En Voz Alta/Perla Reséndez
El escándalo de los contratos electorales ya dejó de
ser un asunto de proveedores. Ahora alcanza
nombres, relaciones políticas, instituciones y, sobre
todo, pone a prueba la credibilidad de quienes durante
años tuvieron en sus manos la organización de las
elecciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el
bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas
relacionadas con proveedores electorales: 25
personas físicas y 15 morales. La medida se tomó tras
detectar operaciones financieras con indicadores de
riesgo y derivó en una denuncia ante la Fiscalía
General de la República.
Entre los nombres que aparecen está el de Guadalupe
Taddei, la hoy ex presidenta del INE. Y aquí es donde
el asunto adquiere otra dimensión política.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno han puesto sobre la
mesa una red de empresas vinculadas con los
hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández
Casillas, que habría obtenido contratos por más de
dos mil millones de pesos en organismos electorales
locales entre 2014 y 2023.
En la explicación federal también aparecieron
relaciones institucionales y políticas alrededor de esas
compañías. Se mencionó a Juan Carlos Padilla
Aguilar, a Guadalupe Acosta Naranjo y a antiguos
funcionarios electorales como Lorenzo Córdova,
Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, quienes
actualmente tienen vínculos con el partido Somos.
El señalamiento presidencial apunta a esclarecer
cómo se relacionaron empresarios, antiguos
servidores públicos y actores políticos, así como el
papel que pudieron tener las decisiones institucionales
en la continuidad de esos proveedores.
Córdova encabezó el INE entre 2014 y 2023, periodo
en el que el organismo adquirió facultades para
designar a integrantes de los institutos electorales
estatales. Baños fue consejero electoral y Jacobo
ocupó la Secretaría Ejecutiva del instituto.
Son relaciones que deben investigarse y
documentarse. La cercanía política o la coincidencia
en una estructura partidista no demuestra, por sí sola,
participación en irregularidades; pero tampoco debería
ser motivo para cerrar preguntas sobre posibles
conflictos de interés o intervenciones indebidas.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal
Anaya salió a fijar postura. Respaldó la exigencia de
Claudia Sheinbaum de investigar a fondo la presunta
red de proveedores y pidió que la revisión alcance
también a los organismos electorales estatales,
incluido el Ietam.
Y aquí es donde el tema adquiere relevancia local.
El Consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos
Charre, confirmó que el organismo recibió el 29 de
octubre un requerimiento de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas para
entregar información de 2025 relacionada con 11
empresas. El plazo vence el 10 de noviembre.
En el historial de contrataciones aparecen Cajas Graf,
con una adjudicación por 14.5 millones de pesos en
2021 y otra por casi 17 millones en 2022; así como
Gráficas Corona, que obtuvo un contrato por casi 29
millones de pesos ese mismo año, además de una
adjudicación directa por 2.8 millones.
Ramos Charre negó que el INE haya instruido al Ietam
para contratar a esas compañías y aseguró que las
decisiones correspondieron al organismo estatal.
También manifestó disposición a que las auditorías
revisen ejercicios anteriores.
Que las cuentas públicas hayan sido aprobadas no
debe convertirse en un blindaje frente a nuevas
revisiones. Tampoco basta con publicar contratos: hay
que explicar quién decidió, bajo qué criterios y si
existieron condiciones que limitaron la competencia.
La autonomía electoral no significa opacidad. Y el
deslinde político tampoco equivale a rendición de
cuentas.
En vísperas de la elección de 2027, el Ietam tiene la
oportunidad de demostrar que la transparencia no es
solamente un discurso. Y el Gobierno estatal, de
acreditar que su exigencia de investigar no tiene
excepciones ni nombres intocables.
Porque la autonomía electoral no significa opacidad, y
el deslinde político tampoco equivale a rendición de
cuentas.
En Voz Alta: que se investigue a todos, que se
conozcan los contratos y que, si hay responsables, no
haya protección política que los salve.
