El mundo de nunca jamás / Pedro Alfonso García Rodríguez
En el país, el modelo opositor caducó; terminó un ciclo prolongado por décadas como producto de las fisuras del priismo, el partido en el poder, hegemónico y omnipotente.
El trayecto de la derecha y la izquierda mexicanas se dio por caminos distintos, con ciertas convergencias circunstanciales, como la defensa de la democracia, hasta su llegada al poder, su aterrizaje en la vida política nacional y su adaptación a la naturalidad de la corrupción en la política mexicana.
La derecha mexicana “provocó” la alternancia política con Vicente Fox y durante 12 años disputó el poder con los remanentes del priismo, además de enfrentar los constantes señalamientos de la izquierda mexicana, que la acusó de conservar el régimen intacto y sumar fuerzas con el PRI en lo que denominaron “PRIAN”.
Los panistas iniciaron la narrativa de los narcogobernadores para perseguir primero a los perredistas de Michoacán y después a los priistas. Mientras tanto, las fuerzas perredistas, desde la Ciudad de México, ganaban más espacios y los mismos priistas a los que señalaron —y persiguieron— salvaron el statu quo.
Tres doritos después —o sexenios—, Vicente Fox, la principal figura que provocó la caída del priismo, acudió el viernes a la sede oficial de sus adversarios para hacer un llamado a la unidad.
Lo recibieron el dirigente “Alito”, el senador Manuel Añorve y el exgobernador de Coahuila, al igual que su hermano, Rubén Moreira.
Esto ocurre en medio de un contexto nacional marcado por figuras morenistas amedrentadas por el gobierno estadounidense a causa de su supuesta relación con actividades ilícitas y grupos delincuenciales.
El atrevimiento de las figuras pertenecientes a dos de los partidos que gobernaron el país, entregaron el poder y ahora intentan recuperarlo marca el fin de un modelo de política de oposición que imperó durante la segunda mitad del siglo XX y se intensificó en las primeras dos décadas del siglo en curso.
La última esperanza de una ola opositora que llegara al poder se postergó por casi 20 años, cuando la figura emergente de AMLO enarboló la lucha para acabar con un régimen. Ahora, ante las constantes embestidas, señalamientos y evidencias de corrupción e impunidad, ese proyecto poco a poco se desvanece y sólo sobrevive por un aparato de Bienestar cada vez más erosionado.
La partidocracia, que durante dos décadas se mantuvo vigente por la lucha entre antagónicos y un tercero en discordia que creció con el paso del tiempo, terminó; y, al menos en la legitimidad de sus causas, el piso quedó parejo.
El desmoronamiento del priismo jurásico se dio en un ambiente de crisis económicas, purgas políticas y evidentes actos de corrupción.
El panismo prometió sacar al país de sus crisis económicas y acabar con los vicios del priismo. La crisis económica de 2008 echó abajo esa intención y el combate frontal a la delincuencia organizada provocó la muerte y desaparición de cientos de miles de mexicanos.
Y, al igual que durante el priismo, los actos de corrupción se mantuvieron como una constante y a la vista de todos.
El temor al regreso de las políticas económicas de la época populista del jurásico priista provocó una suma de fuerzas para que AMLO fallara en sus primeros dos intentos de llegar al poder. Y, a pesar de la cacería iniciada contra priistas, desde el panismo impulsaron su regreso.
La misma realidad detonada desde el panismo imperó durante el gobierno del PRI, además de las olas de denuncias y golpes mediáticos por corrupción relacionados con el expresidente Enrique Peña Nieto, su gabinete, compañeros de partido y gobernadores.
La suma de problemas provocados por la inseguridad, como el drama de los desaparecidos, y la evidente corrupción denunciada en figuras priistas llevó al gobierno del nuevo PRI a la deriva. Las purgas contra exgobernadores alimentaron el discurso opositor de AMLO y de la izquierda mexicana.
Tras 12 años de mantener viva su imagen opositora, AMLO y Morena llegaron con alianzas pactadas con personajes de toda la sociedad, con figuras políticas provenientes de todos los partidos, pero principalmente priistas.
La llegada de Morena al poder propició una fuga masiva e inmediata de priistas que abandonaron su militancia para recibir el “bautizo”, ahora como servidores de la nación.
La mayoría de las estructuras políticas del partido provenía del priismo y aún proviene.
El sustento ideológico de la aclamada 4T se dio desde la izquierda; el sustento territorial, con estructuras mayoritariamente priistas.
Y, como punto de partida, el Grupo Tabasco concentró la mayoría de las relaciones y, por supuesto, los negocios.
Si el huachicol como modelo de negocio surgió en la etapa final del sexenio de Felipe Calderón, durante el priismo aumentó su presencia en todo el territorio nacional hasta el llamado del gobierno de AMLO a combatirlo.
