En publico/Nora Marianela García Rodríguez
Los cabildos de las ciudades más grandes de Tamaulipas pasarán de veinticuatro integrantes a
diecisiete en la administración que se elija en junio de 2027, y esa resta de siete lugares no se
decidió aquí, se decidió en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto reformó el artículo 115 constitucional y fijó que cada ayuntamiento del país se integre
con una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, techo que las treinta y
dos entidades debían acatar en un plazo perentorio.
Tamaulipas cumplió en tiempo, avaló la minuta federal el 9 de abril y aprobó por unanimidad la
armonización estatal el 29 de mayo, un día antes de que venciera el término, de modo que la
nueva integración ya es derecho vigente en los 43 municipios.
Escribo esto desde una regiduría que será recortada, lo aclaro antes de que alguien más lo
señale, y por eso los números que siguen provienen de leyes publicadas, sentencias firmes y
acuerdos del propio órgano electoral.
El efecto tampoco es parejo, con la nueva escalera los municipios pequeños incluso ganan
regidurías, mientras la pérdida se concentra en las catorce ciudades más grandes, que además
ceden una de sus dos sindicaturas.
La lectura fácil sería que el recorte cae sobre las minorías, y esa lectura no resiste la aritmética,
porque siete regidurías de un total de veintiuna equivalen a 33% del cabildo y cinco de quince
equivalen hoy exactamente al mismo 33%.
La Suprema Corte reconoció la validez de esa fórmula en septiembre de 2015, al aceptar que el
33% sirve para medir la proporcionalidad entre mayoría relativa y representación proporcional
en los ayuntamientos, de modo que impugnarla ahora sería estéril.
El argumento a favor no es despreciable, un cuerpo colegiado más pequeño delibera mejor,
quince regidurías siguen siendo más de las que tienen municipios comparables en otros países,
y el gasto corriente municipal pedía revisión.
El problema es que ese argumento se sostiene sobre un ahorro que nadie ha cuantificado,
mientras el efecto verdadero ocurre en la mecánica del reparto, algo que no se discutió en
tribuna ni quedó explicado en el dictamen del decreto federal.
El artículo 202 de la Ley Electoral local asigna primero una regiduría directa a cada partido que
alcance el 1.5% de la votación municipal, y sólo después reparte los lugares sobrantes
mediante cociente electoral y luego por resto mayor.
Esa primera ronda quedó intacta, de modo que los partidos chicos conservan íntegra su puerta
de entrada, mientras las dos regidurías suprimidas salen completas de las rondas posteriores,
que es donde una sola fuerza suele acumular lugares.
Bajar de siete asientos a cinco encarece 40% cada lugar en el cociente electoral, así que quien
pierde capacidad de crecimiento no es el partido marginal, es la segunda fuerza, la única con
votos suficientes para armar bloque en el cabildo.
El patrón quedó en actas, el IETAM asignó en Tampico, mediante acuerdo de julio de 2024,
cinco de las siete regidurías proporcionales al PAN y una a cada uno de los otros dos partidos
con derecho a participar en aquel reparto.
Con la regla nueva ese mismo resultado dejaría al PAN en tres, mientras los dos partidos
menores conservarían la suya, y la sindicatura suprimida era justamente la figura encargada de
vigilar la hacienda municipal.
El tablero de 2027 agrava esa mecánica, porque el INE aprobó en junio el registro de Somos
México y de Construyendo Sociedades de Paz, y ambos irán solos por mandato de la ley, que
prohíbe coaligarse a los partidos de nuevo registro.
Conviene mirar los dos calendarios juntos, el recorte de regidurías se aplica desde el proceso
del año próximo, mientras la prohibición constitucional del nepotismo electoral fue aplazada por
el Congreso de la Unión hasta el año 2030.
La consecuencia es muy concreta, agotaron su reelección los alcaldes de Victoria, Reynosa,
Nuevo Laredo, Altamira y Díaz Ordaz, y en 2027 nada impide todavía que un cónyuge o un hijo
se registre para sucederlos en ese mismo cargo.
Aquí aparece el dato que reordena el cálculo de todos, ningún partido de la planilla que gana la
mayoría relativa participa en el reparto proporcional, criterio sostenido por la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral.
Con la medición que GobernArte levantó en Ciudad Victoria del 14 al 19 de mayo, si el partido
dominante gana coaligado con sus dos aliados históricos, el bloque oficialista controlaría doce
de los diecisiete lugares, esto es 71% del cabildo.
Si ese mismo partido gana solo y sus aliados compiten aparte, basta con que crucen el umbral
de 1.5% para que entren al reparto proporcional y el bloque llegue a catorce de diecisiete, o sea
82%, once puntos más por presentarse dividido.
La advertencia es obligada, en esa misma encuesta el Verde aparece con 2.9% y el PT con
2.1%, cifras que caben dentro del margen de error declarado, así que el escenario describe
cómo opera la regla y no anticipa ningún resultado.
Lo que sí es puramente aritmético es el reparto plano, porque en cuanto cinco fuerzas cruzan el
umbral un partido con 25% de intención de voto recibe exactamente lo mismo que otro con
2.5%, y el peso del sufragio deja de contar.
Al aliado pequeño también le conviene separarse, porque la planilla ganadora ya no reparte
diecisiete posiciones entre los socios sino doce, un botín 29% menor, y compitiendo por su
cuenta asegura su regiduría sin negociar absolutamente nada.
El Congreso local ya detectó el hueco, aunque la salida que se propuso el 2 de junio, impulsada
por diputados de Movimiento Ciudadano, consiste en entregar la primera regiduría plurinominal
a quien pierda la elección de alcalde.
El freno de todo el cálculo es el riesgo, porque ese 82% sólo se materializa si el partido
dominante retiene la mayoría por sí mismo, y conviene recordar que la alcaldía de Victoria se
resolvió en 2024 por apenas mil cien votos de diferencia.
Quien va solo y pierde por ese margen se queda con dos regidurías teniendo más de cuatro de
cada diez sufragios, de ahí que los convenios de coalición que se firmen en diciembre no serán
estatales, serán municipio por municipio.
El decreto se defendió invocando la austeridad, al Senado le pidió reducir 15% su presupuesto
de manera acumulada en cuatro años, y al municipio le suprimió cargos que ninguna revisión
presupuestal devuelve después.
Nadie ha publicado cuánto suma el ahorro nacional ni qué obra saldrá de él, en cambio ya
alcanza a calcularse lo otro, que la austeridad sí tiene calendario, y ese calendario aplaza hasta
2030 lo que estorba a quienes ya están sentados.
