Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez
Tiene razón la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando afirmó recientemente “No puede haber
señalamientos, sombras de corrupción en la institución electoral.” y esto viene a la
conversación porque emergió de los medios y se difundió en las redes sociales la información
sobre actos de corrupción en la asignación de contratos para la adquisición de materiales y
servicios para el Instituto Nacional Electoral INE.
Sin embargo, la oposición de la derecha partidista que ha sido incapaz de organizar un frente
político alternativo al partido en el poder, y sus voceros en medios y redes sociales, en forma
oportunista pretenden manchar el desempeño del órgano electoral, por lo que es de la mayor
importancia dejar en claro que la administración de los recursos y bienes de la institución no
pasa por las manos de los Consejeros Electorales que tienen como función fundamental vigilar
que todas las fases del proceso electoral, la jornada de votación y la entrega de resultados se
lleven a cabo con estricto apego a la constitución y las leyes.
La crisis de corrupción administrativa en el INE y la preparación de las elecciones de 2027
deben examinarse en forma separada porque son cuestiones distintas. La primera está sujeta a
una investigación administrativa y posiblemente penal sobre la gestión de Guadalupe Taddei y
su red de proveedores; la segunda tiene que ver con la capacidad técnica del instituto para
organizar los comicios.
Hasta donde se sabe el escándalo que provocó la renuncia de Taddei el 26 de octubre de 2026
se centra en un conflicto de interés con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández
Casillas, dueños de un conglomerado de al menos siete empresas proveedoras de material
electoral al INE desde el 2014, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF del Gobierno de México investiga a esta red desde
2023 por simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de factureras; no
obstante, en febrero de 2025, la administración del INE todavía les adjudicó de forma directa
197.6 millones de pesos para materiales de la elección judicial.
La relación personal entre Taddei y el empresario Hernandez Casillas quedó expuesta en
videos y fotografías de celebraciones privadas, y se documentó que exrepresentantes legales
de estas empresas ocuparon puestos clave dentro del INE, incluida la Dirección de
Administración. La ASF y el Órgano Interno de Control mantienen investigaciones abiertas, pero
hasta ahora se trata de señalamientos en fase de deslinde, no de resoluciones o sentencias
firmes.
Tras la salida de Taddei, la Presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García ordenó detener
la entrega de contratos y revisar los activos en coordinación con la ASF. Esta pausa
administrativa es una medida cautelar razonable, no una parálisis del proceso. La propia Cruz
García afirmó que “las próximas elecciones se realizarán con transparencia en estricto apego a
la legalidad” y que el INE “está de pie, trabajando y plenamente preparado”.
El Servicio Profesional Electoral Nacional que es la estructura técnica que ha organizado las
elecciones de 2018, 2021 y 2024 sin interrupciones en la jornada electoral, sigue operando. La
revisión de contratos puede retrasar adquisiciones, pero no afecta al proceso electoral que
sigue en tiempo y forma gracias a la capacidad institucional acumulada durante décadas.
El oportunismo opositor pretende difuminar la frontera entre la administración de los recursos y
el trabajo electoral. Es legítimo exigir transparencia y castigo a los responsables de la red de
contratos sospechosos. Pero extender esa sospecha al conjunto del INE y sugerir que las
elecciones de 2027 están en entredicho por la renuncia de un funcionario es absurdo y
malintencionado.
Mezclar ambos planos solo beneficia a quienes prefieren la descalificación fácil al escrutinio
serio. La oposición mediática incurre en un oportunismo pueril y perverso al utilizar el asunto de
la mala administración de los recursos y servicios del INE para descalificar la credibilidad ética
y el desempeño técnico del Consejo Electoral. No es lo mismo una cosa que la otra.
