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Austin.-El gobierno de Texas designó 9 islas ubicadas entre Laredo y McAllen, en la frontera acuática México-Estados Unidos, como propiedad del estado de Texas, lo que permite al ejército estadunidense acceder a estos pequeños territorios acuáticos “con el fin de mantener la seguridad operativa” de la frontera sur y eliminar posibles escondites de narcotraficantes, informó la comisionada de Tierras del Estado, Dawn Buckingham.
Las islas ocupan una extensión territorial de poco más de 26 hectáreas.
La funcionaria afirmó que tras recibir una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con respecto a 28 islas dentro del río Bravo, a la altura de su territorio entre Laredo y McAllen, que anteriormente se consideraban “no reclamadas o cuya propiedad no se había establecido”, la Oficina General de Tierras de Texas determinó que podrán acceder a las islas para realizar tareas de limpieza y patrullaje.
“Como Comisionado de Tierras de Texas, tengo la responsabilidad de proteger cada acre de terreno estatal confiado a la Oficina General de Tierras. Durante años, la propiedad de estas islas ha sido incierta, lo que ha limitado la capacidad de garantizar su debida vigilancia y protección”, declaró.
“Ahora que la Oficina General de Tierras confirmó que estas 9 islas pertenecen al estado de Texas, estamos notificando a nuestros socios de las fuerzas del orden para que puedan acceder a estas propiedades estatales, patrullarlas, inspeccionarlas y eliminar cualquier actividad ilegal que encuentren, de conformidad con la ley. El terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales”, añadió.
Buckingham reconoció que aún no se ha confirmado actividad delictiva en estas islas, pero señaló que “la experiencia previa” demostró cómo las islas fronterizas pueden ser explotadas por cárteles y contrabandistas, sin dar ejemplos específicos.
La mexicana Secretaría de Relaciones Exteriores respondió y cuestionó que las decisiones sobre la soberanía de las islas puedan quedar en manos de una autoridad estatal estadounidense.
La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970, firmado entre México y Estados Unidos, establece que la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del río Bravo. Debido a que el recorrido puede modificarse por procesos naturales, la determinación sobre la pertenencia de las islas corresponde exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
“Cualquier obra o acción que se pretenda realizar en estas islas requiere la consideración y aprobación de ambas secciones de dicha Comisión de conformidad con lo establecido en el Artículo IV del Tratado”, advirtió.
Rosario Sánchez, directora de la organización Aguas Binacionales, reiteró que las decisiones sobre límites y aguas federales no corresponden a los gobiernos estatales. Según describió, la Comisión Internacional de Límites y Aguas es la instancia encargada de determinar si los cambios en el río modifican la ubicación de las islas o la frontera internacional.
Y Gabriel Eckstein, académico de derecho del agua de la Universidad de Texas A&M, planteó que la discusión no necesariamente implica que las islas pertenezcan a México, sino que también podría tratarse de terrenos del gobierno federal estadounidense y no del Estado de Texas. “¿Están reclamando islas estadounidenses? Es decir, ¿pertenecen al gobierno federal o al Estado de Texas?”, apuntó.
“En 2023, declaré la isla Fronton, una isla de 170 acres en el condado de Starr, como propiedad estatal. Tras dicha declaración, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Gestión de Tránsito despejaron la vegetación mediante la Operación Flat Top, lo que contribuyó a interrumpir la actividad delictiva en el lugar”, argumentó Dawn Buckingham.
En octubre de 2024 la Comisionada anunció que la Oficina General de Tierras había adquirido un rancho de 1402 acres a lo largo del Río Grande, en la frontera del condado de Starr con México, para construir el muro fronterizo.
Menos de 24 horas después firmó un Memorando de Entendimiento con la Comisión de Instalaciones de Texas, autorizándolos a comenzar la construcción del muro fronterizo estatal.
En noviembre de 2024, envió una carta a la administración de Donald Trump ofreciendo el terreno recién adquirido para la construcción de centros de deportación y áreas de concentración, con el fin de llevar a cabo los planes del presidente para deportar a inmigrantes ilegales violentos y delincuentes. En enero de 2025, se completó el revestimiento de 2.4 kilómetros del muro fronterizo en esta propiedad del condado de Starr.
La Oficina General de Tierra consultó 20 islas en el río Bravo encontrando que 11 no eran parte de Texas “en este momento”, con las otras 9 siendo identificadas a partir de revisar fuentes como mapas históricos, encuestas, fotografía aérea y otros registros geográficos
