Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Cuando un gobierno necesita recurrir cada vez más al
endeudamiento para sostener sus compromisos
financieros, es motivo de preocupación. Por eso causa
marcada inquietud que México está comprometiendo
recursos de las próximas generaciones para financiar
las necesidades del presente.
La Ley de Ingresos de la Federación 2027 –aprobada
por el Congreso de la Unión–, evidencia una realidad
que no puede maquillarse con cifras multimillonarias,
pues el país seguirá dependiendo del dinero prestado
para completar sus ingresos y atender sus
obligaciones presupuestarias.
Los ingresos para el año próximo se contemplan en 10
billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Pero se
autorizó que el Gobierno Federal contrate hasta un
billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento
interno neto.
De esa cantidad, un billón 479 mil 959.2 millones
corresponderán a los ingresos derivados de
financiamientos. Lo cual significa que, esos recursos
no serán generados por la productividad una
economía fortalecida, sino un dinero que deberá
devolverse a la usura, con sus respectivos intereses.
Y es ahí donde comienza el verdadero problema.
Cada nuevo empréstito público representa una carga
para las finanzas y reduce el margen de maniobra de
los siguientes gobiernos, pues, a estos, se les obliga a
liquidar pasivos de quienes los antecedieron en el
cargo.
No se trata de cuestionar el endeudamiento por sí
mismo, ya que igual hay créditos que sí pueden
justificarse cuando se destinan a infraestructura
productiva y proyectos capaces de generar riqueza.
Pero la preocupación aparece cuando el
financiamiento se convierte en una herramienta
recurrente para sostener el gasto sin una generación
equivalente de recursos.
Al débito se suma Petróleos Mexicanos (Pemex), que
todavía depende del gobierno en su aspecto financiero
y presiona las cuentas nacionales, al presentar severa
crisis pese a suponerse que es un organismo
productivo.
La nueva Ley de Ingresos (esta vez) autoriza a Pemex
endeudamiento neto por 160 mil 619.5 millones de
pesos en el mercado interno, más 5 mil 259.4 millones
de dólares en el externo. Y para la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) también se establecen límites de
financiamiento por 16 mil 742 millones de pesos
internos y 725 millones de dólares externos.
Los créditos, por tanto, no terminan con el
endeudamiento autorizado al Ejecutivo federal, pues
también existen compromisos financieros para las
empresas ‘productivas’ del Estado que pueden
repercutir en las necesidades de recursos públicos.
Por otra parte, Hacienda estima obtener 6 billones 263
mil 886.8 millones de pesos mediante impuestos. Una
meta considerable que obliga a preguntarse si el
crecimiento económico será suficiente para sostener
semejante recaudación sin incrementar las presiones
sobre empresas, trabajadores y consumidores.
No basta con establecer objetivos históricos de
ingresos tributarios. Se necesita inversión, producción,
empleos bien remunerados y el crecimiento
económico. De lo contrario, la recaudación puede
convertirse en una carga adicional para quienes
sostienen la economía nacional.
El Gobierno proyecta que los Requerimientos
Financieros del Sector Público representarán 3.9 por
ciento del PIB; y que la deuda pública alcanzará
alrededor de 55 por ciento de la economía; mientras
Hacienda sostiene que esos niveles son compatibles
con una trayectoria sostenible. Sin embargo, son
estimaciones sujetas al comportamiento económico, la
recaudación y las condiciones financieras
internacionales.
Una desviación en los pronósticos, acompañada de
menores ingresos y mayores costos de
financiamiento, podría obligar a contratar más deuda o
recortar recursos destinados a necesidades
prioritarias.
Mientras tanto, ¿qué ocurrirá con la salud, la
educación, la seguridad, la infraestructura y los
servicios públicos?
El costo financiero de la deuda compite por los
recursos que también necesita la población. Y cada
peso destinado al pago de intereses es un peso que
deja de atender otras obligaciones del Estado.
Lo más cuestionable es que México parezca
acostumbrarse a resolver sus problemas financieros
contratando nuevas obligaciones, como si las deudas
fueran una fuente inagotable de recursos y no un
compromiso que habrá de liquidarse con el dinero de
los contribuyentes.
La Ley de Ingresos 2027, sin embargo, por sí sola no
significa que el país esté condenado a una crisis
económica, pero sí plantea riesgos que no pueden
minimizarse ni esconderse detrás de proyecciones
optimistas.
La pregunta no es cuánto dinero puede pedir prestado
el Gobierno, sino cuánto puede pagar sin sacrificar el
desarrollo nacional y el bienestar de la población.
Y es que endeudarse para producir riqueza puede
representar una inversión; pero hacerlo
recurrentemente para sostener compromisos sin
fortalecer la capacidad productiva, puede ser una
pesada herencia.
Nuestro país no necesita gobiernos que presuman
billones de pesos mientras multiplican sus
obligaciones financieras. Necesita una economía
capaz de generar los recursos que requiere sin
depender invariablemente del crédito.
Esto significa que un país no se construye
hipotecando su futuro. Y cuando quienes gobiernan
comprometen recursos que todavía no se han
generado, la factura no la pagan los políticos que
aprobaron la deuda, sino la pagamos los ciudadanos,
nuestros hijos y las generaciones que vienen.
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