En primera persona/Daniela Plata
Esta semana, Matamoros se sumó a la lista. Una niña de 11 años permaneció hospitalizada en
el IMSS con un embarazo de aproximadamente cinco meses, producto de una violación que
investiga la Fiscalía General de Justicia, hasta este martes, cuando se le practicó una
Interrupción Legal del Embarazo. Vecinos y familiares habían advertido señales desde antes;
nadie actuó a tiempo. Trascendió que el padrastro de la menor cuenta con una orden de
aprehensión por violación en Estados Unidos, de acuerdo con un boletín que circuló esta
semana; la información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades mexicanas, por
lo que se mantiene como versión extraoficial mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
La intervención llegó luego de que el caso escaló a nivel nacional: la Secretaría de las Mujeres
y el SIPINNA emitieron condenas públicas, y el IMSS tuvo que informar sobre la atención
brindada. El Sistema DIF Municipal confirmó que la niña se encuentra estable tras el
procedimiento, realizado con el consentimiento de la madre. Al ser dada de alta, quedará bajo
resguardo del DIF por disposición de la Fiscalía, al no existir condiciones de seguridad en la
vivienda donde ocurrió el abuso.
El caso expone además una falla del sistema de salud: el IMSS atendió a la niña en dos
ocasiones por síntomas de embarazo y ambas veces descartó la posibilidad, atribuyendo las
molestias a un malestar estomacal. El diagnóstico llegó por un ultrasonido particular, después
de que las vecinas ya habían denunciado al 911 el crecimiento de su vientre.
La Fiscalía trasladó el producto de la interrupción al Servicio Médico Forense para pruebas de
ADN. La madre presentó denuncia formal el 5 de agosto contra su pareja, pero la propia niña
señaló a tres hombres adultos como agresores, y la abuela materna declaró que había
advertido del abuso desde que la niña tenía 4 años, sin que se le creyera entonces. Hasta el
cierre de esta columna, ninguno de los señalados ha sido detenido.
El 18 de febrero, en Reynosa, una adolescente de 14 años murió en el Hospital General tras
presentar complicaciones por la ingesta de pastillas; la Fiscalía abrió carpeta de investigación y
el caso quedó pendiente de los resultados de la necropsia. Dos historias, dos ciudades, un
mismo patrón: niñas cuyos cuerpos se convierten en escenario de la violencia que la sociedad
no quiere nombrar.
En México, cada año miles de niñas y adolescentes se convierten en madres, lo que refleja una
historia de desigualdad, silencios impuestos y responsabilidades de las que deberían ser
ajenas.
El embarazo en menores de edad es parte de la violencia contra las mujeres que les arrebata
sus derechos, educación y libertad. Y, lo más importante, la inocencia de su infancia. México
ocupa uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes en América Latina.
Según el INEGI, en 2024 se registraron en el país 89,527 nacimientos de madres de entre 10 y
17 años; uno de cada 19 nacimientos en México correspondió a una madre menor de edad. El
Consejo Nacional de Población documentó que, durante 2025, 7,887 niñas de 10 a 14 años
dieron a luz, un promedio de 22 nacimientos diarios en ese grupo de edad.
El derecho a decidir es de todas, incluidas niñas y adolescentes. El acceso a la salud sexual y
reproductiva es un derecho: no debería ser condicionado a la edad, al estado civil o al permiso
de un adulto. Hablar de interrupción legal del embarazo es hablar del derecho a la vida y a un
futuro para quienes aún no han construido uno; también es hablar de que ninguna adolescente
debería morir por recurrir a un procedimiento clandestino cuando la vía legal existe pero no
llega a tiempo.
