En publico/Nora García Rodríguez
Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, volvió con vida a casa, pero el caso sigue lleno de
puntos que la Fiscalía de San Luis Potosí, a cargo de la carpeta, tendrá que aclarar, desde el
lugar exacto del ataque hasta la forma en que terminó su cautiverio. Las versiones coinciden,
eso sí, en que hombres armados lo interceptaron una tarde de sábado en una carretera federal
y se lo llevaron junto con su asesor.
Según ha contado, el sábado 7 de noviembre viajaba con su familia y dos colaboradores rumbo
a Real de Catorce y, siguiendo el GPS, terminó en la franja limítrofe entre Zacatecas y San Luis
Potosí, donde lo privaron de la libertad junto con su asesor mientras el resto del grupo,
abandonado en la carretera, llegaba a Cedral a pedir auxilio.
La salida descansa, por ahora, en su testimonio. Contó que estuvo retenido en un potrero, que
aprovechó un descuido de sus captores para huir con su asesor hacia el cerro y que caminó de
noche hasta la carretera, donde tomó un autobús que lo llevó a un filtro de revisión en Coahuila;
ahí pidió hablar con un agente y dijo quién era. Al principio se habló de 80 kilómetros y después
precisó que unos 50 fueron a pie y el resto en autobús; el fiscal de Tamaulipas juzgó difícil,
aunque no imposible, el recorrido narrado en un inicio, y la distancia tendrá que corroborarse en
campo.
El domingo 8, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó que el Gabinete
de Seguridad localizó al alcalde en coordinación con cuatro gobiernos estatales y difundió su
fotografía a bordo de una unidad oficial, un anuncio que puede ser compatible con una fuga
previa. La liberación que mencionó un boletín de la Secretaría de Seguridad potosina y la fuga
que relata Almaraz, en cambio, no pueden ser ciertas a la vez, y el gobernador de San Luis
Potosí admitió que no sabe cuál de las dos ocurrió.
Sobre el lugar exacto tampoco hay acuerdo: San Luis Potosí sostiene que el ataque ocurrió en
la carretera de San Tiburcio a Vanegas, del lado zacatecano; Zacatecas lo ubica en territorio
potosino, y la diferencia tensó la relación entre ambos gobiernos, aunque el tramo pertenece a
la red federal y su vigilancia no dependía solo de ninguno de los dos.
En San Luis Potosí, donde la familia pidió auxilio, se abrió la carpeta, y la fiscalía de Tamaulipas
colabora a solicitud de la potosina, en coordinación con las de Zacatecas y Coahuila, la FGR y
el gabinete federal. Ambas fiscalías coinciden en que fue un delito de oportunidad sin
motivación política, y la potosina lo vincula con el robo violento de vehículos.
Si esa hipótesis se confirma, el alcalde no era el objetivo y cualquier familia que transitara por
ahí en una camioneta pudo terminar en el mismo potrero. Hay coordinación entre fiscalías y con
el gobierno federal, y de ella debe salir una reconstrucción pública que concilie el lugar del
ataque, la duración del cautiverio y la forma en que terminó.
Tamaulipas reportó esta semana una baja de 22.9% en el promedio diario de víctimas de
homicidio doloso entre enero y octubre, frente al mismo periodo de 2025, con cifras del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y en el país los recuentos públicos suman más de una docena
de alcaldes asesinados en lo que va de este gobierno federal.
El riesgo de los tamaulipecos no termina en la línea estatal, porque viaja con ellos por
carreteras que ningún gobierno estatal vigila por sí solo, y la elección municipal de 2027 pondrá
en esas rutas a aspirantes, alcaldes y dirigentes de todos los partidos, cuya protección no
puede quedar a merced del tamaño de una escolta o de la suerte frente a un retén.
Desde Washington, el presidente de Estados Unidos ha repetido este otoño que los cárteles
controlan México, y un alcalde fronterizo interceptado por un grupo armado en una carretera
federal le ofrece a esa frase un caso que su gobierno puede citar, aunque un solo episodio no
prueba lo que la frase afirma de todo el país; la respuesta útil está en las carreteras, con
presencia permanente, investigación seria y una sola versión verificable.
Corresponde ahora que el Gabinete de Seguridad publique una cronología que distinga lo que
hizo el operativo de lo que hizo la víctima, que los peritajes establezcan dónde ocurrió el
ataque, que la investigación explique quién operaba en ese punto, desde cuándo y a cuántas
personas detuvo ese día, y que la versión del alcalde se contraste con esos resultados.
El episodio terminó con el alcalde a salvo, pero la seguridad de ese tramo carretero sigue
pendiente. Las autoridades federales y estatales tienen ahora la tarea de traducir la
investigación en medidas de prevención para ese corredor, a fin de que la respuesta
institucional que movilizó a cuatro estados y al gobierno federal alcance también a quienes lo
transitan a diario.
