Cynthia Gallardo
La Razón
Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la población LGBTTTI+ exigieron a los ayuntamientos de Tamaulipas asignar presupuestos propios para garantizar la atención a la diversidad sexual y evitar que los avances legislativos queden sin aplicación por falta de recursos.
En un posicionamiento conjunto ante la 66 Legislatura del Congreso estatal, Ana Karen López Quintana, representante de Tamaulipas Diversidad VIHda Trans A.C., y Celso Pérez Ruiz, de Tendremos Alas A.C., respaldaron el trabajo de la diputada Lucero Deosdady Martínez López, particularmente la aprobación de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI+ y su reciente iniciativa para impulsar institutos municipales de atención a la diversidad sexual.
Señalaron que municipios como Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo deben contemplar partidas presupuestales específicas para garantizar el funcionamiento de estos organismos, además de adecuar sus Bandos de Policía y Buen Gobierno, a fin de evitar que se conviertan en instancias sin capacidad operativa.
Asimismo, cuestionaron el uso del Anexo Transversal 33 como argumento de gestión política desde una regiduría de Tampico. Explicaron que este instrumento forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y contempla recursos destinados a programas federales de salud, por lo que las autoridades municipales no pueden administrarlos o distribuirlos directamente. En cambio, señalaron, los ayuntamientos sí tienen la obligación de destinar recursos propios para atender a estos grupos de población.
En materia legislativa, las organizaciones rechazaron la iniciativa del diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo para tipificar el stealthing, práctica consistente en retirar o dañar intencionalmente el preservativo sin el consentimiento de la otra persona, con penas de hasta 10 años de prisión.
Consideraron que esta propuesta, junto con la permanencia del delito de peligro de contagio previsto en el artículo 203 del Código Penal estatal, podría inhibir que las personas acudan a realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual o soliciten profilaxis posexposición (PEP).
Por otra parte, Celso Pérez Ruiz señaló que Tamaulipas mantiene cinco pendientes prioritarios en materia de derechos de la población LGBTTTI+: una Ley de Identidad de Género por la vía administrativa, la tipificación de los crímenes de odio, la derogación del artículo 203 del Código Penal, una Ley de Inclusión Laboral Trans y la asignación de presupuestos estatales y municipales etiquetados para la atención comunitaria.
Finalmente, las asociaciones hicieron un llamado a las y los integrantes de la 66 Legislatura y a los 43 ayuntamientos para trabajar de la mano con la sociedad civil, privilegiar el sustento técnico de las iniciativas y garantizar que las políticas públicas en materia de diversidad sexual se traduzcan en acciones concretas, recursos suficientes y respeto a los derechos humanos.
