Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
La detención del ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en
medio de la controversia por la participación de agentes de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo
antidrogas, abre un nuevo frente de confrontación política entre los
gobiernos federal y estatal. Y aunque las autoridades sostienen que
existen elementos para investigarlo, las circunstancias del caso obligan
a preguntar si la aplicación de la justicia está caminando al mismo ritmo
que los intereses políticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado la actuación de
la Fiscalía General de la República (FGR); y calificó de irresponsable el
operativo en el que participaron agentes estadounidenses sin la
autorización federal correspondiente. Sin embargo, una cosa es
investigar posibles delitos que comprometan la soberanía nacional y
otra muy distinta es permitir que el proceso sea interpretado como una
herramienta de presión política.
El caso tiene implicaciones que van más allá de la responsabilidad
individual del ex fiscal. La muerte de dos agentes estadounidenses y
dos funcionarios mexicanos en un accidente ocurrido después de un
operativo en la Sierra Tarahumara, puso al descubierto presuntas
irregularidades en la colaboración con autoridades extranjeras, así
como inconsistencias en la información difundida inicialmente sobre la
presencia y participación de los agentes de la CIA.
La FGR acusa a Jáuregui de presuntos delitos relacionados con la
intervención no autorizada de extranjeros en tareas reservadas a las
instituciones mexicanas. Por su parte, la Fiscalía estatal también inició
acciones por posibles irregularidades en el ejercicio del servicio público.
Son señalamientos graves que deben esclarecerse mediante
investigaciones y procedimientos judiciales, no a través de
declaraciones políticas ni condenas anticipadas.
Pero el contexto resulta inevitable. Jáuregui fue un colaborador cercano
de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, más
conocida como Maru Campos, y su detención ocurre en medio de
diferencias políticas entre ambos, particularmente por las aspiraciones
electorales rumbo a 2027. El ex fiscal había manifestado interés en
competir por la alcaldía de Chihuahua.
En ese escenario, la pregunta es obligada es si ¿la detención responde
exclusivamente a las investigaciones judiciales o también tendrá
consecuencias en la disputa por el poder estatal?
Afirmar que la jefa del Ejecutivo federal presionó para que se ejecutara
la detención exige pruebas que, hasta ahora, no pueden darse por
acreditadas únicamente por la coincidencia entre sus declaraciones y
las acciones de las fiscalías. No obstante, el respaldo presidencial a la
investigación coloca al Gobierno federal en el centro de la controversia
y alimenta el debate sobre la posible utilización política del caso.
Para Maru Campos, el episodio representa un desafío adicional. La
mandataria tendrá que explicar qué sabía su administración sobre el
operativo, cuáles fueron los mecanismos de supervisión y por qué la
presencia de agentes extranjeros terminó convirtiéndose en una crisis
de seguridad, soberanía y credibilidad institucional.
La responsabilidad política no equivale automáticamente a
responsabilidad penal, pero tampoco puede eludirse cuando existen
dudas sobre la actuación de funcionarios de alto nivel.
De cara a las elecciones de 2027, Movimiento Regeneración Nacional
(morena) encontrará en este escándalo un tema de confrontación con
el PAN en uno de sus principales bastiones políticos. La controversia
puede convertirse en argumento electoral para cuestionar al gobierno
de Chihuahua, aunque el aprovechamiento partidista de las
acusaciones no sustituye la obligación de demostrar los hechos.
Al mismo tiempo, el Gobierno federal deberá evitar que sus
intervenciones públicas generen la percepción de que las
investigaciones judiciales responden a instrucciones políticas. Si se
pretende defender la soberanía nacional, también debe garantizarse
que las instituciones actúen con autonomía, transparencia y apego a la
ley.
La detención de César Jáuregui coloca a Maru Campos bajo presión
política y abre una oportunidad de confrontación para morena, pero
todavía no determina el desenlace electoral de 2027. El costo para
cada actor dependerá de las pruebas que se presenten, de las
explicaciones que ofrezcan las autoridades y de la credibilidad con que
conduzcan sus respectivas actuaciones.
En una democracia, la justicia no debe convertirse en instrumento de
revancha ni la cercanía con el poder en garantía de impunidad.
Si hubo violaciones a la soberanía nacional, deben castigarse conforme
a derecho. Si hubo encubrimientos, también deben investigarse. Y si
alguien pretende utilizar el caso para inclinar la balanza política, deberá
responder ante la exigencia ciudadana de instituciones imparciales.
Porque el verdadero problema no es quién obtiene ventajas partidistas
en la víspera electoral, sino si los mexicanos pueden confiar en que la
justicia se aplica por los hechos y no por conveniencia política.
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