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EXPRESO-LA RAZÓN
Desde su incipiente aparición hace algunos años en el panorama delictivo mexicano, el uso de drones por parte de organizaciones del crimen organizado a lo largo de la frontera entre Tamaulipas y Texas no ha dejado de aumentar.
En agosto se registró el repunte más pronunciado documentado hasta ahora, en un fenómeno que combina vigilancia de las posiciones de las autoridades, apoyo logístico al contrabando y, del lado mexicano, incluso ataques armados directos contra células rivales y fuerzas del Estado.
El incremento llevó al Ejército estadounidense a desplegar, por primera vez, armas láser de alta potencia en una misión operativa de seguridad nacional en territorio fronterizo, mientras que en Tamaulipas las autoridades documentan desde hace más de un año el uso de estos aparatos como armas de guerra entre bandas delictivas, con explosivos improvisados adheridos como método de ataque.
De acuerdo con un funcionario del Pentágono citado la noche del miércoles por el reportero Bill Melugin, de la cadena Fox News, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos derribaron alrededor de 100 drones presuntamente vinculados a cárteles del narcotráfico durante agosto a lo largo de la frontera con México, en lo que la fuente describió como la campaña de interceptación más amplia registrada hasta la fecha.
El vocero de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo a Fox News que las acciones “se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”.
Las intercepciones fueron ejecutadas por unidades asignadas a la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, adscrita al Comando Norte de Estados Unidos, que desde meses atrás amplió sus patrullas y vuelos de vigilancia a lo largo de las mil 954 millas de línea fronteriza compartida con México.
Según cifras del Departamento de Seguridad Interna estadounidense retomadas por Fox News, en un periodo de seis meses se contabilizaron aproximadamente 27 mil vuelos de drones dentro de los 500 metros adyacentes a la frontera, de los cuales una parte no determinada se atribuye a cárteles con fines de monitoreo de autoridades y transporte de paquetes pequeños.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno estadounidense no ha reportado ataques directos de “narcodrones” de grupos criminales contra fuerzas policiales, militares o civiles del lado estadounidense de la frontera, a diferencia de lo ocurrido en entidades mexicanas como Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y el propio Tamaulipas.
LA RESPUESTA ESTADOUNIDENSE
El episodio que detonó la atención pública ocurrió la noche del 25 y la madrugada del 26 de agosto, cuando el Ejército de Estados Unidos utilizó por primera vez un sistema de armas láser de alta energía en una misión real de seguridad nacional para derribar tres drones de características comerciales en el Valle del Río Bravo, al sur de Texas.
La acción fue confirmada por el Comando Norte a través de la Comandancia de la 8/a Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el marco de las llamadas operaciones concurrentes o “espejo” que las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos mantienen desde el 5 de febrero de 2025 a lo largo de la línea fronteriza común.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los tres aparatos fueron detectados e inhabilitados en territorio estadounidense y que, de acuerdo con la información transmitida por la contraparte estadounidense, eran utilizados por traficantes de personas para vigilar a las autoridades en la frontera.
El esquema de coordinación bilateral, explicó la dependencia, consiste en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su propio territorio, con el objetivo declarado de contener el tráfico de armas y drogas.
El Comando Norte clasificó los drones derribados como amenazas hostiles al considerar que apoyaban actividades de presuntos grupos criminales que representaban un riesgo físico directo para el personal militar estadounidense y para agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
Funcionarios de la misión, sin identificar por nombre, señalaron que las aeronaves interceptadas a lo largo de agosto variaron desde cuadricópteros comerciales hasta plataformas modificadas con capacidad para transportar pequeñas cargas, y que en algunos días se detectó más de una decena de drones en un solo sector de vigilancia.
El repunte, indicaron las mismas fuentes, siguió a meses de movimiento intensificado de células delictivas a lo largo de la frontera y coincidió con el refuerzo de tramos considerados vulnerables mediante sensores adicionales, obstáculos de alambre y equipos de respuesta rápida.
ARMA DEL CRIMEN EN TAMAULIPAS
Del lado mexicano de la frontera, el uso de drones por parte de grupos de la delincuencia organizada no es un fenómeno reciente ni está limitado a labores de vigilancia.
Autoridades de seguridad en Tamaulipas han documentado en los últimos dos años una escalada en el empleo de estos aparatos, combinada con el uso de minas antipersonales, como armamento de guerra entre células rivales, para atacar a las fuerzas del orden y para infundir miedo entre la población civil que queda en medio de disputas territoriales.
El aseguramiento más reciente ocurrió el lunes 20 de octubre, cuando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en el marco de la Operación Frontera Norte, decomisaron en el municipio de Reynosa un arsenal que incluía dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.
El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. El decomiso de octubre no fue un hecho aislado.
El año anterior, tanto la Sedena como la Fiscalía General de Justicia del Estado reportaron el aseguramiento de siete drones en Reynosa y Matamoros.
En un episodio distinto, ocurrido en los municipios de San Carlos y González Villarreal, la Guardia Estatal aseguró un artefacto explosivo adherido a un dron, por lo que se notificó de inmediato a la delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República. En coordinación con el Ejército Mexicano, se logró neutralizar el explosivo antes de proceder a la destrucción del aparato.
Paralelamente al uso de drones, las minas antipersonales se consolidaron como otra arma recurrente del crimen organizado en la entidad.
En enero de este año, una serie de explosiones de minas terrestres obligó a las autoridades a emitir alertas para la población en la zona rural de Reynosa, San Fernando, Río Bravo y Valle Hermoso. Una de esas explosiones, ocurrida en el municipio de San Fernando, costó la vida a dos personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, lo que activó una alerta especial por parte de las autoridades de ambos países.
Para esas mismas fechas, el secretario de Seguridad Pública del estado informó que se habían localizado 60 minas terrestres en municipios de la frontera, lo que derivó en un operativo especial ejecutado en conjunto con el Ejército Mexicano.
Las autoridades de seguridad del estado advirtieron entonces que “enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada han dejado materiales y sustancias explosivas en los caminos, brechas y campos agrícolas que representan un riesgo latente para la ciudadanía”, y llamaron a la población a alejarse de inmediato de cualquier objeto sospechoso y reportarlo a los números de emergencia 911 o 089.
El uso de minas terrestres por grupos criminales en Tamaulipas tiene antecedentes en años anteriores en municipios como Camargo, donde células delictivas emplearon este tipo de artefactos en enfrentamientos armados. Fotografías de esos hechos documentan vehículos blindados de fabricación artesanal, conocidos como “monstruos”, calcinados y con orificios en la carrocería característicos de este tipo de ataques.
El caso que mejor ilustra la letalidad del uso de drones armados en la entidad ocurrió a principios de este año, cuando circuló en redes sociales un video grabado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el que se observa el momento en que utilizaron un dron para arrojar un artefacto explosivo contra un grupo rival en el municipio de Río Bravo.
En la grabación, de poco más de tres minutos de duración, el operador del dispositivo aéreo dialoga con otra persona que, de acuerdo con el contenido del video, estaría a cargo de coordinar la agresión. Mientras el dron se aproxima a su objetivo, el operador solicita instrucciones sobre cuál de los vehículos de un convoy debía ser atacado y recibe la indicación de que el vehículo “de en medio”, identificado como una unidad blindada tipo “monstruo”, era el blanco.
