos hechos también se van a poner en conocimiento de la Fiscalía, de las autoridades, porque se pone en riesgo la integridad de los familiares de la víctima”.
Ante esta situación, solicitarán medidas de protección y pedirán al juez valorar el riesgo que representaría para la familia que el imputado enfrentara el proceso en libertad.
Los abogados consideraron que, de acuerdo con las circunstancias expuestas, podría solicitarse prisión preventiva justificada.
Nadia, sobrina de Margarita, denunció además que ni la Secretaría de Marina ni la aseguradora se habrían hecho cargo hasta el momento de los gastos funerarios, situación que, dijo, ha complicado que la familia pueda darle sepultura a la víctima.
Relató que durante los momentos posteriores al accidente observó un video en el que aparece el padre del presunto responsable y cuestionó la actitud asumida frente a los hechos.
“Hace rato me encontraba en el palacio haciendo trámites. Hemos batallado para dar cristiana sepultura a mi tía. Vi un video donde llega el papá; lejos de hacer algo porque su hijo hace mal, lo consiente, lo abraza y el muchacho gritando a los policías que lo soltaran. Si fuera mi hijo, me detengo. Hay una persona que perdió la vida, que ya no está aquí”.
Nadia pidió que el caso no quede impune y que las instituciones involucradas asuman su responsabilidad.
“Exijo justicia, que la Marina haga todo lo que tiene que hacer para que caiga todo el peso de la ley”.
Los abogados consideraron necesaria la intervención de la Presidencia de la República debido a que el señalado pertenece a una institución militar federal.
“Considero que sí. No podemos estar en manos de estas autoridades; están para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y lejos de eso la destruyen”.
Los representantes legales también señalaron que, durante la intervención de las autoridades tras el accidente, el presunto responsable habría obstruido la vialidad y agredido a elementos de Tránsito y de la Guardia Estatal que participaron en su detención.
La tarde de este martes se desarrolla una audiencia ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se determinará la situación jurídica del imputado.
La familia espera que, con base en los elementos presentados por la Fiscalía, se determine su vinculación a proceso y se imponga la medida cautelar correspondiente, mientras continúa la investigación.
Más allá del proceso penal, el caso ha generado un llamado a conducir con responsabilidad y a fortalecer la prevención de accidentes, pues detrás de cada hecho vial existen víctimas y familias que enfrentan consecuencias irreversibles.
