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Expreso-La Razón
Organizaciones ambientales y comunitarias
rechazaron la evaluación presentada por el
Gobierno federal sobre el uso del fracking y
exigieron prohibir la técnica en todo el país, al
señalar que el comité científico convocado por
la Presidenta Claudia Sheinbaum excluyó a las
poblaciones afectadas y no demostró que las
nuevas tecnologías eliminen los riesgos de la
fractura hidráulica.
De acuerdo con su estimación, más de seis
millones de personas viven dentro de las zonas
con potencial de extracción o en sus áreas de
influencia, y ocho de cada diez litros que
demandaría la actividad se utilizarían en
condiciones de riesgo hídrico grave.
El argumento central de las organizaciones se
centra en el consumo intensivo de agua que
requiere la fractura hidráulica y en el riesgo de
contaminación de acuíferos. El proceso
consiste en inyectar agua, arena y aditivos
químicos a presión para fracturar la roca y
liberar el gas atrapado, una técnica que puede
requerir entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos de
agua por pozo.
Greenpeace México ha señalado que algunas
de las sustancias utilizadas en el proceso,
como el formaldehído y el benceno, han sido
identificadas como compuestos con potencial
cancerígeno para las comunidades cercanas a
los pozos.
A ello se suman, según las organizaciones, el
riesgo de contaminación de mantos acuíferos,
las emisiones de metano asociadas a la
actividad y la posibilidad de provocar sismos
inducidos, efectos que consideran acumulativos
y agravados en un contexto de estrés hídrico
como el que enfrenta el noreste del país.
El rechazo se suma a una oposición que se ha
sostenido durante meses.
En mayo, más de 90 organizaciones de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se
agruparon en el frente Noreste Sin Fracking
para exigir que se descarte la actividad en los
tres estados, al considerar que la región sería
tratada como “zona de sacrificio”. En
Tamaulipas, la Asociación de Abogados
Ambientalistas ha documentado más de cien
pozos de fracking activos en el norte del estado
y ha impulsado protestas en distintos
municipios en años anteriores, incluida la
oposición a un proyecto que años atrás se
planteó en Nuevo Laredo.
Las organizaciones coinciden en que no existe,
como ha planteado el Gobierno federal, un
modelo de “fracking sustentable”.
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Expreso-La Razón
El comité científico convocado por el Gobierno
federal para evaluar la viabilidad del fracking en
México definió un mapa diferenciado para
Tamaulipas: recomendó prohibir la extracción
de gas no convencional en la Cuenca Tampico-
Misantla, que abarca el sur del estado, y
continuar los estudios de viabilidad en la
Cuenca de Burgos, ubicada en la zona norte de
la entidad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a
conocer las conclusiones del comité esta
mañana en Palacio Nacional, tras señalar que
el Gobierno condicionará cualquier explotación
futura de gas no convencional a la
comprobación previa de disponibilidad de agua
salada en el subsuelo.
Sobre la Cuenca Tampico-Misantla, que se
extiende principalmente por Veracruz y el sur
de Tamaulipas, la Mandataria federal indicó que
la prohibición responde a consideraciones
sociales y ambientales. “Es social y
ambientalmente inviable. Entonces, lo vamos a
evidentemente a reconocer”, afirmó.
Para la Cuenca de Burgos, en el norte de
Tamaulipas, y para Sabinas-Burro Picachos, en
Coahuila y Nuevo León, el comité no descartó
la explotación sino que pidió profundizar los
estudios. “Esta comisión recomienda continuar
con la evaluación para conocer la viabilidad del
desarrollo de yacimientos no convencionales de
gas natural en dos cuencas: en Sabinas-Burro
Picachos, ubicada en los estados de Coahuila y
Nuevo León, así como en la Cuenca de Burgos,
en la zona noreste de Tamaulipas”, explicó Ana
Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM.
En cualquiera de las cuencas donde
eventualmente se autorice la actividad, los
especialistas descartaron el uso de agua dulce.
José Antonio Hernández Espriú, investigador
de la misma facultad, señaló que cada pozo
puede requerir entre 50 mil y 70 mil metros
cúbicos de agua, por lo que la recomendación
es utilizar exclusivamente agua salada del
subsuelo, siempre que se confirme que no está
conectada con acuíferos de agua dulce. El
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) será el encargado de perforar los pozos
exploratorios para determinar la existencia y
calidad de esos depósitos.
El comité, integrado por 54 especialistas,
también estableció condiciones adicionales
para cualquier proyecto que avance en las
cuencas bajo evaluación: consultas previas,
libres e informadas a las comunidades antes de
iniciar actividades productivas; publicación de
los aditivos y volúmenes de agua utilizados;
prohibición de químicos altamente tóxicos, y
monitoreo científico externo e independiente
sobre acuíferos, cuerpos superficiales y
actividad sísmica.
El análisis se enmarca en la dependencia de
México del gas estadounidense, del cual se
importa 75 por ciento del consumo nacional, y
de esas compras, 93 por ciento proviene de
yacimientos no convencionales. El potencial
nacional de gas natural en yacimientos no
convencionales se estima en 141.5 billones de
pies cúbicos, aunque el comité advirtió que se
trata de recursos prospectivos pendientes de
confirmar mediante estudios y perforaciones.
Sheinbaum señaló que los resultados de las
próximas evaluaciones se presentarán cada
dos o dos meses y medio, y serán publicados
en plataformas de las Secretarías de Energía y
de Ciencia, Humanidades, Tecnología e
Innovación.
