Inteligencia Ciudadana: Economía, Finanzas y más / Alfredo Torres
Hoy abordaremos una de las discusiones más polarizadas de la política en nuestro país, los programas de transferencias directas de efectivo, o lo que popularmente llamamos “asistencialistas”. La narrativa política nos dice constantemente que entregar dinero directo a la población vulnerable es el acto supremo de justicia social. Sin embargo, desde la óptica de la economía, las finanzas conductuales y la administración responsable, inyectar efectivo sin acompañarlo de un programa robusto de educación financiera es como darle un pez a un hombre sin enseñarle a pescar; y para empeorar las cosas, cobrándole ese pez a través de sus propios impuestos. Es una trampa que alivia el síntoma temporalmente, pero perpetúa la pobreza estructural y genera una dependencia clientelar.
Vayamos a los datos duros que contrastan estas dos realidades. Por un lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina año con año cientos de miles de millones de pesos a programas de subsidio directo. Se reparte dinero a un volumen sin precedentes. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto con el INEGI, nos muestra la otra cara de la moneda; el profundo analfabetismo financiero de nuestra sociedad. Los datos revelan que la gran mayoría de los adultos en México no lleva un presupuesto formal de sus gastos, recurre a mecanismos de ahorro informales (como las famosas “tandas” o guardar el efectivo bajo el colchón, donde la inflación lo devora silenciosamente) y carece por completo de un fondo para emergencias.
Peor aún hay más, si revisamos el presupuesto nacional, los recursos que se destinan a programas de educación y alfabetización financiera son estadísticamente insuficientes frente al gasto asistencial.
¿Qué sucede cuando el gobierno inyecta capital en un ecosistema que carece de educación financiera? La respuesta es predecible; el dinero se destina casi en su totalidad al consumo inmediato. No se invierte, no se multiplica, no se utiliza para generar patrimonio. El ciudadano recibe el subsidio, lo gasta en la tienda (a menudo comprando productos encarecidos por la inflación) y, al mes siguiente, vuelve a estar en la misma posición de vulnerabilidad, esperando ansiosamente el próximo depósito del gobierno.
El verdadero empoderamiento ciudadano no consiste en solo recibir. Consiste en comprender cómo funciona el dinero, cómo las tasas de interés pueden trabajar a nuestro favor, cómo diversificar el riesgo y cómo administrar los recursos de manera ética y eficiente.
Una política pública verdaderamente orientada al desarrollo humano exigiría que los programas de transferencia económica estuvieran condicionados a la capacitación. El Estado debe actuar de forma subsidiaria brindando la red de apoyo para que nadie caiga en la miseria, pero exigiendo a cambio que el beneficiario adquiera las herramientas intelectuales y financieras para salir de esa red.
La verdadera libertad económica comienza en la mente. Mientras no enseñemos a la población el valor del ahorro, la inversión y el emprendimiento, seguiremos administrando la pobreza en lugar de erradicarla.
