– Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: el artículo 275 del Código Penal para Tamaulipas establece que se equipara a la violación.
Por Staff
La Razón
Ciudad de México.- La Secretaría de las Mujeres manifestó su “profunda indignación y enérgica condena” ante los hechos denunciados en el caso de una niña de 11 años, en Matamoros, Tamaulipas, quien habría sido víctima de violencia sexual y, como consecuencia de esta, se encuentra embarazada.
Al manifestar su posicionamiento ante el caso, la dependencia “hace un llamado a todas las autoridades competentes para garantizar en todo momento la protección integral de la pequeña y la restitución de sus derechos, así como su acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada, de manera digna, confidencial, con perspectiva de género y libre de cualquier forma de revictimización”.
Aclaró que “todo embarazo infantil es producto del abuso sexual, que es un delito, pone en riesgo la vida de la menor y vulnera sus derechos humanos, los cuales se deben garantizar por encima de cualquier otra consideración”.
La Secretaría exhortó a los medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales a no juzgar, responsabilizar ni discriminar.
“La prioridad de todas y todos debe ser la protección integral de la menor y el respeto irrestricto a sus derechos”.
Agregó que, como Secretaría de las Mujeres, refrenda su compromiso de dar seguimiento puntual, en el ámbito de sus atribuciones, para que la pequeña no enfrente este proceso sola y, sobre todo, reciba el acompañamiento integral y especializado, adecuado a su edad, que necesita, con pleno respeto a sus derechos.
“Reiteramos que la violencia sexual contra niñas es una grave vulneración de derechos humanos y una expresión inadmisible de violencia de género. Ninguna circunstancia puede justificarla, minimizarla o normalizarla. Es un delito”.
La Secretaría de las Mujeres coordina las acciones y políticas públicas que se implementan a nivel nacional para promover las condiciones que permitan avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en México.
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también manifestó su “profunda preocupación y condena enérgica” por la agresión a la menor y rechazó toda forma de violencia sexual contra las infancias.
Aseveró que se trata de “un delito. No estamos frente a una ‘relación de pareja’ ni ante un embarazo que pueda ser normalizado. Estamos frente a una niña víctima de violencia sexual”.
Explicó que el artículo 275 del Código Penal para Tamaulipas establece que se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso cuando no haya mediado violencia. Por tanto, en el caso de una niña de 11 años, no puede atribuirse validez a un supuesto consentimiento ni utilizarse la existencia de un presunto vínculo de pareja para minimizar, justificar o excluir el carácter delictivo de los hechos.
“Presentar a una niña de 11 años como ‘pareja’ de una persona adulta invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización. Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra”.
Reconoció la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y exigió que las diligencias se realicen de manera pronta, exhaustiva, especializada e imparcial, con perspectiva de niñez, de género y de derechos humanos.
La investigación, dijo, deberá esclarecer plenamente los hechos, identificar a quien o quienes resulten responsables, determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado y garantizar que ninguna conducta delictiva quede impune.
Respecto de la posible interrupción del embarazo, que se encuentra bajo valoración médica e institucional, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes afirmó que cualquier determinación deberá tener como consideración primordial el interés superior de la niñez y la protección integral de la niña.
“La prioridad institucional debe ser proteger a la niña. Se deberá garantizar atención médica y psicológica especializada, asesoría jurídica, representación efectiva, protección inmediata, participación informada, continuidad educativa y restitución integral de derechos, dentro de un entorno seguro y respetuoso de su dignidad”, mencionó.
