Arca de Noé/Pedro Alfonso García
A menos de diez meses de las elecciones de 2027, el escándalo que involucra a Guadalupe
Taddei y a sus socios pone en entredicho la imparcialidad y la legitimidad del INE, con
repercusiones que erosionan la credibilidad de los organismos electorales locales, como el
IETAM. El árbitro fue expulsado de la cancha cuando apenas comienza el partido y ahora
enfrenta señalamientos que podrían trasladar el caso de los medios a los tribunales. Su salida,
precipitada por las acusaciones de corrupción, ha abierto una crisis de confianza institucional
en medio de una polarización política que amenaza con profundizarse.
El caso, con la opacidad propia de todo proceso legal —si es que se cumple tal cual debe—,
alcanza a Tamaulipas, donde se asignaron contratos a Cajas Graf y Gráficas Corona JE para la
proveeduría, impresión y material electoral de los procesos locales, según el informe del IETAM
de 2021. Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos de
fiscalización llevarán la revisión, por lógica, hasta los contratos de los institutos estatales.
Podrá alegar y decir lo que quiera Juan José Ramos Charre, pero el organismo que todavía
preside fue metido en medio de un lodazal, y el problema no es solo lo que pase con los
funcionarios; más bien, debe poner a pensar a medio mundo que el árbitro electoral que
organizará el proceso de 2027 está en el centro de un escándalo sin precedentes que
seguramente enturbiará la competencia.
Desde la ciudadanización del IFE en 1996, la fuerza moral del sistema electoral mexicano
descansa en que los partidos acepten perder porque confían en quien cuenta los votos. Sin esa
confianza, el reglamento sirve de poco. Los procesos judiciales seguirán sus propios tiempos —
burocráticos o políticos—, pero el daño a la reputación ya ocurrió, y cualquier resolución
posterior de los tribunales electorales podrá ser vista por ciudadanos y partidos como parcial o
amañada.
El control de crisis al que están obligadas las autoridades estatales y federales —ante el riesgo
de un 2027 cuestionado y judicializado— debe empezar desde ahora, para evitar que un árbitro
debilitado por el escándalo y sin autoridad moral quede expuesto a que los partidos y
candidatos con mayor peso, o menor apego a las reglas, aprovechen esta debilidad para
presionar, desobedecer, judicializar cada acuerdo técnico e instalar en el imaginario colectivo la
idea de que “elección ya está corrompida”, incluso antes de que los ciudadanos acudan a las
urnas.
En el caso específico de Tamaulipas, el dirigente del IETAM y una gran parte de los
comisionados, tanto partidistas como apartidistas, han sido arrastrados por la crisis generada
en el INE por Guadalupe Taddei y su socio favorito, José Alfredo Hernández Casillas, aunque
aleguen que la asignación de contratos a Cajas Graf y Gráficas Corona fue a través de una
licitación. Más allá de la inclusión amañada de estas empresas, tendrán que explicar todas las
deficiencias que enturbiaron la elección.
Apenas el 10 de septiembre pasado se puso en marcha el proceso electoral que culminará en
2027, y la renovación en la cúpula del IETAM está atorada después de que los aspirantes a
suceder a Charre no pasaron los filtros. La efervescencia y la intensa lucha por el poder que se
libra al interior de los partidos generan un escenario complicado que irá enrareciéndose
conforme se acerquen las definiciones internas y las campañas formales que desembocarán en
las elecciones de junio de 2027.
En medio de este escenario se intensifica la lucha sin cuartel de los grupos de poder, quienes
pretenden ganar a cualquier precio y usando las triquiñuelas que más les convengan, lo que
precipita el debilitamiento de las autoridades federales y locales. En Tamaulipas, la guerra es
soterrada porque la autoridad local ha apretado el control político, mientras que a nivel nacional
la conversación pública es cada vez más tóxica y polarizada por la embestida de los
detractores de la presidenta Sheinbaum.
Lo lógico es esperar golpes de timón para rescatar el control y relajar el ambiente político. No
hacerlo sería imprudente y de alto riesgo para un gobierno local que aspira a una elección muy
tersa, y para una presidenta que aún trabaja en sacudirse los estorbos del pasado.