Y una lucha legítima que adoptó el gobierno de AMLO terminaría convertida en la principal fuente de ingresos de su cúpula política, al menos según lo que arrojan las indagaciones por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
El discurso de amnistía de AMLO desde la campaña presidencial vaticinó una “luna de miel” con la delincuencia organizada y, aunque las cifras del delito, según sus reportes, mostraban mejoras, los grupos delincuenciales evolucionaron del tráfico de drogas, armas y personas al de hidrocarburos.
Y es probablemente esa indiferencia —o complicidad— de AMLO la que explica la persecución frontal que hoy mantiene la administración de Donald Trump contra los morenistas más cercanos al expresidente.
Los mismos que, desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han intentado restarle capacidad de maniobra.
Las fricciones iniciales entre la presidenta y la herencia de AMLO dejaron en evidencia, por un lado, el afán autoritario por enquistar a Morena en el aparato de gobierno y, por el otro, las exhibiciones que se han dado desde el Estado mexicano a su cúpula.
El reto directo a la investidura presidencial se paga caro. El mismo AMLO lo comprendió desde la oposición, previo a su llegada al poder: el discurso contra el “nuevo PRI” y Enrique Peña Nieto bajó de tono.
El escenario poco prometedor del gobierno priista propició, al menos, que no recurrieran a acciones deliberadas para amedrentar a Morena y a AMLO. Al contrario: los golpes orquestados contra sus propias figuras terminaron por consolidar la del tabasqueño.
Sucedió lo mismo en poderes locales y regionales. Cuando en Tamaulipas era inminente la derrota tricolor, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca disfrutó de una “cancha abierta” para él y todos sus aliados.
Previo a la llegada de AMLO al poder, por ejemplo, las delegaciones federales regresaron al control del entonces gobernador, o más bien continuaron en él. La mayoría de los puestos federales en el estado durante el gobierno de Egidio Torre Cantú eran controlados por cabecistas. Una vez en el poder, sucedería lo mismo.
En la parte inicial del gobierno de AMLO “estalló” también el caso Odebrecht, que alcanzaría a la cúpula del gobierno peñista, pero no al expresidente. La captura de Emilio Lozoya Austin fue presumida por el gobierno obradorista como una forma de amedrentar a la oposición y no de buscar justicia.
El arresto de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, habría sido parte de una venganza política por su traición en la elección de 2012. Una vez cumplida, el caso de la Estafa Maestra se difuminó.
A la par, la cúpula del gobierno de AMLO aumentaba su presencia en el país, sobre todo en las redes de negocios, lícitos o no.
Y probablemente ese sea el talón de Aquiles de Morena y del propio AMLO al momento de fiscalizar su repentino crecimiento electoral en todo el país. Los grupos locales contaban con financiamiento propio y quienes abrieron el camino para la conquista territorial morenista utilizaron la misma fórmula: alianzas con grupos de poder dedicados a la operación política y a su financiamiento.
La presión directa del gobierno estadounidense, además de sostener el discurso contra el narcotráfico, se convirtió en un instrumento de presión política para Morena y sus aliados.
Para desarticularlos o controlarlos. El registro existente de morenistas que buscaron la figura de “testigos protegidos” no es fortuito. Una estrategia que guarda similitudes con la que se llevó a cabo en la última etapa del sexenio calderonista y al inicio del de EPN con los “narcogobernadores”.
La parálisis operativa y del flujo de activos permite una mayor intromisión de otros actores en la vida pública en cada rincón del país y, evidentemente, en los procesos electorales.
Un panorama ante el que Andrés Manuel López Obrador supo blindarse gracias a su aparato de Bienestar, con el reparto de programas sociales a un amplio sector de la población. Una medida que cambió para bien la vida de millones de mexicanos, pero que igualmente le garantizó el “voto duro”.
A casi ocho años de distancia, el modelo implementado por el obradorismo caducó, y lo ha hecho en varios sentidos.
Las fricciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su cúpula, el fracaso en aterrizar un verdadero proyecto de izquierda, el respaldo de grupos de poder regionales que fomentaron liderazgos perpetuos y, sobre todo, el fin de la esperanza morenista por resultar al final “más de lo mismo”.
Y ese descrédito los ubica ya en el mismo nivel de los priistas, los panistas y la periferia partidista. Sobrevive el aparato de Bienestar, que dependerá de la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para sostenerlo.
Pero las alianzas políticas regionales llevadas a cabo por el obradorismo poco a poco desaparecen. La fuga de morenistas se da hacia la periferia partidista, o al menos hacia grupos que conservan un nivel de autonomía que les permite retar a los poderes superiores, como sucede en algunas regiones de Tamaulipas frente al poder estatal.
Y, sobre todo, el oportunismo y el cinismo de los grupos de poder que abandonan el último recurso partidista para sostener un poder hegemónico como el que logró Morena y regresar a las “parcelas” que dejó la fisura del priismo.
Ya no existen identidades partidistas ni principios. Desde la llegada de AMLO a la fecha, el “chapulineo” se sostiene como norma y las alianzas se dan más por conveniencia mutua que por un proyecto partidista.
Y ese tal vez sea el giro político más peligroso que altere la estabilidad política del México democrático, además del minado institucional que el obradorismo intentó en su etapa final.
Fue, al final, un regreso al México previo a la transición política. Todos los candados que desde las instituciones se levantaron para evitar cualquier concentración de poder regresaron a su punto de partida.
Y aunque el proyecto de la 4T aún se sostiene, la crisis de legitimidad ya expuso a su élite, como sucedió también con panistas y priistas.
A ello se suman los problemas que no ha logrado resolver ninguna de las administraciones de las últimas décadas. Los rezagos en salud, educación y seguridad persisten y empeoran.
La inseguridad, por ejemplo, ya es parte de una normalidad que engloba todo tipo de dramas silenciados o que han pasado desapercibidos para la misma opinión pública.
Y ahora el llamado del gobierno de Donald Trump a morenistas, o la amenaza latente de hacerlo, los mantiene semiparalizados, al menos para sostener un esquema hoy fiscalizado por completo.
Esto propicia que, desde la llamada “oposición”, que poco tiene de oposición, inicie una nueva fase de reorganización y alianzas para hacer frente a Morena y su 4T.
En gran parte, como un regreso al punto de partida de la vida política nacional previo al inicio de la 4T en 2018.
El modelo opositor panista caducó en dos administraciones por el baño de sangre que provocaron en el país; el del nuevo PRI, por la corrupción y la crisis de gobernabilidad; y el de la 4T, por la impunidad, el nepotismo y las nuevas modalidades delictivas solventadas por sus grupos de poder.
Pero el modelo de Morena en el poder aún mantiene el peso suficiente para seguir siendo considerado la mayor fuerza política del país.
Desde la oposición, los intentos de crear coaliciones despiertan una nueva forma de hacer política para enfrentar a Morena.
En el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no funcionó por la inercia que arrastraba su popularidad; actualmente, las mismas divisiones de Morena lo propician. Pero el control de la operación aún se mantiene en manos de Morena y eso, sumado a su plataforma de gobierno, garantizaría la continuidad de sus triunfos, al menos en lo más importante de su agenda electoral.
El panorama que impera en la vida política nacional es el inicio del fin de un periodo que arrancó en la segunda mitad del siglo XX y se extendió durante los primeros 26 años del siglo XXI.
El panismo como alternancia expiró; el regreso del PRI también. Y ahora la honestidad pregonada por Morena y el obradorismo también caduca y los ubica en un piso parejo, al menos en legitimidad.
Las purgas que se impulsan en Morena desde Palacio Nacional podrían alterar la reconfiguración política del país en las elecciones de 2027, principalmente en la lucha por sostener o ganar gubernaturas.
Como el caso de Nuevo León. Si el PRI y el PAN le arrebatan el poder a Movimiento Ciudadano, el PRI lograría un mayor posicionamiento, aunque aún muy lejano de lo que llegó a ostentar.
Y los poderes regionales que presumen algunos liderazgos, como en Tamaulipas, penden de un hilo por la corrupción y los vínculos con actividades ilícitas que prácticamente exponen a cualquier grupo de poder local.
A ello se suman los divisionismos que aún prevalecen en el panismo, como sucedió en Tamaulipas en su reciente elección interna.
El verdadero cambio se da con los saltos repentinos de pertenencia política por parte de los morenistas y no tan morenistas. Los berrinches y arrebatos culminan en el cambio de un partido a otro, sin ningún sustento ideológico ni político.
La fiscalización de sus fuentes de financiamiento es como una moneda al aire en la que prácticamente pueden perder. Y perderlo todo.
Es la institucionalización del cinismo y el oportunismo como la verdadera causa política.
Por encima de la cleptocracia, un poco por debajo del autoritarismo.
En el panorama mundial, los gobiernos del bloque populista de ultraderecha y los progresistas se han distinguido por casos de corrupción similares y por el doble discurso que apaga sus propias plataformas políticas.
En México, ante la crisis de legitimidad partidista, un actor emergente, como ha sucedido en otras partes del mundo, podría capitalizar un futuro triunfo, aunque el aparato de gobierno de la 4T lo evitaría. Y esa tal vez sea la mayor proeza de AMLO.
Mientras se dan los reacomodos políticos en Morena y la reorganización de lo que se dice ser oposición, lo único claro es que cada partido político mexicano culminó su trayecto opositor en desgracia política.
Y esa tal vez sea la verdadera transformación que, al final, se dio en la vida pública nacional.
@pedroalfonso88
